Estados Unidos es un país que se formó en contraposición al despotismo europeo, y al mismo tiempo quería combatir a las monarquías. Por este motivo todo su sistema político recae sobre la figura del legislador electo, o el representante del pueblo. Es esta figura la que se encarga de montar todo el sistema, y al mismo tiempo de crear las instituciones que el pueblo necesite y elija tener. El único límite es la Constitución de Estados Unidos, redactada de tal manera que legisladores y jueces puedan interpretar al respecto. Los límites los marca la Corte Suprema. Cabe destacar que la Corte Suprema es el único tribunal que contempla la Constitución desde la fundación de Estados Unidos, aunque no se establece cómo debe ser, y quién la debe formar.
El sistema jurídico de EEUU además, se fundamenta en el derecho anglosajón, y por lo tanto las sentencias judiciales crean precedentes, y estos se convierten en fuente de derecho. La jurisprudencia pues, puede crear supuestos nuevos derechos y libertades, sin necesidad de legislar al respecto. Pero hay un riesgo, y es que si se revisan esas sentencias, y acaban declarándose inválidas, los derechos y libertades también son declarados inválidos.
En el caso actual, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha anulado la decisión Roe v. Wade, 410 U. S. 113, y Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U. S. 833. Así pues, se anula la posibilidad de abortar, ya que dejaba de permitirse al resolverse que no podía utilizarse la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para hacerlo. Es decir, no era un derecho realmente, sino que no era inconstitucional hacerlo. Ahora sí en determinados Estados, porque ya no existe este parapeto.
Y de nuevo recae sobre la figura del legislador hacer que se convierta en derecho a poder abortar. Aunque el Supremo transfiera a los diferentes Estados la potestad para legislar sobre el aborto en sí. Aquí es donde se abre la caja de Pandora de los límites del poder federal porque algunos ya han empezado a penalizar con condenas de prisión el aborto, mientras en otros sigue liberalizándose más.
Los legisladores demócratas no han legislado sobre el aborto, a pesar de que prometieron que lo harán con la gran mayoría de Obama
Si el aborto estuviera permitido bajo ley federal, todos los estados de los Estados Unidos deberían acatarlo. En este punto se puede ver que no es un problema judicial, porque el sistema anglosajón siempre ha permitido revocar sentencias antiguas, y con ello toda su jurisprudencia, sino que se transforma en un problema político.
A pesar de saber que existía esta posibilidad, los legisladores demócratas no han legislado a nivel federal al respecto, aun prometiendo que lo harían con la gran mayoría de Barack Obama en la Cámara de Representantes y en el Senado. Recordemos que al ser una ley federal se necesita una mayoría en ambas cámaras.
Este hecho polariza aun más la sociedad estadounidense, porque al ser una decisión estrictamente política, la diferencia entre ambos partidos, los republicanos y los demócratas, se incrementa. Tendremos que estar atentos pero, si en caso de plantearse una ley federal sobre el aborto, qué posicionamientos habría dentro de los republicanos. Según las encuestas, un 38% de los votantes republicanos estaría a favor de la legalidad del aborto.
Algunos estados se han abierto también a considerar revisable la legislación sobre anticonceptivos, de la misma manera que el juez Clarence Thomas dijo que también se tendría que revisar junto el matrimonio homosexual. En ambos casos, permitir los anticonceptivos y el matrimonio homosexual, también se basan en fallos de la Corte Suprema, y por lo tanto, si se revisara Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) o Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015) podrían decaer ambos con la mayoría conservadora actual. La responsabilidad pues, depende del legislador de nuevo y su valentía en no derivar el debate a la Corte Suprema, sino ser capaz de defender su posición.
En conclusión, depende de la valentía del legislador que existan más derechos de los que hay, como también que no sea a través de fallos de la Corte Suprema, sobre casos que se pueden revisar en cualquier momento, que exista el poderlo hacer. El conservador juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema, siempre decía que cada vez más el legislador hacía menos para no perder votos con sus decisiones, y acababa por derivar en el alto tribunal, quien con su fallo, hacia lo que tenía que hacer el electo.
La judialización de la política es una de las perversiones de cualquier democracia, y una cosa que incluso los Padres Fundadores detestaban porque los jueces tenían la función de árbitros, no de políticos.
Guillem Pursals es politólogo, máster en Seguridad, especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.
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