Fútbol, corrupción, audios robados... y mucha desvergüenza "enmascarada"

Hay semanas en las que la actualidad nos devuelve a los más oscuros y repugnantes rincones del alma humana. Siempre me he negado a admitir que la corrupción sea algo consustancial a la naturaleza de las personas, pero cierto es que algunos sujetos parecen llevarlo en la sangre porque desde que nacen viven entregados al engaño y la mentira con el único fin de vaciar los bolsillos ajenos y llenar los suyos. 

Los dos protagonistas del primer escándalo de esta semana que ahora concluye, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Gerard Piqué, exitoso futbolista del Barça -así como sus corifeos mediáticos- han enfatizado en los últimos días que todo lo que se les atribuye es legal y que, en cuanto a la ética y la moral, cada uno tiene la suya. A algunos les parecerá muy bien, pero a mí no. Yo, personalmente, no compro ese argumento. Como les supongo al cabo de la calle del meollo de la cuestión, no malgastaré excesivas palabras que engorden esta pieza en recordar de qué se les acusa, ya saben, del cobro de comisiones procedentes del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Unos “negocietes” que, según la mayoría de los expertos jurídicos y financieros consultados, no pasarían el más mínimo filtro de cualquier programa de prevención de delitos medianamente profesional y riguroso. Pero a lo que se ve, en España y en el fútbol español, no rigen las elementales reglas corporativas que se aplican en una compañía privada seria o en las administraciones públicas más escrupulosas. 

¿Es la mejor defensa un ataque al mensajero?

En su defensa, los dos implicados han aducido que nada de lo que se les imputa es ilegal, y que lo único irregular es la publicación de comunicaciones telefónicas y audios privados por parte de un medio de comunicación. A mí me da igual quien haya filtrado estos audios, Rubiales ya ha opuesto las debidas denuncias para que se investigue quién ha hackeado su móvil. Lo que pido, tanto al ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta como al secretario de Estado, José Manuel Franco, es que tomen decisiones y que lo hagan con carácter inmediato. Los hechos son de una tremenda gravedad y denotan unos comportamientos estéticamente y éticamente muy despreciables y una desvergüenza descomunal. 

Los comisionistas deberían ser eliminados en todos los contratos que tengan que ver con las administraciones públicas

He repetido en muchas ocasiones que los comisionistas deberían ser eliminados en todos los contratos que tengan que ver con las administraciones públicas. Es inexplicable que un jugador, y más de la dimensión y la categoría de Gerard Piqué que aún se encuentra en activo tanto en su club, el F.C. Barcelona, como en la Selección española, tenga una empresa, la popular Kosmos, que se dedica a intermediar en unas contrataciones que tienen por completo que ver con su actividad profesional. El conflicto de intereses, cuando no el presunto delito de corrupción en los negocios parece más que evidente. No nos olvidemos que Piqué es, además, dueño de un club, el Andorra. Todos los jugadores tienen el derecho de prepararse para el futuro de empresarios o lo que sea, pero lo de compaginar las cosas, huele mal.

“Los misterios del malayo”

En la semana que está a punto de concluir hemos tenido noticia también de los últimos y sorprendentes flecos del “Mascarillagate”, o “Medinagate”, el caso que ha puesto en la picota al aristócrata Luis Medina y a su socio, Alberto Luceño, del que cada día que pasa surgen nuevas y surrealistas novedades.  

Macarrónico en este asunto es el papel jugado por el “invisible” CEO de la empresa que habría suministrado mascarillas a Madrid, al que la justicia busca afanosamente como testigo clave. Se trata, según el sumario, del empresario malasio San Chin Choon, encargado de administrar la empresa Leno, fuente de ese material sanitario. El paradero de este personaje, hasta ahora desconocido para casi todo el mundo y cuya catadura moral y profesional desconocemos, que habrá intermediado en un sinfín de contratos con administraciones españolas o de otros países, es un misterio. Sus respuestas, si es que llega a darlas, ante la justicia española serían claves para esclarecer la verdad acerca de lo que realmente ocurrió respecto a este asunto durante el tiempo duro de la pandemia, en el otoño de 2020. La Fiscalía de Malasia ha contestado ya a los requerimientos del juzgado encargado del caso que el tal San Chin Choon no va a colaborar ni a cooperar, y que por ello la justicia de Kuala Lumpur “no va a asistir en la grabación de su declaración”. Si hay semanas en las que uno siente vergüenza por cómo funciona una parte del mundo y de sus instituciones, esta es una de ellas. 

En realidad, esta declaración era uno de los pocos flecos que quedaban pendientes en la investigación, pero absolutamente determinante. La fiscalía española sospecha que la firma del malayo se habría falsificado en los documentos que hacen a Alberto Luceño y a Luis Medina representantes “exclusivos” de la compañía Leno y con los que justificaron ante una entidad financiera que habían cobrado los famosos seis millones de euros. 

Cerrado el camino internacional de la investigación, al juez Adolfo Carretero se le complica notablemente el trabajo porque si realmente ellos tenían esa representatividad ante la compañía, argumento que usaron para convencer a la funcionaria responsable de la contratación, Elena Collado, su “amigo” malasio es la única persona capaz de corroborarlo. 

De momento, a reintegrar “la pasta”.

Sí puede el juez terminar de trazar el dibujo patrimonial de estos dos presuntos “golfos”, y mientras lo hace, rematar el embargo de los que puedan servir para reembolsar la cuantía presuntamente estafada al Consistorio madrileño. Bloquear el yate adquirido por Medina y un piso de su amigo Luceño en Pozuelo de Alarcón está bien, pero el no haber podido encontrar más que 247 euros en una cuenta corriente del duque parece una broma más que pesada. 

Si yo fuera Luis Medina no dormiría nada tranquilo a pesar de todo porque, o pone 900.000 euros para afrontar el montante de la presunta estafa o a ese tipo penal el juez añadirá el de alzamiento de bienes, además de la falsedad documental que ya he descrito. Un panorama “precioso”. 

Como en toda buena historia de ladrones, estafadores y autoridades cómplices o engañadas, ya se verá, están los detalles que convierten a la misma en un guion digno de cualquier película del género: Luceño se había permitido presumir de que el tal Chin Choon había sido condecorado por el sultán de Malasia… y los funcionarios se lo tragaron. ¡En qué manos estamos! ¿Lograremos algún día que estos vergonzosos escándalos sean tan sólo un mal recuerdo del pasado? ¿Cómo no van a sentirse los ciudadanos cada vez más indignados y cabreados con sus representantes políticos, con lo que están sufriendo económicamente por la pandemia, cada vez que un caso de estas características salta a la luz? Si ya ni siquiera el deporte, aunque sea el de alta competición, puede presumir de una presunción razonable de limpieza, dan ganas de hacer la maleta y buscar un destino más limpio al cualquier punto del orbe… si es que lo hay.