Con toda probabilidad, el PP votará el jueves contra la convalidación del decreto de medidas de ahorro energético, en vigor desde el pasado 10 de agosto.

El Gobierno tiene el compromiso con Bruselas de reducir en un 7% el consumo de gas (la mayoría de los países europeos lo bajarán un 15%) en previsión de un invierno con más recortes de suministro por parte de Rusia. Entre las medidas que contempla el decreto se encuentran la limitación de las temperaturas en el aire acondicionado o en la calefacción, y de la iluminación en escaparates y en edificios públicos.

La negativa del PP a votar el decreto pone de relieve la situación de enconamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Desde Moncloa se ha desplegado toda una ofensiva durante el mes de agosto contra Núñez Feijóo encaminada a recortar la ventaja del PP en los sondeos. La filtración de un "acuerdo secreto" para la modificación de la ley del Poder Judicial, firmado por el anterior número dos del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente, Félix Bolaños, ha servido de excusa para acusar a Feijóo de "mentiroso". Ese es el contexto. Nada favorable para alcanzar acuerdos, ni en la renovación del CGPJ, ni en asuntos económicos de calado. Me temo que ese va a ser el ambiente durante los próximos meses. A partir de septiembre comenzará una larga precampaña de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo y luego, sin solución de continuidad, nos meteremos de lleno en la batalla de las generales.

Esta supeditación de la política a la estrategia electoral es un gravísimo error. Sobre todo, cuando se trata de temas serios, como es la política energética.

El Gobierno, y en eso tiene razón el PP, en línea con el comportamiento que viene siendo habitual en el presidente, lanzó unas medidas de ahorro sin consultar siquiera con sus socios, menos aún con la oposición, y desde luego ignorando a las Comunidades Autónomas, que son las responsables de aplicarlas en su mayor parte. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, tiene previsto recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Sin llegar a ello, País Vasco y Cataluña han mostrado su malestar por esa forma de actuar tan poco empática.

La cuestión no es sencilla, ni mucho menos. Europa no se enfrentaba a una situación similar probablemente desde la primera crisis del petróleo. Pero ahora, además, hay una guerra de la que se van a cumplir seis meses y todo hace pensar que se recrudecerá en las próximas semanas. La acusación directa de los servicios secretos de Putin a "una agente de Ucrania" del atentado que causó la muerte a la hija del filósofo ultranacionalista Alexander Dugin, es un mal augurio para el devenir de este conflicto.

La reducción del consumo a corto plazo y el diseño de una política energética a largo plazo requieren de un pacto de Estado y de una visión menos ideológica de la que hace gala este Gobierno

El Gobierno parece muy satisfecho con el impacto de sus medidas, pero, hasta ahora, el Ministerio que dirige Teresa Ribera sólo ha dado datos de la caída del consumo de electricidad, no del consumo de gas, que es el compromiso con Bruselas. Por desgracia, la sequía ha reducido a la mitad la producción de energía hidráulica, lo que, como consecuencia, ha disparado la producida por ciclo combinado, intensiva en gas. Por tanto, podría darse la circunstancia de que, aunque esté bajando el consumo eléctrico, al mismo tiempo esté subiendo el consumo de gas.

El PP, por su parte, propone el alargamiento de la vida útil de las nucleares o el replanteamiento de la técnica del fracking para la obtención de hidrocarburos. Las dos propuestas pueden ser interesantes, pero ninguna de ellas tendría efecto a corto plazo.

Recortar el consumo implica sacrificios. Y, lo queramos o no, vamos a tener que afrontarlos este mismo invierno. Alemania, que es el país más dependiente del gas ruso, ha propuesto un recargo en el precio, de tal manera que sea este el que lleve a la caída de la demanda. En España, por contra, se han puesto en marcha medidas -como la subvención a los carburantes- que, en lugar de reducir el consumo, lo aumentan. Está claro que Pedro Sánchez quiere evitar por todos los medios decisiones que empeoren su imagen ante los ciudadanos. Pero esa no es la mejor manera de abordar el problema.

Hay, por tanto, dos niveles de actuación. Uno, a corto plazo, que obliga a implementar medidas que, de forma efectiva, reduzcan el consumo de gas, electricidad y carburantes. Y, por otro lado, lo que requiere un debate más profundo y menos ideológico, un plan energético a medio y largo plazo que contemple, junto a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, una transición realista hacia la eliminación del CO2.

En ambos casos es necesario un acuerdo entre los dos grandes partidos y la complicidad de las CCAA. Aquí no se trata de apuntarse un tanto, sino de abordar algo tan básico como la política energética, esencial para un país absolutamente dependiente como es España.

Con su praxis cortoplacista, Sánchez ha puesto en riesgo la relación con Argelia, país que era nuestro principal suministrador de gas. Ahora importamos gas a precios mucho más caro de Estados Unidos, e ¡incluso compramos más gas a Rusia!. Un contrasentido. El Gobierno está haciendo esfuerzos discretos con reuniones en Argel para evitar lo que parece inevitable, una fuerte subida de precios en la renegociación del acuerdo entre Naturgy y Sonatrach (Medgaz).

Como se ve, la política energética y la política exterior van de la mano. Ambas son políticas de Estado y deberían quedar al margen de la trifulca política.

Algo tan evidente como esto parece que no se entiende en la sede del Gobierno, en la que lo prioritario ahora es ponerle zancadillas a Feijóo. Aunque las consecuencias las suframos todos los ciudadanos.