El Nacional es un objetivo del régimen de Nicolás Maduro. El sometimiento a todo tipo de acoso ha sido una constante desde hace 20 años, desde el inicio del régimen de Hugo Chávez. Nos impidieron el suministro de papel prensa, nos atacaron físicamente, también con los impuestos, con lo que se les ocurriera.

Este proceso se intensifica. Cinco años atrás Diosdado Cabello nos demandó penalmente por difamación después de publicar una nota extraída del ABC de España, donde se decía que Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. El diario español la publicó y al día siguiente lo hicimos junto a 80 periódicos, los más importantes, del continente. La demanda no procedía pero la falta de separación de poderes en Venezuela hace que los jueces actúen según las instrucciones del Ejecutivo y en este caso, de Cabello.

Por otra parte, la noticia resultó cierta: un año después el Departamento de Justicia de EEUU dictó una orden de captura a Cabello por sus vinculaciones con el narcotráfico y ofreció (todavía la ofrece) diez millones de dólares por información que permitiera apresarlo.

Lo que sucede después ha sido lo peor para el periódico. El Tribunal Supremo de Justicia nos ordena pagarle 13 millones de dólares a Cabello como indemnización, se incauta las instalaciones del periódico enviando un contingente de soldados armados hasta los dientes para desalojar las oficinas y finalmente nos bloquean nuestra página web. El bloqueo de las páginas de Internet se ha vuelto una constante del régimen. 

El mecanismo es el siguiente: un funcionario ordena (en el caso de Diosdado Cabello ni siquiera es funcionario) al ente regulador (CONATEL) bloquear una página web discrecionalmente, sin orden de un juez ni procedimiento alguno. CONATEL gira instrucciones a las compañías telefónicas que lo hagan, porque son ellas las que lo pueden realizar técnicamente.

Telefónica complace al régimen de Maduro silenciando a medios sin ninguna justificación que no sea la represión directa

El problema se agrava porque la compañía telefónica más grande es una filial de Telefónica de España, una multinacional europea que debe cumplir con principios corporativos de acuerdo a la defensa de los derechos humanos, y en este caso concreto se está violando la libertad de expresión. Telefónica complace al régimen de Maduro silenciando a medios sin ninguna justificación que no sea la represión directa contra estos medios. 

Lo primero que debería hacer Telefónica es tomar una posición respecto a los requerimientos del régimen de silenciar los medios digitales. La lucha que se está dando en Iberoamérica por defender la democracia es una lucha que comparte España y la Unión Europea. Exhortamos a Telefónica a sumar en esa dirección y no ser parte de las políticas dictatoriales del régimen de Maduro.

Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario El Nacional.