Una asociación "estable como las montañas". Así define Pekín la relación con Moscú tras el encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping el pasado jueves en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Ambos países se presentan como potencias mundiales con responsabilidades en la estabilidad de un mundo en desorden y cambios constantes. 

Putin sale de este encuentro en Uzbekistán sin una clara señal de apoyo a su guerra ilegal contra Ucrania, algo esperable en el marco de la tradicional política exterior china: ni condena la invasión ni apoya explícitamente a Rusia. Una inteligente pasividad en el escenario del debilitamiento de la economía rusa que, en su búsqueda de alternativas, incrementará la dependencia de China. La cooperación "como las montañas", es, de hecho, un aprovechamiento de la situación en beneficio propio y un afianzamiento del liderazgo chino

Xi Jinping se enfrentará el próximo octubre al XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que busca establecer la nueva hoja de ruta nacional e internacional hasta 2028. De él emergerán el Comité Central, el Politburó, el Comité Permanente y el secretario general del Partido. Lo que Pekín busca es dar un salto cualitativo en el afianzamiento de la Estrategia Integral de Cuatro Puntas –prosperidad, reformas, legalidad y mando estricto del Partido- y pasar de una "sociedad acomodada" a "un país socialista moderno". En el plano internacional, mantener el liderazgo indiscutible en Asia y asegurar su influencia siempre creciente en África y América Latina. 

Lo que, a pesar del empeño en poner por delante montañas de constante crecimiento y expansión económica y de la intensidad de su presión diplomática no consigue ocultar el Partido Comunista Chino a los ojos de la comunidad internacional es el genocidio en curso que practica contra la población uigur y otras minorías en el país. 

La cuestión uigur y las relaciones con China han sido probablemente la gran piedra en el zapato en los cuatro últimos años de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, liderada hasta finales de mes de agosto por Michelle Bachelet.

Durante tres años, expertos de la ONU estuvieron investigando la situación de la minoría musulmana uigur bajo el régimen chino. Pero el informe nunca se publicaba. La espera --injustificada e injustificable-- llegó a su máximo momento de tensión tras la visita en mayo de la Alta Comisionada a China. El tiempo, y la consulta del informe con las autoridades, parecían ir a contrarreloj de la verdad, de que el informe reflejara claramente la realidad investigada. Bachelet denunció públicamente a finales de agosto las enormes presiones recibidas y el informe salió en los últimos minutos de su mandato. 

Las condiciones de los campos de concentración de estas minorías en la provincia autónoma de Xinjiang son abominables

Las descripciones son aterradoras: muestran un genocidio en curso. 

Hablamos de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias de minorías musulmanas, deportaciones forzosas en colaboración con terceros estados, tortura y trabajo forzado que se describen como crímenes de lesa humanidad. Las condiciones de los campos de concentración de estas minorías (los llamados "campos de entrenamiento y educación vocacional"), justificados por China en el marco de la "lucha contra el terrorismo y el extremismo" en la provincia autónoma de Xinjiang, son abominables y se ceban especialmente también en las mujeres a través de vejaciones, torturas y violaciones que aparecen descritas en el informe. El ensañamiento es planificado e incluye medidas de esterilización forzada, control y restricciones en materia derechos sexuales y reproductivos… Todo ello nos hace evocar un genocidio, un plan intencional para liquidar a la población uigur. 

Pero las conclusiones han tenido un impacto discreto sobre la comunidad internacional.

En esta situación, y en el contexto de enfrentamiento entre bloques en el que China se sabe necesaria en el plano económico, desde la Unión Europea no podemos seguir diciendo esto es lo que hay, no podemos quedarnos en el business as usual. No.  El discurso de la solidaridad y los valores de la Unión reforzado por la guerra criminal contra Ucrania debe ser aplicado con coherencia en todos los contextos.

El Parlamento Europeo se pronunció tajantemente el pasado año cuando, en represalia por las sanciones que estableció la UE por violaciones de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, China respondió con sanciones a eurodiputados y al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Mientras no se levanten dichas sanciones, el Parlamento mantendrá congelada cualquier discusión sobre el Acuerdo de inversiones concluido a finales de 2020. 

Los derechos humanos no pueden estar en alquiler ni en venta. Por ello, propuestas como la nueva ley de diligencia debida obligatoria, cuya tramitación comenzará en el Parlamento en los próximos meses, y que obligará a las grandes empresas a asegurar que no se cometen violaciones en sus cadenas de valor, y la propuesta --anunciada este miércoles por el Comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis-- para prohibir la entrada en el mercado de la UE de productos procedentes del trabajo forzoso son horizontes fundamentales en los que tenemos la oportunidad de demostrar hasta dónde llega nuestro compromiso. 

Quienes gozan de impunidad internacional tienden de manera natural a reforzarse. Sabemos que las consecuencias que hoy está teniendo la guerra en Ucrania han sido posibilitadas por la impunidad de la que Putin gozó en el pasado. Es una lección que no podemos olvidar. Nuestra omisión al actuar hoy refuerza las próximas impunidades. El reto es saber combinar la urgencia de nuestras necesidades con una acción coherente con nuestros valores. 

Es eso lo que hace de la UE un proyecto diferente. Es eso, precisamente, lo que nos hace fuertes. 

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos.