El presidente del Gobierno tiene sobre la mesa un problema de muy difícil solución con el que no contaba: el espionaje a unas 60 personas relevantes del independentismo catalán, entre ellas el presidente de la Generalitat y sus tres predecesores.

Pere Aragonés, que visita este jueves Madrid, ha logrado el respaldo de todos los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (incluido UP, su socio de Gobierno) para que se investigue en el Congreso la intromisión en los móviles de esas personas a través del sistema Pegasus que, en teoría, la empresa israelí que lo comercializa (NSO) sólo vende a estados para su uso contra el terrorismo o el crimen organizado.

El CNI (Centro Nacional de Inteligencia) compró hace diez años el sistema Pegasus a NSO y pagó por ello casi 6 millones de euros. El Gobierno no puede negar es que los servicios secretos españoles poseen esa tecnología.

La información sobre el espionaje ha sido hecha pública por el grupo de experto de la Universidad de Toronto Citizen Lab, que ya en julio de 2020 reveló que los móviles de los independentistas republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall habían sido hackeados a través de Pegasus. La investigación no quedó ahí. Uno de sus colaboradores, el catalán Elies Campo, insistió en profundizar en la investigación que, finalmente, ha visto la luz la semana pasada.

El espionaje se ha venido produciendo desde hace varios años. En concreto, la querella presentada por Torrent y Maragall se refiere a hechos ocurridos a partir de la primavera de 2019. El propio Aragonés fue hackeado en enero de 2020, cuando Sánchez negociaba los apoyos para su investidura.

Probablemente, el espionaje a los líderes independentistas comenzara mucho antes, en torno al verano de 2017, coincidiendo con el auge del movimiento separatista que culminó con la declaración unilateral de independencia y el referéndum ilegal del 1-O.

Ni el Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ni la ministra de Defensa, de la que depende el CNI, Margarita Robles, han negado que los servicios de inteligencia españoles hayan podido llevar a cabo esta intromisión masiva en los móviles de los líderes independentistas. Tan sólo se han limitado a decir que lo que se ha hecho ha sido "dentro de la legalidad".

Aragonés, ayer en una entrevista en Rac-1, dio por hecho que el responsable del espionaje ha sido el CNI. Para deducirlo, "no hace falta ser Sherlock Holmes", apuntilló.

Los independentistas no se van a conformar con la explicación de que las actividades del CNI son secretas. El presidente les tiene que ofrecer algo más que palabras para que no le retiren su apoyo parlamentario

En teoría, el CNI pudo haber llevado a cabo esa operación, sobre la que tuvo que pedir autorización al juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, nombrado específicamente para ello por el CGPJ. Si Lucas lo autorizó, entonces el espionaje se produjo dentro de los límites que marca la ley.

Pero las cosas no son tan fáciles como parecen. Robles afirmó ayer en una entrevista en RTVE 24 Horas que toda la actividad del CNI está protegida por la ley de secretos. La ministra ni siquiera puede confirmar que el Centro posee la tecnología Pegasus porque estaría incumpliendo la ley. La información relativa a los servicios secretos sólo se puede dar en el Congreso a través de la Comisión de Secretos, que no se reúne desde hace tres años por el veto de PP, Vox y Ciudadanos a que algunos de los socios del Gobierno tengan acceso a información delicada. En fin, que el Gobierno no puede decir abiertamente si el CNI espió o no a los líderes independentistas.

Aragonés, al margen del enfado por la intromisión en su intimidad, ha visto en este caso (Catalangate, lo llaman en Cataluña) una oportunidad de oro para revitalizar al adormecido movimiento independentista. El victimismo es el mejor resorte para activar a los partidos y movimientos ciudadanos cuya actividad estaba en claro declive desde que se inició el proceso de diálogo con el Gobierno de Sánchez.

La amenaza del independentismo (ERC y JxCat suman 21 escaños en el Congreso) de no apoyar al Gobierno en votaciones tan importantes como el decreto ley sobre el Plan de Respuesta es ahora algo más que un órdago de boquilla. Es un hecho que el caso del espionaje puede dejar al Gobierno en minoría y hacerle insufrible la última parte de la legislatura.

El independentismo va a exigirle al Gobierno no sólo una explicación sobre el espionaje, sino también una compensación. Y es eso lo que trae de cabeza a Sánchez. ¿Cómo calmar a Aragonés, Junqueras y Puigdemont? ¿Qué ofrecerles para que sigan siendo parte de la sólida argamasa del apoyo parlamentario?

Encontrar una salida no va a ser fácil. Porque la información de la que dispuso el CNI -si es que ordenó el espionaje- tuvo que serle comunicada al presidente del Gobierno. Por tanto, en la negociación con los independentistas Sánchez contó con una poderosa baza que sus interlocutores desconocían.

El independentismo catalán ha utilizado hasta la saciedad la existencia de unas "cloacas del Estado" montada por el Gobierno de Rajoy para desactivarlo por métodos no sólo ilegales, sino carroñeros. Ahora descubren que el Gobierno de Sánchez ha podido utilizar un sistema mucho más sofisticado que los métodos caseros del comisario Villarejo para conocer hasta en sus detalles más íntimos los movimientos de sus líderes y allegados. El presidente está acorralado. Porque la actividad del CNI, la autorización judicial que debía llevar aparejada, sólo se puede sostener sobre la base de que los separatistas tenían un plan, incluso tras la huida de Puigdemont, para forzar la independencia de Cataluña al margen de la Constitución y de la soberanía popular, que reside en el Congreso.

Es decir, que o bien el CNI actuó -si es que lo hizo- sin cumplir la ley que lo regula y que exige la autorización judicial para las intervenciones telefónicas; o bien el espionaje del Centro fue legal y, por tanto, los independentistas mantuvieron un complot contra el Estado tras la condena del Tribunal Supremo a los líderes del procés. Cualquiera de las dos opciones es un quebradero de cabeza para Sánchez.