El presidente del Gobierno ha utilizado el debate del estado de la Nación para recomponer las deterioradas relaciones con sus socios. "Un giro a la izquierda", le reclamaban desde Yolanda Díaz a Gabriel Rufián. Pues bien, Sánchez ha captado el mensaje. Al fin y al cabo, con esos bueyes tiene que arar de aquí al final de la legislatura.

Horas antes del comienzo del debate, Moncloa transmitió a los periodistas que el presidente "anunciaría nuevas medidas". Se quería poner el foco en la novedad, cosa que llama la atención, porque el jueves se aprueba en el Congreso el paquete anti crisis, en el que, lógicamente, deberían haberse incorporado. Prueba inequívoca de que se ha tratado de una improvisación de última hora, destinada a permitirle al presidente rentabilizar para sí el debate. De hecho, algunos de los ministros se enteraron de las mismas durante la intervención de Sánchez.

Estas son las más importantes:

1ª Bonificación de 100% en los abonos de cercanías y media distancia dependiente de Renfe.

2ª Luz verde a la Operación Campamento: 12.000 viviendas.

3ª Impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas que tendrá dos años de vigencia y con el que Hacienda recaudará 2.000 millones cada ejercicio.

4ª Impuesto a grandes entidades financieras por los beneficios extraordinarios procedentes de subidas de tipos de interés, con el que se espera recaudar 1.500 millones por año.

La subida de impuestos a bancos y compañías energéticas sólo tiene como fin recomponer la mayoría de izquierdas y arrebatarle parte de su discurso a Yolanda Díaz

La primera, la más efectista, carece de concreción y va a provocar problemas de gestión, ya que la mayoría de los ciudadanos de las grandes ciudades utilizan un bono transporte que conjuga los trenes de cercanías con metro y autobús, a los que no afecta esa bonificación del 100%. No se sabe ni el coste para el Estado, ni el número de ciudadanos a los que va a beneficiar. A última hora del martes el Ministerio de Transportes todavía estaba elaborando el argumentario.

Lo de la Operación Campamento más parece una broma. Es el propio Gobierno el que tenía paralizado ese desarrollo urbanístico que, además, sólo afecta a Madrid.

Lo sustancial del paquete, la esencia de la intervención del presidente del Gobierno, son los dos nuevos impuestos especiales, uno a la banca y el otro a petroleras y eléctricas. Es decir, el castigo a los "poderes ocultos" que, según el relato de Sánchez, apoya la derecha y que quieren derribar al Gobierno.

El aplauso de la bancada de la izquierda fue atronador cuando se escucharon estas dos medidas. ¡Por fin! Este era el giro a la izquierda que le reclamaban sus socios." Sánchez le ha echado huevos", me comentó un diputado del PSOE.

El presidente, hábil, usó ese castigo a las grandes del Ibex para tratar de poner al PP entre la espada y la pared. "¿Qué van a hacer ustedes con el paquete de medidas? ¿Lo van a convalidar? ¿Van a apoyar el impuesto a eléctricas y bancos?", le preguntó insistentemente Sánchez a Cuca Gamarra.

A la portavoz del PP, que no estuvo mal en la réplica, le faltaron reflejos para preguntarle: "Si esas medidas son tan efectivas para repartir sacrificios, ¿por qué no las incluyó en el paquete que aprobó el Consejo de Ministros hace poco más de dos semanas y que se convalidará el jueves? ¿Es que acaso el Gobierno defendía esos "intereses oscuros" hasta ayer mismo?"

Está claro que la subida de impuestos a bancos y energéticas sólo tiene un fin: recomponer la mayoría de izquierdas en el Congreso, y, de paso, quitarle parte de su discurso a Yolanda Díaz.

Poco van a notar los ciudadanos esas subidas de impuestos en sus bolsillos. Más bien al contrario, tanto las energéticas como los bancos repercutirán ese coste fiscal en los clientes, vía recibos, precios y comisiones.

Pero lo más importante es que el presidente no propuso una sola idea para amortiguar una inflación que, en eso tiene razón, tiene la mayor parte de su causa en la subida de los precios energéticos. Nada. Tan sólo, a diferencia de otras ocasiones, se limitó a reconocer que los precios van a seguir siendo altos mientras dure la guerra de Ucrania y que la economía crecerá menos de los previsto en los próximos meses.