Familiares y compañeros de Melissa Alfaro, periodista asesinada con una bomba en redacción de la revista Cambio, continuan, después de 30 años, reclamando justicia contra Fujimori y su entorno como responsables de una campaña criminal del Estado peruano.

Entre los presuntos responsables de dicho crimen se encuentran, según documentos de la Fiscalía, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Julio Rolando Salazar (entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional), Pedro Edilberto Villanueva (entonces, Comandante General del Ejército) y Víctor José Penas Sandoval (oficial ejecutor de la elaboración de los“sobres bomba”). La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) señala que 50 crímenes contra periodistas de la época de la violencia de 1980-2000 permanecen en la impunidad.

Hasta 50 crímenes contra periodistas de la época de la violencia de 1980-2000 permanecen en la impunidad

El pasado 18 de agosto, en la sede de la ANP situada en un edificio en el distrito de Cercado de Lima, en el centro histórico de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, y que hasta el siglo XIX estuvo rodeado de muros, a unas pocas cuadras de la Plaza de Armas, origen de la ciudad y en la que se localiza el Palacio de Gobierno, los familiares de Ruth Melissa Alfaro Méndez anunciaron la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Responsabilizan al Estado peruano por las presuntas violaciones de derechos humanos (DDHH) en relación al asesinato de la mencionada periodista, quien falleció producto de la explosión de un sobre bomba el 10 de octubre de 1991. Entonces gobernaba Perú Alberto Fujimori, quien todavía no había protagonizado el auto-golpe que un año después lo convertiría en dictador hasta su furtiva huida del país en el año 2000. En la actualidad, el Gobierno lo preside Pedro Castillo quien, en medio de una tremenda crisis política, no ha implementado unas políticas que den respuesta a las peticiones de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la violencia política de aquellos años.

Después de más de 30 años de una lucha infructuosa y desigual para obtener justicia y reparación ante las autoridades peruanas, la familia Alfaro ha recurrido ante la CIDH, acompañada por APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) y ANP, firmantes de la misma, para conseguir en el ámbito internacional la justicia que les es negada en Perú. Entonces Melissa Alfaro tenía 23 años y, a pesar de su juventud, era una experimentada periodista, comprometida con su profesión y Jefa de Informaciones del Semanario Cambio, un medio opositor y objeto de ataques del gobierno de Fujimori, cuando el 10 de octubre de 1991 al revisar la correspondencia en su oficina un sobre bomba estalló perdiendo la vida instantáneamente.

Melissa Alfaro tenía 23 años y, a pesar de su juventud, era una experimentada periodista

Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva Aprodeh, organización de derechos humanos con una dilatada trayectoria en la lucha contra la impunidad en Perú, abrió el acto explicando porqué se ha presentado ahora una petición que pretende responsabilizar al Estado peruano por la violación de los derechos de Melissa y su familia, por violación del derecho a la vida y por denegar el acceso a la justicia.

Respecto a la responsabilidad del Estado en la muerte de Alfaro señaló que “dicho atentado se enmarcó en una serie de acciones criminales de características similares como las realizadas contra defensores de derechos humanos y opositores a dicho gobierno como Víctor Hugo Ruíz León, Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Carlos Eduardo Arroyo Reyes y Ricardo Letts Colmenares, todas ellas realizadas en la misma época, siguiendo un modus operandi similar y utilizando explosivos militares. Luego de las investigaciones realizadas se concluye que el asesinato de Melissa Alfaro Méndez fue ejecutado por la organización criminal liderada por Alberto Fujimori Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.”

En cuanto a la denegación de acceso a la justicia afirmó que en este caso “no hay una sentencia que establezca la responsabilidad, en los 90 era imposible investigar de manera efectiva; en 1995 Fujimori dictó una ley de amnistía que prohibía cualquier tipo de investigación pero después de su caída se reabrieron muchos procesos judiciales; a instancia de la familia, se reabrió una investigación y se inicia un proceso judicial, la acusación por ese caso luego de haberse investigado por la fiscalía se produce en 2018; estamos en 2022, sin juicio abierto, ya se han dado dos momentos en que se señala inicio de juicio oral pero que se ve interrumpido por los pedidos de nulidad por las defensas de los acusados que pretenden dilatar el proceso, lamentablemente nuestro sistema judicial ha venido perjudicando el derecho de la familia de poder conocer qué ocurrió en los hechos y la responsabilidad de los mismos”.

