Pegasus se ha colado como elemento central de la agenda política española, pero la polémica en torno a la herramienta de vigilancia masiva no es nueva. Desarrollada por el grupo israelí NSO, permite acceder de forma casi total al terminal de la persona investigada sin que ésta se dé cuenta. 

Ya en 2016 el caso de Ahmed Mansoor, activista y defensor de los derechos humanos de Emiratos Árabes dio pie a una investigación. Hubo más casos, y en 2021, un consorcio de medios, Forbidden Stories, publicó un informe sobre su uso por parte de gobiernos de todo el mundo, especialmente regímenes autoritarios, para perseguir a periodistas y disidentes: al menos 50.000 espiados en 22 países. 

Así, Pegasus jugó un papel en el seguimiento que acabaría con el asesinato por parte de agentes del gobierno saudí de Jamal Khashoggi; fue utilizado por Israel para perseguir a activistas palestinos e ilegalizar seis organizaciones de derechos humanos; también en 2021, y tras revelarse su empleo para investigar a empleados de la embajada estadounidense en Uganda, la Casa Blanca incluyó a NSO en la lista negra del departamento de Estado de comercio.

Pegasus es considerado un arma y su venta- teóricamente, sólo a Estados- exige una autorización del Ministerio de Defensa israelí. Pero el problema está en la certificación de uso final. ¿Cómo asegurar que realmente se utiliza para lo que se alega? ¿Cómo garantizar que regímenes autoritarios no van a usarlo para aumentar la represión? La preocupación sobre Pegasus dio un salto cuando aparecieron noticias inquietantes sobre su empleo por parte de estos regímenes para espiar a Estados democráticos, desde Francia hasta Alemania, pasando, como conocemos ahora, por España. 

Viktor Orban, siguiendo su deriva autoritaria y destructiva del Estado de Derecho, lo habría utilizado para perseguir, entre otros, a periodistas que investigaban casos de corrupción. En noviembre de 2021, el gobierno húngaro admitía la compra del software, y en el ámbito europeo crecía la necesidad de investigar la vigilancia masiva. En enero de 2022, a raíz de una investigación de Amnistía Internacional, se supo que el gobierno polaco lo había utilizado para espiar a opositores en la campaña electoral de 2019. 

Con la mentira y la desinformación como equipaje habitual, los separatistas han tratado de utilizar Pegasus para sus propios intereses"

Todo ello es lo que ha propulsado la creación de una comisión ad hoc en el Parlamento Europeo, y no el supuesto espionaje a independentistas en Cataluña, como sus representantes pretendieron hacernos creer en el pleno celebrado esta semana en Estrasburgo. Con la mentira y la desinformación como equipaje habitual, los separatistas han tratado de utilizar Pegasus para sus propios intereses.

No es casualidad que fuera precisamente en Bruselas donde, en una conferencia de prensa esperpéntica de un fugado de la justicia, Puigdemont, y un condenado por sentencia firme por su participación en los hechos de 2017 (que debería estar en prisión si no fuera por el indulto del Gobierno) se presentaron como víctimas de Pegasus.

La respuesta lógica de cualquier gobierno democrático habría sido decir que España es un estado de Derecho. La Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, y las intervenciones telefónicas con autorización judicial están reguladas desde 1988, con sucesivas reformas, la más importante en 2008.

Nadie es investigado por sus ideas, sino por sus acciones. Examinar las que ponen en riesgo la seguridad y la integridad del Estado es una de las obligaciones que tiene el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que siempre lo hace con autorización judicial. La respuesta, por tanto, era simple: defender el Estado de Derecho, el servicio de inteligencia y la profesionalidad de sus funcionarios. 

Sin embargo, el Ejecutivo hizo todo lo contrario: asumir la información hecha por personas y medios cercanos al independentismo sobre el presunto espionaje a algunos de sus líderes entre 2017 y 2020, y dar credibilidad a unas acusaciones sin pruebas de líderes políticos que, además, habían robado 7 millones de datos de los ciudadanos catalanes para celebrar un referéndum ilegal. 

En este escenario de fabricación victimista, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acudió solícito el 25 de abril a Barcelona para ofrecer satisfacciones a los ofendidos. Tal desatino sólo puede entenderse en la lógica del chantaje permanente al que está sometido el Ejecutivo, al haber dado la llave de la gobernabilidad de España a quienes solo intentan destruirla. 

Esta vez el chantaje es un órdago. Aragonés ha puesto a Sánchez ante un dilema: o abres en canal los servicios de inteligencia del Estado o te quedas sin gobierno. Y Sánchez ha tomado posición: todo vale con tal de que no se quiebre Frankenstein, o lo que es lo mismo: la seguridad del Estado al servicio de la continuidad política de un gobierno. 

La barra libre para el independentismo está ahí: la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso ha quedado convertida en un instrumento político al servicio de Rufián, Otegui e incluso la CUP. No para averiguar la verdad sino para propagar mentiras y sospechas infundadas sobre el CNI, dejando a funcionarios y profesionales a los pies de los caballos. 

Y, finalmente, en un ejercicio de irresponsabilidad extrema e imagino que para demostrar que el Gobierno también es víctima, alguien decidió que era buena idea que Bolaños anunciara el pasado lunes –casi sin datos-- que los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa también habían sido espiados, hace un año y en una intervención externa. Ahora sabemos que también el ministro del Interior habría sido infectado por el spyware. 

Esta vez Sánchez ha ido demasiado lejos en la huida hacia delante en la que ha convertido su Presidencia"

Mezclar dos asuntos de naturaleza tan diversa como los ataques de ciberseguridad que puede sufrir España con las investigaciones sobre políticos independentistas que derogaron la Constitución en Cataluña y dieron un golpe contra el Estado de Derecho en España es un despropósito sin precedentes en la democracia española. 

Esta vez Sánchez ha ido demasiado lejos en la huida hacia delante en la que ha convertido su Presidencia. En el momento en que la invasión de Ucrania por parte de Putin hace que los europeos seamos más conscientes de que las guerras del siglo XXI ya se juegan en el ámbito de la ciberseguridad, y que las democracias se enfrentan al reto de garantizar que tecnologías sofisticadas no sean una amenaza para los derechos humanos, es inaceptable que este debate esté secuestrado en nuestro país por el chantaje constante del secesionismo, experto en defender sus derechos vulnerando los de los demás, a todos los españoles.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos