En este asunto del espionaje hay de momento muchas más preguntas que respuestas y el problema es que probablemente las respuestas que pedimos a raíz no solo del supuesto espionaje a los independentistas catalanes sino, sobre todo y muy especialmente, al practicado sobre el presidente del Gobierno y su ministra de Defensa no las podamos obtener nunca.
Por esa razón aquí habrá muchos más signos de interrogación de los que deberían aparecer en condiciones normales en un artículo de opinión que, por su propia naturaleza, debe contener más afirmaciones que preguntas.
Vamos allá.
¿Es verdaderamente posible, quiero decir si resulta concebible, que en cuanto se constató en abril de 2021 que el teléfono de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya estaba infectado con un programa de espionaje, esa revisión no alcanzase también al presidente del Gobierno?
Supongamos que en abril de 2021 el teléfono del presidente del Gobierno fue efectivamente revisado pero no estuviera todavía invadido por el programa Pegasus. Pero, dado lo sucedido con el de la ministra de Exteriores ¿no resulta disparatado no haber previsto que el del señor Sánchez lo estaría más tarde o más temprano?
¿Es verosímil que el “hallazgo” de la infección de los móviles del presidente y de la ministra Margarita Robles se haya producido un año después de que la tal infección hubiera tenido lugar?
¿Quiere eso decir que durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero, febrero, marzo y abril de 2022 no se han sometido esos teléfonos a ningún control, habida cuenta del antecedente de la ministra González Laya y de que se sabía que los teléfonos del presidente francés Emmanuel Macron y los de los ministros de su gobierno habían sido ya infectados por el programa troyano Pegasus?
Eso es muy, pero que muy, difícil de creer, lo cual nos lleva a la sospecha de que el descubrimiento anunciado con tanto aspaviento ¡en una rueda de prensa además! convocada a las siete de la mañana por el ministro de la Presidencia y la ministra portavoz realmente no se produjo la víspera, como aseguró el ministro Bolaños.
Eso es tan inverosímil como lo sería el hacer pensar a los españoles que sus servicios de Información están compuestos por un hatajo de incompetentes
Eso es tan inverosímil como lo sería que alguien buscara hacer pensar a los españoles que sus servicios de Información están compuestos en realidad por un hatajo de incompetentes, lo que justificaría al final que se le cortara la cabeza a la responsable del CNI y se le diera como carnaza a los ofendidos independentistas supuestamente también espiados.
Pero aquí nos topamos con un pequeño problema y es que ni el CNI ni el Centro Criptográfico Nacional, CCN, son los responsables de establecer qué teléfonos del Gobierno y de otros altos cargos deben ser inspeccionados y con qué regularidad debe hacerse ese “barrido”.
La responsabilidad de esa tarea corre a cargo del Departamento de Tecnologías de las Comunicaciones en Moncloa, departamento que depende de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ministerio que ocupa precisamente Félix Bolaños.
Eso eximiría de responsabilidad a la directora del CNI en lo que se refiere a la intromisión del troyano Pegasus en los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa y por lo tanto no habría justificación alguna para utilizarla como cabeza de turco para dar satisfacción a las exigencias de “responsabilidades” por parte de los independentistas catalanes.
Como estamos abandonados a hacer conjeturas porque los Servicios Secretos es lo que tienen, que deben ser secretos porque de lo contrario no son Servicios que cumplan con su función, podemos conjeturar que la infección de los móviles del señor Sánchez y de la señora Robles se conoció mucho antes del pasado domingo por la tarde pero que, con toda la lógica del mundo, ese hecho no se hizo público en su momento como no lo ha hecho ninguno de los presidentes de gobierno de decenas de países democráticos cuando se ha conocido por los medios de comunicación un dato de semejante gravedad.
¿Por qué han transmitido a la opinión pública un fallo de seguridad de semejante envergadura con ese despliegue absurdo e incomprensible que puede dejar a los Servicios de Información de España a la altura del betún sobre todo por la inaudita tardanza -o eso nos han dicho- en darse cuenta de la invasión del virus maligno?
La respuesta dada a esta pregunta realizada por un periodista en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, es de aurora boreal: “Por transparencia” contesta la portavoz, inusualmente sola detrás de aquella mesa.
¿Quizá piensan que somos todos tontos? Porque verdaderamente no hay otro modo de digerir una respuesta más alejada de las intrínsecas necesidades de la seguridad del Estado que la que dió ayer la señora Isabel Rodríguez.
Si hay algo en lo que la transparencia está formalmente contraindicada es precisamente en el ámbito que rodea a la Seguridad Nacional, un espacio sumamente delicado en el que la información se debe proporcionar con cuentagotas y donde siempre es infinitamente más valioso lo que se calla que lo que se cuenta.
No, por transparencia seguro que no ha sido porque, en ese caso, habría que echar a todos los que han ideado, programado y participado en la rueda de prensa celebrada a las nueve y media de la mañana del lunes 2 de mayo, día festivo en siete comunidades de España. Un puro despropósito.
Habrá sido por otra cosa, probablemente por un intento de congraciarse con los muy sulfurados independentistas catalanes ante los que el ministro Félix Bolaños acudió a postrarse en pleno domingo 1 de mayo sin haber puesto ni mínimamente en cuestión -otro despropósito- la información publicada en el New Yorker que, por cierto, había sido elaborada por uno de esos independentistas que además está siendo investigado por la Audiencia Nacional como presunto coautor del grupo llamado Tsunami Democràtic que incendió las calles de Barcelona y tomó al asalto un punto estratégico del Estado, como es el aeropuerto del Prat.
Hoy comparece la ministra de Defensa ante la Comisión de Defensa del Congreso. No esperen nada de esa intervención. Ya he dicho antes que los Servicios Secretos no se llaman así por capricho.
Mañana lo hará la directora de esos Servicios Secretos ante la Comisión correspondiente. Algo más podrá decir dado que la condición inexcusable para todos los diputados presentes es precisamente que deben guardar el secreto de lo que allí oigan.
Puede que lo que anunció la semana pasada Margarita Robles, según la cual más de uno y más de dos de los independentistas enragés tenga que ponerse colorado al escuchar lo que Paz Esteban puede decir, que no será mucho, a sus señorías se acabe cumpliendo mañana.
Ignacio Cembrero, víctima él también del espionaje a través del programa Pegasus, y gran conocedor de los entresijos del mundo de los servicios de Información dejaba ayer al final de su crónica en El Confidencial la siguiente sugerencia: “Dirigiéndose a los independentistas, la ministra de Defensa dijo el 27 de abril en el Congreso: `Cuando "salga todo", algunos a lo mejor tendrán que callarse´. ¿Significa eso que un sector del independentismo, el de Jordi Puigneró (JxCAT), vicepresidente de la Generalitat encargado de políticas digitales, debería estar preocupado por las conclusiones a las que llegue la investigación judicial?”
Atentos a eso, que puede despejar por lo menos alguna de las muchas incógnitas que van a quedar para siempre bajo el manto del secreto.
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