Pedir disculpas no es olvidar lo que pasó, negar o sentir compasión. Es asumir responsabilidad y compromiso

La abogada recuerda la carencia de medios del sistema judicial peruano donde las graves violaciones de derechos humanos, como el caso de Melissa, se asignan a una sala penal colapsada con la cantidad y dimensión de los casos, pide al Estado más jueces y fiscales y más presupuesto para la investigación y procesamiento de los casos, de ahí que la responsabilidad no sea solo por el asesinato sino por la negación de acceso a la justicia en un crimen que afectó a más personas: “no solo a Melissa, involucró a mas personas con asesinatos con sobres bomba, fue parte de una política de Estado de Alberto Fujimori. Y precisamente fueron diversos los hechos que ocasionaron varias víctimas en ese expediente”. Recuerda el caso del abogado Alejandro Augusto Zúñiga Paz, quien perdió la mano en otra explosión y llegó a una acuerdo de solución amistosa con el Estado después de otra reclamación ante el CIDH. Cano insistió en la necesidad de que el poder judicial, el Estado, garantice a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos no solo una investigación efectiva sino también el conocimiento de la verdad en un plazo razonable, de ahí este procedimiento ante el CIDH contra el estado peruano.

Zuliana Lainez, periodista y Presidenta de la ANP, afirmó que el caso de Melissa es uno de los emblemáticos del periodo 1980-2000 y recordó que los casos de 50 periodistas asesinados en ese tiempo permanecen en la impunidad. Entre otros señaló la masacre de Uchuraccay, donde en 1983 se asesinaron a 7 periodistas y dos campesinos que fueron muertos por efectivos de la Marina, cuando iban a buscar información acerca de la muerte de un grupo de personas en Huaychao. La viuda de Félix Gavilán, Eurosia Reinoso, asistía atenta en la misma sala de la ANP, en cuyas paredes hay diferentes fotografías de los hechos que ella misma cuenta en el libro “El Quillincho, en busca de la verdad camino a Huaychao”, un libro que escribió para mantener viva la memoria de su esposo y que lleva en el bolso como testimonio de aquellos acontecimientos. Zuliana recuerda que a pesar de que en diciembre de 2019 el Estado peruano pidió disculpas por las muertes de periodistas entre los que se encontraba Felix Gavilán, en la actualidad está pidiendo a la CIDH que archive el caso que ante la misma se encuentra pendiente de estudio. Lainez se refiere al momento en que la Ministra de Justicia reconoció las vulneraciones a los derechos humanos de trece periodistas víctimas del periodo de violencia ocurrida entre los años 1980-2000 en el Perú, incluyendo a Melissa Alfaro y Felix Gavilán. Entonces Ana Teresa Revilla Vergara, pidió, señaló: “Pedir disculpas no es olvidar lo que pasó, negar o sentir compasión. Es asumir responsabilidad y compromiso”, señaló la Ministra.

Lainez dijo que no existe un solo caso en el que se pueda decir que existe justicia plena, que quienes perpetraron los asesinatos o dieron la orden de asesinar a nuestros colegas hayan pagado y estén respondiendo frente a la justicia y destacó que además del horror del asesinato la familia Alfaro tuvo que soportar entonces que “los perpetradores del crimen estaban en el poder en ese momento, la impotencia que tenía la familia en la lucha contra la impunidad era tremenda” y como han “tenido que superar años largos de estigmatización respecto al caso”. Para Lainez, “la justicia no se alcanza solo con el pedido de perdón sino con asumir las responsabilidades que le corresponden garantizando el acceso a la justicia, lo que no se está haciendo”.

La madre de Alfaro, Norma Méndez, recordó que en los años 90 con la Ley de amnistía y todas las puertas cerradas no pudieron hacer nada: “Después de 10 años pudimos empezar el proceso legal con APRODEH”. Subrayó que la importancia de la petición ante el CIDH “porque el Estado siempre nos da la espalda, no solo a mi, somos muchas las víctimas y periodistas”. Entre las causas de los retrasos con los que las autoridades justifican el retraso estas señalan la falta de presupuesto y pide al Gobierno mayor dotación presupuestaria y formación de jueces encargados para seguir los casos de graves violaciones de DDHH.

