La operación diálogo está en vía muerta. Los militantes de Junts, por acuerdo adoptado en su segundo Congreso, votarán en las próximas semanas si su partido debe seguir o no en el gobierno de la Generalitat, lo que podría implicar la ruptura con ERC y abriría la puerta a un nuevo adelanto electoral. Esto sucede apenas un año después de que Pere Aragonés fuera investido presidente.

La mesa de diálogo Gobierno/Generalitat, fruto de la política de acercamiento iniciada por Pedro Sánchez, no se ha vuelto a reunir desde septiembre de 2021, cuando tuvo su primera cita. Fuentes del Gobierno reconocen que, a corto y medio plazo, no es probable que se produzca una nueva convocatoria. El gobierno catalán decidió congelar el proceso tras el estallido del caso Pegasus.

De hecho, en el Gobierno se tiene la impresión de que la filtración de Citizen Lab tuvo como objetivo precisamente el estallido de ese proceso, lo que sólo beneficia a los intereses de Junts, que, tras la salida de Carles Puigdemont, ha quedado bajo control de Jordi Turull y Laura Borrás.

Lo que sí es una evidencia es que la operación diálogo ha sido una víctima colateral del caso Pegasus.

La pugna entre un independentismo posibilista (ERC) y otro montaraz (Junts) se saldó tras las elecciones del 14 de febrero de 2021 con un triunfo relativo del primero. ERC superó en un escaño a Junts y Aragonés -un pragmático- fue elegido president. Un mes después de constituido el ejecutivo catalán, Sánchez indultó a los nueve líderes del procés condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo.

En paralelo a esa cesión al soberanismo se produjo en la sociedad catalana una caída progresiva del apoyo a la independencia. Para los líderes de Junts era una situación preocupante, ya que el proceso de diálogo, según su análisis, sólo beneficiaba al gobierno socialista y a ERC y aplazaba sine die la declaración de independencia.

En el Gobierno se tiene la convicción de que la filtración del caso Pegasus fue instada por Junts para cargarse el proceso de diálogo

El Gobierno entró en pánico en el mes de abril, cuando se supo que unos 60 independentistas habían sido espiados con el sistema Pegasus. Para Junts era la demostración de que el independentismo no se podía poner en manos de Sánchez. Pero para ERC suponía un claro debilitamiento, ya que el diálogo había sido su apuesta frente a la ruptura que propugnaban Puigdemont y los suyos.

En plena trifulca entre la Generalitat y el Gobierno central, Oriol Junqueras salió al rescate del proceso con una entrevista en El País en la que afirmaba: "Estamos aquí para ayudar, si se asumen responsabilidades". Al día siguiente, el Consejo de Ministros destituía a la directora del CNI, Paz Esteban. Do ut des.

Sin embargo, la cabeza de Paz Esteban no ha servido para calmar las aguas. Aragonés ha transmitido al Gobierno su disposición a negociar ciertas cosas, como nuevas inversiones en infraestructuras, pero en su agenda no hay hueco para una nueva reunión de la mesa de diálogo. Intentarlo sería la chispa que haría saltar por los aires el gobierno de coalición ERC/Junts.

Fortalecidos por el escándalo del espionaje, los líderes de Junts han apretado el acelerador. La consulta a las bases no es más que la excusa para romper. En su esquema mental, la única posibilidad de volver a crear un clima como el que se produjo el 1-0 es romper definitivamente todos los lazos entre Cataluña y España. Y la ruptura del Govern es el primer paso en esa dirección.

La deriva rupturista preocupa en Moncloa ya que el diálogo, la distensión en Cataluña, es uno de los activos que Sánchez exhibe para diferenciarse de la derecha. ERC, por su parte, no puede aparecer ante sus socios como la tabla de salvación del Gobierno en las votaciones en el Congreso. Por ello, en Moncloa han redefinido la geometría variable para compensar la pérdida de un apoyo esencial como es el de los republicanos catalanes recurriendo cada vez más a EH Bildu.

El caso Pegasus va a definir la segunda mitad de la legislatura. En política exterior ha provocado el cambio de posición respecto al Sahara y el distanciamiento con Argelia; ha debilitado al CNI con el cese injustificado de su directora; ha abierto un frente judicial de imprevisibles consecuencias, como pone de relieve la citación de Félix Bolaños; y, por último, ha puesto en grave riesgo la política de diálogo con los líderes independentistas.

Sánchez hizo una jugada arriesgada al ofrecer al independentismo cesiones como los indultos. No calculó que el Estado de Derecho funciona independientemente del Gobierno. Las escuchas del CNI no sólo estaban justificadas, sino que fueron autorizadas por el juez del Supremo. El choque entre la voluntad política y la legalidad ha llevado a una situación que parece no tener marcha atrás.