No es únicamente José Antonio Griñán el que ha sido condenado ayer a seis años de prisión por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación -hay otros ocho condenados a la pena de cárcel- pero sí es el único, junto con el otro presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que han sido además presidentes del Partido Socialista y ministros de los sucesivos gobiernos de Felipe González. Por eso el interés del PSOE es máximo para asegurar que ni uno ni otro se llevaron “ni un céntimo de euro” a sus bolsillos. 

Pero no se les condena por eso -a Griñan con penas de prisión y a Chaves con la inhabilitación- sino por amparar conscientemente el mayor sistema de corrupción institucionalizada de la historia de la democracia española. Y de eso el Partido Socialista no se podrá librar aunque lo intente por todos los medios. Esa mancha se le quedará pegada a la piel para los restos.

Lo explican con claridad los fiscales del Tribunal Supremo adscritos al caso: ambos, aunque naturalmente no sólo ellos, eran conscientes de que utilizaron durante 10 años un procedimiento presupuestario patentemente ilegal para conceder ayudas para trabajadores y empresas en crisis por un total de más de 670 millones de euros lo que constituye el mayor fraude en subvenciones públicas juzgado en España.

El fiscal Fernando Prieto expuso con contundencia las anomalías cometidas en ese procedimiento que en esencia eran todas porque ni uno solo de los requisito exigidos se cumplió en ni uno solo de los expedientes que obran en la causa.

No hay excusa para tanta mangancia -Pedro Sánchez dixit, aunque él se lo aplicaba al PP- porque hasta el año 2000 todas las concesiones de ayudas sociolaborales se habían cumplido siguiendo el procedimiento correcto. 

Y lo que pasó a partir del año 2000 fue que se quiso evitar todo tipo de control y se ideó el sistema de transferencias de financiación para impedir el conocimiento del contenido de los expedientes de modo que resultara imposible fiscalizar las ayudas.

Y eso con un fin muy concreto: ganarse el favor electoral de los agraciados, comprar voluntades en las empresas y en los trabajadores y enriquecer de paso a determinados elementos sindicales. No, no era un asunto de “cuatro golfos” como dijo en su día el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. Era todo un entramado organizado desde la propia Junta y con la participación de decenas de responsables políticos pertenecientes al gobierno autonómico .

Es más, ni siquiera los diputados del parlamento andaluz estaban en condiciones de conocer las irregularidades porque la cámara legislativa ignoraba que la inspección advertía una y otra vez del uso de un procedimiento inadecuado para la repartición de esos fondos. Es de esto de lo que se les acusa, no de haberse llevado un céntimo de euro a su bolsillo.

Tampoco Mariano Rajoy se llevó nunca nada y una moción de censura basada en un frase que resultó luego retirada de la sentencia por improcedente le derribó del gobierno.

Por eso está fuera de lugar el tuit hecho público por Santos Cerdán en el que dice para afirmar que si bien «respeto a la justicia siempre», pero «pagan justos por pecadores». A pesar de la condena del Tribunal Supremo, el recientemente confirmado secretario de Organización del PSOE asegura que «una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Ni financiación irregular ni enriquecimiento ilícito. Hay comparaciones que solo denigran a quienes las hacen. Honorabilidad y responsabilidad política”.

No, si el sentido de la condena está muy claro en el caso de Griñán que parece ser el único que les interesa y un poco también el de Chaves porque de los otros ocho condenados a prisión nadie en el PSOE dice nada. Es que nada se puede decir.

Su problema es que tiene que pedir perdón por algo del que él sigue sin ser consciente de haber cometido y eso le costará un mundo

A Griñan no se le condena por su etapa como presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 sino por su etapa como consejero de Economía, nombramiento que se produjo en 2004 en plena orgía de los ERE falsos sin que hubiera por su parte ningún intento de acabar con una práctica corrupta de la que ya había suficientes pruebas.

Ese es el problema, que siguió elaborando los presupuestos que permitieron seguir llevando a cabo la malversación de fondos públicos mediante la alteración de las partidas presupuestarias desde las que se distribuían las subvenciones. Por esa razón está condenado.

No irá a la cárcel, porque el Código Penal permite suspender el cumplimiento de la pena hasta que se resuelve una petición de indulto, que el Gobierno le concederá sin duda. Su problema es que tiene que pedir perdón por algo del que él sigue sin ser consciente de haber cometido y eso le costará un mundo.

También es verdad que el PSOE se comprometió hace años a no indultar a condenados por violencia de género ni por corrupción y el delito de malversación de fondos públicos lo es.  Pero una vez que se ha indultado a los autores del peor delito que se puede cometer desde un puesto de responsabilidad política, como fue la declaración de independencia de Cataluña respecto de España, indultar a Griñán no exigirá al Gobierno nigún especial esfuerzo.

Otra cosa es el coste electoral que va a suponer para el PSOE la concesión de los indultos a los independentistas, que todavía no se ha calibrado y del que la ciudadanía no se ha olvidado, y el que le puede suponer indultar a uno de los suyos, precisamente, por un delito sobre el que se había comprometido a no ejercer nunca la medida de gracia.

Por lo que se refiere al posible recurso al Tribunal Constitucional, éste no suele suspender el cumplimiento de penas que superen los cinco años de prisión. Por eso lo más probable es que vaya adelante la vía del indulto.

En cualquier caso toda decisión que se adoptara ahora mismo sería prematura porque la sentencia redactada no se conocerá hasta el mes de septiembre y todavía ni siquiera está redactado el voto particular que elabora la magistrada Ana Ferrer al que se va a adherir Susana Polo. 

Que este sea el mayor caso de corrupción generalizada que se ha dado en la historia de nuestra democracia y que impida absolutamente que el Partido Socialista pretenda sacar la cara por sus dos presidentes ignorando el contenido real y profundo de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y ahora del Tribunal Supremo, no impide que el Partido Popular no deba guardar silencio por sus casos de corrupción que han salpicado municipios y autonomías gobernadas por los populares.

Feijóo acierta en su decisión de no hacer sangre de este caso, por otra parte tan sangrante porque los dos grandes partidos tienen mucho de lo que avergonzarse y ninguno de los dos puede pasarle por la cara al otro las “mangancias” del contrario.

Mucho del distanciamiento de la población con respecto a la política tiene que ver con estos episodios vergonzosos tanto en el PSOE como en el PP con el caso Gürtel y otros varios.

Lo hecho hecho está aunque sea delictivo y no tiene ya remedio. Pero bueno sería que, independientemente de las sentencias que todavía colean, los dos grandes partidos tomaran buena nota y combatieran sin pausa y sin medida la corrupción en su seno, germen de tantos partidos populistas como están apareciendo en España y también en Europa. 

A ver si escarmentamos de una vez.