Respecto al procedimiento judicial contra Fujimori ante los tribunales peruanos afirmó que la investigación no ha empezado porque éste se escuda en su condición de anterior Presidente de la República y dudó de que lleguen a tiempo para castigarle por su edad y las continuas maniobras de nulidades y retrasos de las defensas, señalando la importancia que cobran los procesos judiciales de casos como el de la Universidad la Cantuta y Barrios Altos en los que Fujimori fue condenado por dichas masacres [la justicia peruana le condenó en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de delitos contra la humanidad por la muerte de 24 civiles indefensos y estableció que había cooptado las Fuerzas Armadas, siendo la cabeza de un aparato organizado, que giraba en torno al Servicio de Inteligencia Nacional y que había servido como medio para cometer delitos].

Norma desgrana otros casos en los que aparecen nombres de otros periodistas como Jaime Ayala por cuyo asesinato y el de otras 17 personas ejecutadas y 45 desaparecidas en Huanta en 1984 se inició el juicio este año 2022, entre otros, contra Augusto Gabilondo García del Barco, jefe de la Base contrasubversiva de Huanta.

García del Barco se encuentra fugado en España, a donde huyó antes del inicio del juicio y donde fue detenido en Málaga pero liberado tras comparecer ante la Audiencia Nacional, con medidas cautelares, pendiente del resultado del proceso de extradición. Este exmilitar tiene otra condena por el asesinato de Ricardo Benito Baldeón, razón por la que se espera que INTERPOL, autoridades peruanas y españolas pongan los medios para evitar que escape la acción de la justicia.

Igor Alfaro, quien tenía solo trece años en 1991, acompañó a su madre y, tras finalizar la rueda de prensa, respondió sobre los avances y retrocesos en la sociedad peruana durante estos años: “desde los años 90 han habido avances por parte de la sociedad civil, familiares, organizaciones de DDHH en materia de recuperación de la memoria”.

Citó como ejemplos la creación en 2004 de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la pelea de familiares en Cantuta y Barrios Altos, donde se consiguió judicializar un caso de lesa humanidad contra el ex-presidente Fujimori, la instalación por parte del Estado y de la sociedad civil del lugar de la memoria “el Ojo que Llora”, en Lima, otros avances en provincias, como en Ayacucho [epicentro del conflicto interno peruano].

La familia Alfaro tiene su esperanza depositada en la justicia internacional

“El contraste es que estos avances no son suficientes, por la cantidad de casos que han habido, y que siguen habiendo con las violaciones y asesinatos de mujeres y casos trans-odio que se han incrementado”. Además, añadió, la estigmatización que sufren quienes, como ellos, siguen luchando porque avance y mejore la situación de DDHH porque "una gran mayoría de la población ha comprado el cuento de que Fujimori acabó con el terrorismo, que fueron excesos y no casos de violaciones de DDHH". Para Igor “una parte de la sociedad sigue pensando que el fujimorismo es una opción política a pesar de que tiene evidencias de que su gobierno fue uno de los más corruptos y autoritarios que ha tenido el país”, algo que compara con una especie de síndrome de Estocolmo y que atribuye, entre otros factores “a la desigualdad social, grandes medios de comunicación manejados por grandes poderes empresariales, los vestigios de la militarización de la educación, especialmente en la escuela publica, y la injerencia de la religión, muy presente en nuestra educación, que marca a la población con una idea de disciplina mal entendida”. “Han habido avances en la población pero insuficientes, el estado no tiene respuesta a la necesidades de los familiares, para garantizar los derechos y un mínimo de justicia”, concluyó.

La CIDH y la Corte Interamericana son organismos internacionales que han tenido un papel fundamental en los logros alcanzados durante todos estos años en relación a la lucha contra la impunidad en Perú, especialmente determinante fue la intervención de la Corte este año 2022 para frenar la excarcelación de Fujimori tras la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial en marzo pasado y ponerlo en libertad. La familia Alfaro tiene su esperanza depositada en la justicia internacional como mejor garantía para que la justicia se abra paso en un Perú donde los hilos del fujimorismo todavía hacen notar su fuerza.

Luis Mangrané es abogado y miembro del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental