Secretos oficiales, mentiras... y socios incómodos

¡Qué escándalo! ¡Aquí se espía! Durante estos últimos días de escandalosas revelaciones sobre presuntas actividades de espionaje de los Servicios de Inteligencia, ha vuelto a mi memoria la célebre escena de aquel jefe de policía de la mítica ‘Casablanca’ de Humphrey Bogart. ¡Cómo olvidar al gendarme entrando un noche en un casino, que él conocía tan bien porque lo había frecuentado en cientos de ocasiones, hasta que no le quedó más remedio que ejercer como responsable de la autoridad y proceder contra el local, fingiendo que desconocía lo que allí se hacía. 

No es la primera vez que en España se da un… ¿escándalo? De estas características. Ya en 1992, el entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, tuvo que dimitir por unas escuchas ilegales del entonces CESID contra altas personalidades del Estado que incluían a ministros y al mismísimo Rey, entonces Juan Carlos I. Mucho ha llovido y los medios técnicos para realizar estas actividades se han sofisticado hasta niveles absolutamente increíbles. El trasfondo político, ético y legal sigue, sin embargo, siendo el mismo. ¿Hasta qué punto son legítimas estas actuaciones? ¿Dónde está el límite? ¿Vale todo en nombre de la defensa del Estado?

Las explicaciones parlamentarias del CNI: precisas y suficientes.

El pasado miércoles tenía lugar en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la directora general del CNI, Paz Esteban, cuya cabeza reclaman insistentemente los grupos presuntamente víctimas de espionaje. La responsable de los ‘espías’ españoles ofreció todo tipo de explicaciones, cumpliendo con el precepto constitucional de someterse al control parlamentario y reconoció que 18 personas habían sido objeto de escuchas. ¿Qué más necesitan saber? 

Todos los grupos parlamentarios deben contar con iguales derechos a conocer lo que la ley estipula

El control de las actividades de nuestros servicios de inteligencia es supervisado por un juez del Tribunal Supremo que vela por su escrupulosa legalidad. Las escuchas tienen que estar motivadas por las más poderosas razones de salvaguarda de las instituciones ante una amenaza real y tienen que estar acotadas en el tiempo. Su prolongación tiene que estar ordenada por la citada directora general del organismo y respaldada, de nuevo, por el juez. Todo eso parece haber sido respetado hasta el límite. ¿El problema entonces, dicen desde la oposición más a la derecha del gobierno, es que en la comisión de Secretos Oficiales estén los ‘traidores a España’, secesionistas catalanes y Bildu? No lo creo tampoco. O nos creemos el Estado de Derecho o no nos lo creemos, y aceptando la primera de las dos premisas, todos los grupos con representación parlamentaria deben contar con iguales derechos a conocer lo que la ley estipula. 

Respeto mutuo entre instituciones, por favor.

¿Es razonable que desde la Generalitat se sientan molestos por haber sido ‘controlados’? Es posible, pero al presidente del Gobierno no puede exigírsele un mayor esfuerzo de transparencia, de respeto político e incluso de generosidad del que ha desplegado el pasado viernes 6 de mayo en Barcelona en sus explicaciones al president de la Generalitat, Pere Aragonés. Reafirmaba Sánchez en su visita el respeto a Cataluña, a sus ciudadanos y a sus instituciones. Poco más que añadir. En mi opinión en este punto, el respeto institucional entre el gobierno central y el ejecutivo autonómico de Cataluña es básico, y deberían evitarse las estridencias; ni el victimismo excesivo e impostado de estos últimos al ‘criminalizar’ el gobierno central al que apoyan aún parlamentariamente como por parte de las formaciones con implantación en todo el territorio nacional, incluyendo la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, que deberían evitar justificar el ‘todo vale porque son golpistas’. El ruido no beneficia a nadie, y menos aún al Estado. 

Harina de otro costal es la salida de pata de banco del prófugo Carles Puigdemont enviando ‘a la mierda’ en un tuit a todos los que, según él, ‘han espiado’. Creo que no es más que la pataleta de un tipo que tiene un problema no resuelto con la Justicia española hasta que no regrese a nuestro país y cuya importancia queda cada vez más difuminada, lo que le obliga a hacerse notar, aún de forma tan gruesa. 

‘Marruecos connection’

Asunto de mayor gravedad y del que aún apenas conocemos detalles y casi todo son interrogantes sería el presunto papel de Marruecos en este espinoso asunto. Parece evidente ya, como ocurre siempre en estos casos, que el espionaje no habría tenido una sola autoría sino varias y el inicial ‘affaire Pegasus’ se desdibujaría para dar paso a esa ‘vía marroquí’. Ampliando el abanico, la posibilidad también barajada por fuentes del CNI de que Rusia hubiera tenido algún papel en todo esto decaería porque ‘los rusos no tienen acceso a Pegasus’, según fuentes cercanas a la inteligencia española. En nuestros Servicios Secretos se apunta como más probable a nuestro vecino del sur. 

Recuérdese que en mayo de 2021 ambos países, España y Marruecos, sostuvieron un rifirrafe diplomático con motivo de la presencia en suelo español del líder del Polisario, Brahim Gali, y por el empeño del monarca alauita de que España reconociera su soberanía sobre el Sahara. Como trasfondo, que nadie lo olvide, el tradicional apoyo de los Estados Unidos a las posiciones marroquíes. De nuevo la oposición más a la derecha del arco parlamentario se ha lanzado en tromba contra el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez y habla ya, sin rubor y sin prueba alguna, de un supuesto ‘chantaje, incluso personal, al jefe de nuestro ejecutivo, según el cual se justificaría el reciente cambio de rumbo de nuestra política exterior de una franca colaboración con Argelia y posiciones más cercanas a Marruecos. Las acusaciones son tan graves que quien las profiere debería probarlas. Hasta entonces seguiré repitiendo una y mil veces que no todo vale en política con tal de desgastar al gobierno, menos aún cuando los intereses el Estado están en juego. 

No debería calificarse a la ligera de socios indeseables a quienes aún no han retirado el apoyo al gobierno de coalición

Nos quedan por conocer todavía muchas piezas de este enrevesado ‘puzzle’, y por lo tanto, nos falta información para emitir a la ligera juicios y análisis precisos, lo que aconseja ser cautos y prudentes. Me temo que la semana entrante seguiremos asistiendo a nuevos capítulos del ‘culebrón’ y ello sí me impulsa a decir, con rotundidad, que en aras a la estabilidad del ejecutivo, no debería calificarse a la ligera de socios indeseables -o indeseados- a quienes aún no han retirado de forma estructural el apoyo parlamentario al gobierno de coalición tampoco desde las filas de estos últimos, básicamente ERC o incluso Bildu, deberían cargarse las tintas en exceso contra un aparataje institucional del que son beneficiarios, junto con el resto de las formaciones políticas y de la ciudadanía. Piénsenlo. 

Para acabar este artículo no puedo no dar mi opinión de como acabará este pegasus gate. Desde mi punto de vista NO habrá dimisiones o ceses, ni de la directora del CSI y tampoco de la Ministra de Defensa Robles. Sería irresponsable y mortal por marca España a pocas semanas de la cumbre de la OTAN en Madrid. Tampoco habrá crisis de gobierno. ¿Qué interés tiene ERC para que se adelanten elecciones generales? Pues eso, ningún interés.