Aquí nos encontramos ante un caso que pone de relieve dos maneras de afrontar los hechos: la de los que ven el lado práctico de las cosas, sin pararse en otras consideraciones, lo importante es el resultado, y la de los que creen que hay que cumplir las normas, aunque eso suponga disgustos y alguna molestia.

Resumen sumario de los hechos:

1º El 18 de mayo de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la llegada a España de forma ilegal del líder del Polisario, Brahim Ghali, unas 12.000 personas cruzaron irregularmente la frontera en Ceuta, en la zona próxima al espigón del Tarajal. De ellas, 1.108 eran menores, incluso había niños de 4 o 5 años de edad.

2º Una parte de esos jóvenes, que según la propia versión del Gobierno llegaron engañados a España por su Gobierno, decidieron volver a su país. Pero muchos se quedaron en Ceuta, creando un problema grave, ya que la ciudad carece de los servicios necesarios para hacer frente a esa avalancha de inmigrantes.

3º El 11 de agosto de 2021, se produjo una reunión en un lugar cercano a la frontera entre representantes del Gobierno español (asiste el número 2 de la delegada del Gobierno, ya que esta, Salvadora Mateos, se encontraba con Covid, la número dos del gobierno autónomo, María Isabel Deu, y el máximo responsable de la Policía) y representantes del Gobierno de Marruecos.

4º Se acordó repatriar a 145 menores bajo el paraguas de un acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos. La reunión fue muy ejecutiva, ya que allí mismo había un autobús preparado para la repatriación de los primeros 45.

Siempre tiene que haber un Pepito Grillo. Y allí lo había. La responsable de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, manifestó que esa repatriación carecía de procedimiento y no era acorde con lo establecido en la ley de Extranjería. No la hicieron ni caso.

Al día siguiente de la citada reunión, Antonia Toñi Palomo remitió un escrito al fiscal de Ceuta, José Luis Puerta Martí, en la que daba cuenta de lo sucedido, que, en su opinión, no era "acorde con la legislación nacional, europea e internacional". El 15 de agosto, Toñi Palomo volvió a remitir un escrito al fiscal después de que la activa ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces denunciara públicamente el caso.

El 16 de agosto, el juzgado de lo contencioso número 1 de Ceuta acordó la suspensión de la repatriación. Aún así, con ese expeditivo método, 55 adolescentes fueron trasladados contra su voluntad a Marruecos.

Tanto la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, como la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta (que dimitió de su cargo tras ser imputada) tendrán que declarar el próximo día 7 de septiembre por un presunto delito de prevaricación.

Desde el primer momento, la responsable de Menores de Ceuta advirtió de la ilegalidad de la repatriación de menores, que se hizo con la aprobación de Interior

La cuestión es si el ministro del Interior estaba al tanto del chanchullo, que implicaba la vulneración de nada menos que diez preceptos legales.

Por la documentación aportada al sumario sabemos que, al menos, el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez Ruiz, conocía los hechos, ya que la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta le remitió a su secretaría particular un correo haciendo mención de los hechos y de la remisión al acuerdo de España y Marruecos de 2007 para llevar a cabo la repatriación. Por otro lado, la delegada del Gobierno, ha declarado que todo se hizo siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior.

En un asunto tan espinoso, es normal que intervenga el máximo nivel del Ministerio del Interior, del que depende la política de extranjería.

Y si lo sabía el secretario de Estado, lógicamente debía saberlo el ministro, Fernando Grande-Marlaska, que públicamente -antes de conocerse los documentos citados- ha negado saber nada sobre ese asunto. Suele ser su modus operandi.

Sin duda, la decisión de expatriar de mala manera a los jóvenes de Ceuta fue una idea del Gobierno. Para ello, contaba con la colaboración del Gobierno autónomo, que aunque sea del PP, quería quitarse de encima el problema como fuera.

Así que se fue a lo práctico. Se echó mano de un acuerdo que la ley de Extranjería deja obsoleto y se puso en marcha la operación. Con lo que no contaban era con que una funcionaria, en este caso Toñi Palomo, cumpliera con su obligación, aún a pesar de que eso le supusiera tener que enfrentarse al Gobierno de Ceuta y al Gobierno de España.

Toñi, por cierto, es socialista y fue dirigente del PSOE durante mucho tiempo. Pero siempre ha llevado a gala decir lo que pensaba y hacer lo que debía hacer. Cuando fue secretaria general del PSOE de Ceuta formó parte de la Ejecutiva del partido, hasta que presentó su dimisión en 2007. Ya entonces era conocida por no callarse, aunque eso le crease problemas. Zapatero decía de ella que era "la que nos echa la bronca a todos". Incluido a él.

Por suerte, en ese caso, había una Toñi Palomo. En este país necesitamos más gente así y menos con un malsano sentido práctico.