Según van transcurriendo las horas y los días nos vamos acercando a la progresiva comprensión de un escándalo de proporciones mayúsculas pero en el sentido justamente inverso a la versión interesada, manipuladora y falsa que el independentismo ha intentado colar ante la opinión pública y a la que Pedro Sánchez se ha sumado inmediatamente en un ejercicio de deslealtad, ingratitud y vileza que resulta muy difícil de digerir toda vez que estamos hablando del presidente del Gobierno de España.

Lo primero que hay que decir es que el señor Sánchez ha admitido desde el primer instante la veracidad total y sin mancha alguna de duda, de una información publicada en un medio de otro país, información que no viene avalada por los datos obligados en un trabajo de investigación de esta naturaleza y con las gravísimas implicaciones que ésta comporta para los servicios de Inteligencia de otro país, en este caso España.

No ha habido por parte del presidente del Gobierno español ni un gesto, ni uno sólo, destinado a pedir explicaciones sobre la calidad, aunque sólo hubiera sido profesional, de lo publicado. Antes al contrario, despachó de urgencia en pleno domingo a su ministro comodín, el de Presidencia, para acudir a suplicar a su consejera homónima en la Generalitat, que perdone al CNI por haber espiado a un número -que ni siquiera tenemos la certeza de que no esté inflado- de independentistas.

Para hacerse merecedor del perdón que Félix Bolaños imploraba a una Laura Vilagrá que lo recibió con cara de acelga para evidenciar ante el mundo el altísimo nivel de indignación que le embargaba a ella y a todas las “víctimas del atropello”, el ministro de la Presidencia le ofreció no sólo un control del CNI y la desclasificación de los documentos, sino la apertura de una investigación a cargo del Defensor del Pueblo -que hay que recordar que es una institución independiente y que se supone que no está al servicio del Gobierno- más, atención, la modificación de la resolución de la presidencia de las Cortes para reducir el porcentaje de apoyos necesarios para constituir la Comisión llamada de Secretos Oficiales o de Fondos Reservados.

Nótese que sin la menor intención de defender la actuación de los Servicios de Inteligencia de España, el Gobierno ya los había convertido en culpables, de modo que, por principio y sin que hubiera lugar a discusión, ellos eran los agresores.

Y, sin embargo, los independentistas que habían intentado un golpe de Estado y que habían sido condenados por el Supremo eran las víctimas

Y, sin embargo, estos independentistas, que son los mismos que quisieron dar un golpe de Estado desde dentro de las instituciones; que fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo; que asaltaron el aeropuerto del Prat; que provocaron disturbios violentísimos en las calles de Cataluña sobre todo en Barcelona; que intentaron que agentes rusos les ayudaran a desacreditar la democracia española y a conseguir la independencia y que habían reiterado que “ho tornarem a fer” a pesar de lo cual fueron indultados, estos eran las víctimas.

Semejante actitud por parte del representante de todos los españoles, no sólo de los suyos sino de todos nosotros, es de una indignidad inmensa. Y mucho más cuando los medios de comunicación van ofreciendo poco a poco los datos que el Gobierno habría tenido la obligación de obtener antes de precipitarse a besarle los zapatos a quienes ahora vamos sabiendo que están detrás de esta infamia.

Porque resulta que el joven supuestamente directivo de Telegram, un independentista catalán, nunca ha trabajado en esa empresa, como se ha sabido gracias a un comunicado emitido por la compañía.

Y resulta que este joven sin experiencia alguna en los trabajos de investigación social pero que asombrosamente trabajaba para Citizen Lab proveniente de Telegram (que ya sabemos que es mentira) con datos e información reservada perteneciente, asombrosamente, a Whatsapp, una empresa de la directa competencia de la anterior, era el autor e instigador de la investigación del "espionaje" sin que nadie hubiera caído en la cuenta de que este joven independentista era precisamente uno de los investigados por la Audiencia Nacional. 

