En su primera entrevista tras las vacaciones, Pedro Sánchez acusó en la Cadena Ser a Núñez Feijóo de hacer un uso "espurio" del terrorismo. "El PP acercó a cientos de presos mientras ETA mataba y tenía personas secuestradas".

Un día antes, el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco habían acordado el acercamiento a cárceles del País Vasco de varios etarras, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu (Txapote) y Henri Parot. El primero, condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez o José Luis López de Lacalle, entre otros; el segundo fue condenado por su participación en 80 asesinatos.

El líder del PP acusó al presidente de "aceptar el chantaje de Bildu" en un acto en Zaragoza, ligando el acercamiento de presos al apoyo del partido abertzale a Sánchez en el Congreso.

La trifulca está montada. Y no es la primera vez. El problema es que, en esta ocasión, el presidente ha mentido.

El periodista Charles Prestwich Scott, con motivo del centenario del rotativo británico The Guardian (abril de 1921) escribió un editorial en el que dejó escrita una frase que hizo historia: "Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados". Un siglo después, la sentencia sigue teniendo valor, aunque la mentira forma parte del debate político. Hasta tal punto esto es cierto que Pablo Iglesias (ex líder de Podemos) declaró en enero de este año: "Ya no soy político, puedo decir la verdad".

El PP, durante el mandato de Aznar, hizo, en efecto, acercamientos de etarras a cárceles cercanas al País Vasco, y algunos incluso a cárceles vascas. En total, entre 1996 y 2000 el Gobierno de Aznar acercó a 163 presos etarras.

Los primeros 32 traslados se produjeron en junio de 1996. Justo durante una tregua de siete días declarada por ETA. En junio de 1997 se trasladaron a 5 presos por su evolución positiva. Ya se estaban produciendo algunas grietas en el frente carcelario.

Los acercamientos de etarras durante la época de Aznar fueron fruto del consenso y se hicieron en periodos en los que ETA no mataba ni secuestraba, como afirmó el presidente del Gobierno

El 16 de septiembre de 1998 ETA declaró un "alto el fuego unilateral". El 20 de octubre de ese mismo año, el entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, declaró: "Aunque duela, tendrá que haber indultos, excarcelaciones y reducciones de condena". Sin duda, la declaración de tregua, que se produjo cinco días después del llamado Pacto de Lizarra, firmado por todas las fuerzas nacionalistas vascas, despertó grandes expectativas sobre el final de ETA. El 3 de noviembre, el presidente Aznar anunció el establecimiento de contactos directos con ETA y una semana después, por unanimidad, el Congreso de los Diputados pidió al Gobierno medidas en favor de la paz. La noche anterior a esa votación, PP y PSOE pactaron la política de acercamientos de etarras como una forma de ayudar al proceso de paz. El 4 de noviembre, Aznar confirmó que había autorizado personalmente "contactos con el Movimiento Vasco de Liberación" para acreditar la voluntad de ETA de dar pasos en el camino hacia la paz. Una frase que le perseguirá mientras viva y que el PSOE saca a la luz cada vez que el PP critica los pactos del Gobierno con Bildu.

La tregua duró algo más de 14 meses: desde septiembre de 1998 hasta el 28 de noviembre de 1999. Y fue durante ese alto el fuego cuando se llevaron a cabo un total de 131 acercamientos. El primero en octubre de 1988 (4 acercamientos); el segundo en diciembre (21 presos fueron trasladados desde Ceuta, Melilla y Canarias a la península); el tercero (un etarra), en febrero de 1999, y el último y más importante, llevado a cabo el 7 de septiembre de 1999 (105 presos).

Es decir, que los traslados se produjeron, en primer lugar con consenso político y, en segundo lugar, cuando ETA no mataba ni secuestraba.

La lucha contra ETA no se frenó durante los 14 meses de tregua. Había gestos, sí, y unas conversaciones discretas entre el Gobierno y ETA llevadas a cabo en Zurich, pero, al mismo tiempo, continuaba el trabajo policial. El 9 de marzo de 1999, en plena tregua, la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, detuvo en París a seis miembros de ETA, entre ellos el jefe de los llamados comandos ilegales, José Javier Arizkuren Ruiz (Kantauri).

Poco más de un año antes de la tregua, ETA asesinó al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, al no ceder el Gobierno de Aznar al traslado masivo de presos al País Vasco. Por ello, decir que el PP trasladó a etarras "mientras ETA mataba y secuestraba" es un insulto a la verdad. Si Aznar trasladó, como dice Sánchez, a presos mientras ETA asesinaba, ¿por qué no cedió a su chantaje y salvó la vida del joven concejal?

Se han dado cifras de todo tipo. Fuentes socialistas han llegado a elevar el número de trasladados al País Vasco entre 1996 y 20o4 (los años que gobernó Aznar), a más de 400. Sin embargo, esa cifra no se corresponde con la realidad. Pregunto sobre esa cuestión a Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP desde 2019, y secretario de la Presidencia, hombre clave en la política antiterrorista de Aznar desde 1996 a 2004, y uno de los participante en las conversaciones con ETA en Suiza.

- ¿Hubo acercamientos de etarras después del fin de la tregua?.

-"Que yo recuerde, ninguno significativo. Siempre hay movimientos por razones técnicas, pero ninguno significativo porque no había lugar a nada".

ETA volvió a matar y se volvió a la política de dispersión. Otra cosa es que, desde el Gobierno, se estén usando traslados rutinarios para sumarlos como si fueran acercamientos por razones políticas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya comparecencia en el Congreso han pedido PP, Ciudadanos y Vox, fue el pasado viernes más comedido que el presidente y no habló de los traslados en tiempos de Aznar. Se limitó a justificar el traslado de Txapote y Parot porque "ya no se aplica la dispersión de etarras", una vez que ETA ha sido derrotada.

Esa es una opinión. Podemos estar o no de acuerdo, pero el ministro del Interior, al menos, no ha recurrido a la mentira.

Por ir al fondo del asunto. El traslado de asesinos en serie como Txapote o Parot entra dentro de la legalidad. Se está aplicando la legislación penitenciaria. Otra cuestión es si es legítimo tomar esa medida con criminales de esa catadura. Sobre todo, ahora que el Gobierno vasco tiene cedidas las competencias en prisiones y que ello le permitirá tomar medidas de gracia sin que el Gobierno central pueda hacer nada.