El 'Plan nacional para hacer frente al impacto de la guerra' aprobado ayer por el Consejo de Ministros también podría llamarse 'pacto para una tregua en el Gobierno de coalición'.

No había más que ver ayer el apasionamiento con el que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía el Plan para darse cuenta de que su pretensión era ponerle el sello de Podemos al paquete de medidas.

Díaz comenzó su intervención con una declaración de principios: "El Gobierno está con su país". Luego desgranó una serie de medidas que afectan a su ministerio para, a continuación, hacer cuatro afirmaciones que son las que proporcionan al Plan su tinte netamente ideológico:

1º Que, a pesar del impacto de la subida de precios energéticos en la inflación, "los pensionistas no van a ver mermadas sus pensiones".

2º "Prohibición de despidos cuando las causas sean la subida de los precios de la energía".

3º Limitación de la subida de los alquileres al 2%, "por primera vez en tiempos de democracia".

4º El Gobierno va a propiciar una "aminoración de los beneficios de las eléctricas".

Félix Bolaños estuvo negociando con Díaz estos aspectos del decreto hasta la madrugada del martes. Es evidente que Sánchez, después de las tensiones que se han producido en las últimas semanas y que han concluido con la discrepancia total en el asunto del Sahara, le dio instrucciones al ministro de Presidencia para destensar la cuerda con su socio de Gobierno y ofrecerle algo que vender ante sus bases, aunque haya sido a costa de sacrificar la mínima ortodoxia que hay que exigirle a un paquete de medidas que va a aumentar, otra vez, el ya abultado déficit público.

La cuestión es que esa tregua con UP, que le da aire a una tocada Yolanda Díaz, le abre al Gobierno otros frentes que le van a complicar la aprobación del Plan.

Para empezar, ayer mismo, casi coincidiendo con la comparecencia de las tres vicepresidentas (Calviño, Díaz, Ribera), el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuestionaba que las medidas tuvieran un carácter general y no se "focalizaran en las familias y empresas más vulnerables". Una vez más, Hernández de Cos, llamaba la atención sobre los "desequilibrios presupuestarios que se han generado durante la pandemia y que ahora se agudizan en un contexto de elevada inflación". Por eso llama a evitar el abuso de las "clausulas de indexación automáticas", lo que alude especialmente a la revalorización de las pensiones.

Castigo a las eléctricas, limitación de subida a los alquileres, prohibición de despidos. Toda una batería propia de la factoría podemita que dificulta un gran pacto con el PP

Díaz ha comprometido su palabra en que las pensiones suban en 2023 el mismo porcentaje que la inflación, sea esta cual sea. Si la media de subida del IPC este año ronda el 7%, ¿de verdad el Gobierno subirá ese porcentaje a los pensionistas?

En ese sentido, el Gobierno no sólo tendrá enfrente al gobernador del Banco de España, sino también a Bruselas.

Sobre la prohibición de los despidos, la respuesta la dio ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: "Que monte ella una empresa". Díaz sigue pensando que despedir a los trabajadores es una cosa de "empatía" y que, por tanto, se pude "prohibir". La realidad es que, en la mayoría de los casos, es una cuestión de supervivencia; así que la alternativa a no despedir a veces es cerrar la empresa.

Sobre el límite a la subida de los alquileres no hay más que ver la respuesta del sector. La confusión que ha creado la medida (el 2% de subida para grandes tenedores y el resto de los propietarios a negociar, pero en caso de desacuerdo, el 2%) va a tener un efecto inmediato: reducir la oferta de pisos para alquilar. El tiempo nos dirá en qué medida. Por cierto, las Comunidades Autónomas podrán recurrir esta medida por invasión de competencias. Un lío.

Respecto a las eléctricas, qué les vamos a contar. Son la madrastra del cuento. Ya el año pasado el Gobierno tuvo que recular en la regulación contra los llamados "beneficios caídos del cielo". Ahora el Gobierno quiere que, además de aminorarlos, las empresas paguen el "bono social". Esa pretensión ya la echaron abajo los tribunales. Por tanto, otro lío.

El presidente del Gobierno quiere sacar adelante el decreto con un amplio apoyo en la Cámara. Tiene un mes para hacerlo. Como cuenta hoy Cristina de la Hoz en estas páginas, Sánchez quiere reunirse con Núñez Feijóo para pactar con él -una vez sea ya oficialmente líder del PP- el apoyo del principal partido de la oposición al Plan. Pero lo tiene difícil porque una de las cosas que le había pedido el todavía presidente de Galicia es que en el paquete de medidas incluyera una bajada de impuestos. No creo que Feijóo, por mucho que quiera arrimar el hombro, avale un plan que incorpora algunas de las señas de identidad más características de Podemos como la prohibición de despidos, castigo a las eléctricas, limitación de alquileres, etc.

En fin, es el sino de Sánchez con su Gobierno: el gusto que le da a Podemos es directamente proporcional al cabreo que provoca en el resto de la sociedad.