El giro histórico, dado por el gobierno del presidente Pedro Sánchez a la posición española respecto al Sáhara Occidental y sus relaciones con Marruecos, ha sido desconcertante. Ha provocado un claro perdedor: el pueblo y la causa saharaui; y un previsible ganador: el régimen alauita. En qué posición queda España, admite discusión.

El papel y futuro de la antigua colonia española merecen un análisis propio, debido a las directas consecuencias políticas y humanitarias que la decisión supone para las legítimas aspiraciones de la república saharaui. No obstante, aquí son las consecuencias geoestratégicas de esta ruptura en el largo plazo las que exigen un examen atento: puede que el balance demuestre que España ha sacrificado intereses vitales profundos por unas ganancias inmediatas.

La ruptura es triple: rompe con la posición histórica española (por momentos implícita, pero nunca reconocida oficialmente), al entender que la autonomía de la región en un soberano Marruecos es la única fórmula posible. Rompe la legalidad internacional, pues aparta la vía del referéndum pactado con la garantía de la ONU. En este sentido, rompe también con el multilateralismo que ha caracterizado a la política internacional española (hasta convertirlo en un fin en sí mismo, en lugar de un modo de llevar a cabo la acción exterior), relegando la cuestión saharaui a un problema interno marroquí.

Rompe, en fin, hasta con la propia política del gobierno de Sánchez, que en su estrategia de acción exterior de 2021 apostaba por la vía de las Naciones Unidas para la resolución del conflicto. Y, todo ello, sin más concurso que el círculo de decisión más cercano del presidente en un asunto que es de política exterior, pero también, sin duda, de política interna.

Los defensores de esta drástica decisión argumentan que España tiene intereses de seguridad claves comunes con Marruecos, empezando por la gestión de los flujos migratorios, como el propio gobierno reconocía en la carta remitida al monarca Mohamed VI; que igualmente tiene intereses comerciales y económicos muy fuertes, existenciales en el caso de Ceuta y Melilla. Es el argumento tradicional del colchón de intereses compartido y de cómo la interdependencia jugaría a favor de unas relaciones más cordiales y de cooperación. Salvando las distancias, es el particular Wandeln durch Handel (cambiar a través del comercio) español con Marruecos, el que durante décadas ha orientado a Alemania en su política con Rusia.

Sin embargo, el giro llega después de que Marruecos haya explotado cada una de esas interdependencias como ventanas de vulnerabilidad: la asfixia económica de las dos ciudades autónomas, el cierre de fronteras y hostigamiento a sectores críticos, el empleo de migrantes y refugiados como arma contra la frontera española, la retirada de la embajadora en Madrid, las vindicaciones territoriales sobre aguas españolas… Y la sempiterna reivindicación de Ceuta y Melilla, cuestionamiento sin ambages de la integridad española. Por ello, la decisión del gobierno se interpreta perfectamente como un gesto de debilidad frente a la coacción ejercida mediante estas acciones hostiles por el régimen magrebí.

La decisión del gobierno transacciona la ganancia inmediata con los riesgos futuros, de los que hay precedentes, más allá de los incidentes de los últimos meses"

No le ha hecho falta escalar hasta un conflicto más intenso, sino solo saber moverse en esos grises entre la hostilidad indisimulada y la amenaza velada para que España haya cedido. El alivio con el que parece haberse recibido la noticia por parte de los presidentes de las ciudades autónomas revela en qué situación se encontraban.

La coerción en zona gris ha dado sus frutos. Apaciguamiento, calma y vuelta a la tradicional cooperación, parece ser el mensaje. Pero los planteamientos son profundamente desiguales: España se contenta con un nivel adecuado de poder, aquel que le permita mantener un equilibrio de seguridad con Marruecos. Sin embargo, el régimen alauita se ha mostrado como un Estado revisionista y asertivo, que no se contenta con el statu quo por nacionalismo y por pervivencia del propio régimen. El Sáhara Occidental es una cuestión nacional, más allá de otras consideraciones estratégicas o de recursos que se suelen enfatizar. Y, como actor revisionista, no cejará en otras reivindicaciones territoriales.

El origen de este error se halla en que España no ha priorizado sus intereses. Ha sido incapaz de desligar lo urgente de lo importante, lo vital de lo accesorio, por no haber realizado este ejercicio de pura lógica estratégica. ¿Cuál es el interés nacional de España? Su integridad territorial es uno y resulta vital. La decisión del gobierno transacciona la ganancia inmediata con los riesgos futuros, de los que hay precedentes más allá de los incidentes de estos últimos meses. El islote de Perejil en el horizonte. En cierto modo, España siempre ha reconocido esta singularidad cuando afirmaba en sus documentos político-estratégicos la relevancia de sus “amenazas no compartidas”.

Enseñada la debilidad, resta la disuasión, no sea que el cambio a través del comercio no funcione. La carrera armamentística Marruecos vs. Argelia desborda el enfrentamiento directo entre los vecinos magrebíes para hacer peligrar también la disuasión frente a España (también deteriorada por las serias pérdidas de capacidades militares españolas en los últimos años). Retomar ese equilibrio diplomacia-disuasión (que es mucho más que la estrictamente militar) vis à vis Marruecos es crucial para mantener una posición propia de firmeza. No importa si el giro ha contado con los parabienes de la Unión Europea o Estados Unidos, porque este apoyo va en detrimento de esa respuesta sincera a cuál es el interés nacional de España.

Ha sido incapaz de desligar lo urgente de lo importante, lo vital de lo accesorio, por no haber realizado este ejercicio de pura lógica estratégica"

La guerra en Ucrania no habría de ser tampoco una razón de peso, porque obedece al cortoplacismo de la emergencia. Es dudoso que Argelia tome represalias directas contra España, como cortar el suministro de gas: un Estado rentista, sostenido en la exportación de este bien, no puede permitirse esa medida en un contexto internacional de alza de precios. Pero sí es probable que refuerce su cuota de mercado a través de Italia para responder a la pretendida ‘desconexión energética’ europea de Rusia. Tampoco es definitivo afirmar que Europa no se puede permitir dos conflictos abiertos: es un dilema inexistente.

La inaceptable agresión rusa a Ucrania ha de situar a España junto a sus aliados en la OTAN y en la UE, firme el compromiso con el orden y los valores liberales; si acaso, también se pueda criticar el que España haya ido a rebufo en ciertos momentos de la determinación de los aliados, muy lejos de ese papel de potencia media al que por momentos parece aspirar o se le quiere otorgar. Pero esto no ha de ser incompatible con reconocer que el interés nacional, el interés vital, se sitúa lógicamente en la frontera más inmediata.

Las relaciones pacíficas con el vecino marroquí son deseables y necesarias. Si bien, este objetivo ha de partir de un análisis real, creíble y serio; que observe a dos actores con posturas distintas en su política exterior, luego, de diferente conducción en sus acciones y demandas. No sea que el colchón de intereses no amortigüe las apetencias marroquíes.

Alberto Bueno es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada y editor de la publicación especializada Estudios Estratégicos Global Strategy.