España es el único país Europeo en el que no se manifiestan los grandes sindicatos contra el aumento de los precios. No lo hicieron durante la pandemia, ni en los largos meses que llevamos con récords históricos en el precio de la luz, lo alimentos, el gas y los carburantes. Ahora, tímidamente y varios meses después, convocan unas manifestaciones forzados por la poca vergüenza que les queda, eso sí, tras decir bien alto que están en contra de rebajar los impuestos sobre la luz y la gasolina ¿Por qué? Simplemente porque son los acuerdos alcanzados con su nueva benefactora Yolanda Díaz.

Estas semanas hemos visto que CCOO y UGT se manifestaban en Cataluña junto a los independentistas contra el 25% de castellano en las escuelas, y en el País Vasco en defensa de los presos de ETA, porque estos dos sindicatos siempre están con el poder, con el que les subvenciona. Hace ya mucho tiempo que CCOO y UGT no viven de las cuotas de sus afiliados, sino de las subvenciones del Gobierno. En los últimos diez años, más de 74 millones de euros de dinero público solo para ellos dos.

Los grandes sindicatos tuvieron sentido en la Europa del siglo XIX y del XX pero no han sabido adaptarse al nuevo entorno laboral, en que el sector servicios y tecnológico no los necesitan, además siempre dejaron de lado a los más de 3 millones de autónomos y a los emprendedores, nunca les consideraron de los suyos. Son especialmente los trabajadores más jóvenes los que más prescinden de los sindicatos y es algo que sucede en todos los países de la OCDE, hasta el punto que tenemos en toda Europa las cifras de afiliación más baja de los últimos 30 años.

Lo que sucede en España no podemos saberlo porque las cifras de afiliación no son transparentes, las dan los sindicatos sin que se pueda comprobar quién paga la cuota y quien no. Ni CCOO ni UGT han querido nunca sumarse a la ley de transparencia como el resto de administraciones públicas y partidos políticos, aunque gestionen millones de dinero público. Aun dando como buenos sus datos “oficiales” de casi un millón de afiliados cada uno, no representarían más de 12% de los trabajadores por cuenta ajena. Además aseguran algo difícil de creer, que durante la pandemia y el confinamiento crecieron en afiliados.

Hoy los trabajadores están bien informados y saben que durante los cuatro años que duró la gran crisis económica con Rodríguez Zapatero de presidente, CCOO y UGT no vieron reducidas sus subvenciones ni un céntimo, mientras ellos perdían su trabajo y en ocasiones hasta su piso. Saben que durante la pandemia y con millones de trabajadores en ERTE el gobierno de Sánchez solo les rescató a ellos, duplicando las subvenciones que recibían. De los 9 millones de euros que recibieron en el año 2020 a los 17 millones que reciben ahora, el 100% más de subvención pública en tan solo dos años, un máximo histórico sin precedentes en la historia de España.

El gobierno de Rajoy les rebajó las subvenciones a la mitad y le organizaron 4 jornadas de manifestaciones en 2017 porque la luz estaba en 70 megavatios /hora, hoy un 240% más cara se quedan en casa. Lo peor es que Pepe Álvarez, Secretario General de UGT ni lo recuerda.

CCOO y UGT lo que piden a gritos es una auditoría independiente de verdad. En los años 80 se firmó el Acuerdo Nacional de empleo que obligaba a subvencionar a los sindicatos “en proporción a sus representación y de acuerdo con los resultados obtenidos en las elecciones sindicales”. Si esas cifras solo las saben ellos ¿estamos ante un caso monumental de malversación de fondos públicos y falsedad documental?

Que se investigue y pronto. Pagar millones con nuestro dinero por conseguir lo que llama el gobierno “la paz social” es la paz de los cementerios.