Es lo que tiene la improvisación, las prisas, los corre que te corre para llenar de iniciativas la vida política española, el no dejar ni un respiro a la gente para que vea que este Gobierno va, efectivamente, “a por todas”. Y en ese ir tomando medidas una detrás de otra se cae en la improvisación y, lo que es peor, en la amenaza de sanciones.

Porque, lo que dice la consejera de  Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, quien ha calificado de "efectistas" esas restricciones, descartando de este modo apagones o límite de temperaturas en la región porque "no es lo mismo adoptar medidas en un hospital, donde hay enfermos, en una escuela o en una comisaría”, es verdad.

Del  mismo modo, no es lo mismo poner el aire acondicionado a 27 grados en unos grandes almacenes llenos de gente durante todo el día que van a convertirse en 32 grados a las pocas horas, que ponerlo en una farmacia donde las personas van a comprar y a continuación se marchan. O ponerlo, como dice la consejera madrileña Marta Rivera de la Cruz en un teatro o un cine llenos que les va a ocurrir lo mismo que a los grandes almacenes. 

Y, por supuesto, no es lo mismo poner los 27 grados en Galicia que en Canarias.

Lo mismo sucede con la calefacción porque a 19 grados en algunos sitios se pasará auténtico frío y en otros será suficiente.

Es verdad, por otra parte, que el apagado de las luces de los escaparates en las grandes y también en las pequeñas ciudades puede provocar un incremento de los delitos contra la seguridad de los ciudadanos. Es decir, que la cosa se tenía que tener más pensada de lo que se ha hecho.

Lo esperable era que todas las medidas genéricas que se adoptaron en el Consejo de Ministros incluyeran algún tipo de precisión y de matices varios. Pero no ha sido así y por eso las comunidades de PP más la gobernada por el PNV han ido algo más lejos.  

De hecho, el País Vasco ya ha dicho que dispone de un plan de ahorro energético propio que se pondrá a punto a partir del primero de septiembre. Con eso salvan las fiestas de San Sebastián, Vitoria y Bilbao y no parece el gobierno vasco muy dispuesto a someterse a las directrices del Gobierno, aunque este decreto ley es, y debe ser, de obligado cumplimiento para cualquier nivel de las Administraciones públicas.

Por eso no tiene el menor sentido que el gobierno autonómico de Madrid haya intentado en un primer movimiento resistirse a cumplir la ley. Ha hecho muy bien Enrique Ossorio en aclarar que el gobierno madrileño tiene por costumbre cumplir la ley aunque la ley no le guste. 

Las leyes en este país se cumplen porque España es un estado de Derecho, excepción hecha del independentismo catalán

Lo que sí pueden hacer las autonomías y los ayuntamientos es averiguar hasta qué punto el decreto ley invade competencias que les son propias y, en ese caso, recurrirlas ante el Tribunal Constitucional en el bien entendido que cuando esa sentencia llegue a debate del TC ya habrán pasado varios meses desde que el decreto ley haya entrado en vigor. 

No tienen otra opción porque, aunque el decreto parezca injusto o poco ajustado a las distintas realidades no sólo autonómicas sino de los variadísimos sectores implicados, las leyes en este país se cumplen porque España es un Estado de Derecho, excepción hecha del independentismo catalán que pretende “desjudicializar” sus incumplimientos flagrantes de las leyes y de las resoluciones judiciales con el fin de lograr la impunidad. 

Pero aún no hemos llegado a eso. Lo que sí va a tener mucho interés es comprobar cómo se comporta el Gobierno y el PSOE con la posición ya adelantada por el gobierno vasco.

Porque ellos no son el PP al que se puede insultar impunemente, tal y como ha hecho la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid con la presidenta de la presidenta de esa Comunidad. El comportamiento que se tenga con el PNV será un referente, sin duda alguna.

Dicho esto, es evidente que debemos rebajar nuestro nivel de confort en favor de países donde van a estar este invierno mucho peor que nosotros. Al Gobierno se le debe pedir por eso una mayor concreción en las medidas, que no pueden ser tan genéricas y también en las sanciones, que deben ser específicas.