Este joven tecnócrata era, junto a otros, uno de los organizadores del movimiento de agitación violenta llamado Tsunami Democràtic

¿Y por qué los servicios de Información y los jueces españoles investigaban a este joven tecnócrata tan brillante? Pues porque resulta que él era, juntos a otros, uno de los que estaban intentando poner en marcha el llamado "CNI catalán" y además porque era uno de los organizadores del movimiento de agitación violenta llamado Tsunami Democràtic, cuyos miembros tomaron por asalto el aeropuerto del Prat y, junto con los llamados CDR -Comités de Defensa de la República- llenaron de barricadas y se enfrentaron con un grado extremo de ferocidad y ensañamiento a las Fuerzas de Seguridad.

Que detrás de estas furibundas organizaciones que tuvieron en vilo a la sociedad española estaban los dirigentes políticos de JxCat, ERC, CUP, ANC y Òmnium Cultural era algo que se suponía pero que ya ha quedado acreditado gracias precisamente a los esfuerzos de los Servicios de Información. 

Pero que el presidente del Gobierno, ignorándolo o no, que eso aún no lo sabemos con certeza aunque lo que sí sabemos es que las investigaciones del CNI se le trasladan a él directamente, dé por buena la denuncia de quien además de “investigador” está siendo investigado por presuntos delitos y a pesar de eso ponga a los pies de los caballos a todos los funcionarios de ese servicio y convierta a los culpables en víctimas y a las víctimas en culpables, es inadmisible además de inmoral y ultrajante.

El espectáculo de Batet dando entrada en la Comisión de Secretos Oficiales a Bildu o ERC se convierte en un insulto

Por todo eso y por muchas más razones que si enumerara hoy aquí convertiría esta pieza en un relato interminable, el espectáculo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, obedeciendo servilmente las apremiantes órdenes de quien no puede dárselas y dando entrada en la Comisión de Secretos Oficiales a partidos como Bildu, la CUP, ERC y JxCat se convierte en un insulto a la mínima decencia política.

Y no es argumento suficiente sostener que todos los grupos parlamentarios deben estar presentes en esa Comisión porque la ley les ampara. Un razonamiento idéntico -"es la ley"- se mantuvo por muchos para justificar que Josu Ternera, uno de los grandes asesinos de ETA, formara parte en el año 2.000 de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento vasco. Aquello sería legal, sí, pero era profundamente inmoral y un escarnio a las víctimas de la banda terrorista. Hay cosas que no requieren de mayores explicaciones.

Resulta también patético y descorazonador comprobar el punto de sometimiento a que se ha atado Pedro Sánchez cuando supimos ayer que los proetarras de Bildu impusieron al Gobierno que, si quería contar con sus votos, no alcanzara acuerdo de ninguna clase con el Partido Popular a propósito del decreto con las medidas económicas que se votó ayer en el Congreso.

Es más, ahora sabemos también que ERC y Bildu se repartieron los papeles para la votación de modo que la aprobación del decreto quedaba asegurada por la mínima gracias a los votos de los proetarras y se dejaba así a ERC la representación teatral del ofendido por lo que ellos han llamado  “espionaje” y que no sería en todo caso más que la defensa y prevención “frente a la amenazas o agresiones contra la independencia y la integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones”, como dice el artículo 1 de la Ley reguladora del CNI.

Por eso quedó muy claro que la oferta hecha al PP en el último momento no era más que un cepo. El Gobierno no tenía en realidad la menor intención de pactar nada con el principal partido de la oposición. Es más, deseaba poder empujarle a votar No para poder acusarle, como ha hecho, de ser insolidario con las necesidades de la gente.

El ofrecimiento que se le hizo para presentar el decreto como proyecto de ley no tenía otro objeto que obtener la abstención del PP por si les fallaba su auténtica apuesta, aquella por la que el Gobierno y sus ministros, salvo una muy honrada, leal y honrosa excepción, tienen una querencia irrefrenable: la asociación con aquellos cuyo objetivo es acabar con la Constitución y con la España que esa Constitución garantiza y ampara.

El espectáculo, ya digo, ha resultado escandaloso por lo que ha tenido de inmoral, decepcionante y profundamente desmoralizador. Una vergüenza.