Tras siete años sin celebrarse un debate sobre el estado de la nación, Pedro Sánchez presentó esta semana un conjunto de medidas cuyo objetivo pretende ser una respuesta a la crisis. Pero la realidad, y el modo de hacer las cosas del presidente, hacen que buena parte del debate posterior se dedique a aclarar si lo anunciado es lo que ahora mismo necesita el país o más bien lo que precisa Sánchez en la sucesión de carambolas políticas para garantizar su supervivencia.

Y eso que el momento europeo y español presentan señales críticas. Sin haber tenido margen para recuperarnos apenas de una pandemia global, Europa se enfrenta a la invasión ilegal de Putin en territorio ucraniano. Una guerra en suelo europeo que es también contra el totalitarismo. Una guerra de la que no podemos desentendernos y que está teniendo duras consecuencias para Europa y el mundo.

En consecuencia, la preocupación por la seguridad alimentaria tras la interrupción de las cadenas de suministros, la subida de los precios de la energía y el incremento de la inflación están ahora en el centro de las preocupaciones de gobiernos y ciudadanos de toda Europa. La Comisión Europea ha elevado sus previsiones sobre la inflación media esperada en 2022 y 2023 hasta el 7,6 % y el 4 %, respectivamente, al tiempo que reducen las estimaciones de crecimiento medio de 2023 hasta el 1,5%.

Lo que se asoma detrás de las medidas propuestas tiene más que ver con el braceo de Sánchez para resistir y salvar su coalición de gobierno

En momentos así de graves, lo que se asoma detrás de las medidas propuestas tiene más que ver con el braceo de Sánchez para resistir y salvar su coalición de gobierno y sus apoyos parlamentarios ante el declive de sus expectativas electorales que con la urgente e inaplazable necesidad de que España tenga un verdadero plan para abordar la crisis.

El presidente anunció como necesario el impuesto especial a grandes compañías eléctricas, pese a que la parte socialista del gobierno estuvo meses negando esta posibilidad. Ahora, cuando su medida estrella de anteayer -es decir, el desacoplamiento del gas de la tarifa energética- se ha demostrado un gran fracaso, este impuesto resulta ser pertinente. Medidas impositivas similares a la anunciada han sido adoptadas en Italia, Bélgica y Reino Unido. Pero en España es imposible debatir sobre el fondo sin hacerlo sobre la forma: en este caso, sobre la sospecha de que la medida es una concesión a Unidas Podemos para que acepte una negociación presupuestaria que incluya el incremento del gasto militar hasta un 2% pactado por Sánchez en la pasada cumbre de la OTAN.

La misma sombra oportunista se cierne sobre el impuesto a la banca reclamado por Unidas Podemos que la ministra Calviño, representante de la ortodoxia económica del gobierno, se encargó de desautorizar hace meses.

El presidente resistente nos tiene acostumbrados a los giros de 180 grados: y así fue como pasamos de aquella anunciada imposibilidad de dormir tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno a tenerlo de vicepresidente como la expresión de una democracia madura. Así desembocamos también en incumplimientos flagrantes de su palabra previa, algunos de tal trascendencia como los indultos a los golpistas, que había negado con anterioridad más veces que San Pedro.

Y es preocupante que nosotros hayamos podido facilitar que él se acostumbre a nuestra inclinación a la dejadez, a la tendencia olvidadiza que diluye cualquier agravio en tan sólo unos meses, o unas semanas. Sólo desde la convicción de que la mira del ciudadano es de corto plazo se entiende que se pacte nada menos que con Bildu una Ley de Memoria Democrática, dándoles así a quienes ayer fueron verdugos la posibilidad de convertir en oficial su relato tergiversado sobre nuestro pacto constitucional. Es una barbaridad: la portavoz de Bildu no puede ser la portavoz de nuestra memoria democrática.

Es una barbaridad: la portavoz de Bildu no puede ser la portavoz de nuestra memoria democrática

Así, es evidente que el debate del estado de la nación se convierte en el debate sobre la supervivencia política de Sánchez y sobre si las medidas acordadas le sirven a él o a España. Sin el resultado electoral en Andalucía y las últimas encuestas, ¿Sánchez habría propuesto estas medidas o las contrarias? ¿Responden las mismas a su estado de necesidad o la necesidad de un país de superar las gravísimas crisis que se ciernen sobre el futuro?

Lo que realmente ha acreditado Sánchez no es ser un político sin convicciones -alguna habrá de tener, supongo- sino que todas ellas están al servicio de su ambición. Por eso son cambiantes y sustituibles según sus necesidades. La expresión más aterradora de esta realidad fue la imagen del diputado que él mismo situó como socio necesario para las políticas de su gobierno colocando tres balas en la tribuna de oradores. Quien decide unir su futuro a la extorsión de semejante personaje debe tener claro hasta qué punto puede quedar dañada su credibilidad para hablar en nombre del interés general de España y de los españoles.

Una de las peores consecuencias de esta instrumentalización es que dificulta sin duda el debate de fondo sobre las medidas necesarias y que estrecha aún más el espacio público para una conversación razonable y razonada sobre las necesidades que tenemos como país.

Salvar esa coalición y ese respaldo no tiene nada que ver con salvar a este país y sus ciudadanos.

Y eso contribuye a que se difumine ante los ciudadanos lo que estas medidas implican y lo que nos dicen sobre el futuro próximo: nada menos que nos acercamos a una economía de guerra.

Lo que esta situación de excepcionalidad exige es elevar el nivel por parte del gobierno, hablar de fondo y no de forma. Establecer un diálogo con todas las fuerzas políticas de la oposición que lleve, de verdad, a soluciones a medio y largo plazo para el país. Y dejar de una vez los juegos de balanzas y contrapesos electoralistas que comprometen nuestro futuro y lo atan a los vaivenes de la coalición de gobierno y al respaldo parlamentario de los socios. Porque salvar esa coalición y ese respaldo no tiene nada que ver con salvar a este país y sus ciudadanos.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos