Guerra de impuestos: ¿Beneficio para los ciudadanos o puro electoralismo?

Asisto atónito, en los últimos días, a una carrera desaforada entre responsables políticos de distinto signo por ver quién se apunta primero el tanto de bajar los impuestos. Una auténtica guerra abierta en la que hay múltiples y complejos frentes. Unas trincheras que van entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y las que rige el PSOE, entre los ‘barones’ territoriales del partido que lidera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el propio ejecutivo, y entre los dos socios de la coalición gubernamental, el PSOE y Unidas Podemos, partido este último que incide con especial énfasis en gravar a quienes más renta y patrimonio disfrutan. ¿De que va en realidad todo esto?

Sin entrar en tecnicismos, que me interesan menos que el análisis puramente político y el del impacto real en la sociedad de esta ‘carrera fiscal’, hemos contemplado en los últimos días una cascada de declaraciones y una ‘loca’ presentación de decenas, casi cientos, de medidas destinadas a reformar buena parte de la legislación fiscal e impositiva. Unos anuncios, por parte de representantes del gobierno central y también de algunas comunidades, que reflejan sensibilidades diferentes, en las que quiero entrar para tratar de entenderlas y analizarlas, y posiciones que -en apariencia- han ido variando en apenas pocos días, pero de las que lo único que realmente me preocupa es si van a redundar en beneficio de una ciudadanía ya muy castigada por la crisis o se tratará, una vez más, de puro ‘postureo’ electoral de unos y otros.

Lo único que me preocupa es si van a redundar en beneficio de una ciudadanía ya muy castigada por la crisis o se tratará de puro 'postureo'

Ayuso y Moreno arrancan… y el resto corren tras ellos

Por situar en algún punto el inicio de este primer sprint político del nuevo curso político, todo arranca -como casi siempre- con el anuncio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de un paquete de medidas destinadas a ‘tocar’ a la baja los tramos autonómicos del IRPF -el que realmente importa más a los ciudadanos porque su impacto es el más directo- y la supresión, por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del impuesto de patrimonio. Este último ha detonado una pelea política de alto voltaje puesto que la repercusión directa de la medida, en cálculos del propio Ministerio de Hacienda, es de 110 millones de euros. Una merma en la recaudación de las arcas públicas que, en opinión del gobierno que preside Pedro Sánchez, es difícilmente asumible con la situación de crisis que atraviesa España, al igual de la totalidad de países de nuestro entorno.

¿Es el gobierno el más beneficiado por la inflación o esto es pura demagogia?

El castigo que supone una inflación de casi dos dígitos, un 9 por ciento según los recientes datos del INE, ha llevado en los últimos meses a la dirección nacional del PP -y a sus terminales autonómicas- a exigir al gobierno una deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); es decir, no una reducción de impuestos como tal pero sí ‘tocarlo’ a la baja, en un porcentaje similar, para evitar que el ciudadano pierda de forma adicional ese poder adquisitivo. Aduce el equipo de Alberto Núñez Feijóo, tanto él mismo como los responsables económicos del PP, que el principal beneficiario de esta elevada inflación -el ‘impuesto de los pobres’ lo llaman los economistas- sería el propio ejecutivo, que recauda casi un diez por ciento más. El equipo gubernamental de Pedro Sánchez aduce, no sin cierta razón, que el impacto de la inflación es global y que no es achacable a la acción del ejecutivo sino a una crisis de oferta provocada por la guerra de Ucrania y no por un exceso de demanda -y de liquidez- por parte de los ciudadanos como suele ser habitual, lo que convierte la situación en especialmente delicada. 

¿Los ‘barones’ socialistas a su aire?

Lo cierto es que a las llamadas al orden y a la disciplina presupuestaria, que es lo que toca, por parte de la responsable de Hacienda, la ministra Montero, se ha sucedido casi en cuestión de horas, de pocos días, un frenesí de responsables autonómicos socialistas -de los populares era de esperar- encabezado por el valenciano Ximo Puig y seguido por el extremeño Guillermo Fernández-Vara, anunciando beneficios y rebajas. Sospechan muchos, no sólo desde la oposición o los medios de comunicación más críticos con el gobierno, que el motivo real no sería el de beneficiar a la mayoría de la población, sino tratar de no resultar antipáticos a ojos del electorado, a menos ya de ocho meses de unas decisivas elecciones municipales y autonómicas datadas para mayo de 2023 que podrían dar un vuelvo a la situación de algunas comunidades y muchos ayuntamientos… o no. Me preocuparía llegar a esta conclusión y quiero seguir pensando que la mayor responsabilidad política siempre es exigible a quien tiene el timón de la nave del Estado, y no tengo la sensación de que, ni Pedro Sánchez, ni Nadia Calviño, ni Yolanda Díaz ni María Jesús Montero, hayan hecho dejación de ella. 

El difícil papel de una ministra de Hacienda

La ministra Montero tuvo que reconocer en el Congreso, el pasado miércoles 28 de septiembre, que las comunidades socialistas no han tenido más remedio que recurrir a estos anuncios, en algunos casos como el de Puig tras haber criticado las rebajas ‘populares’, para no quedar en peor situación que las del PP de cara a una precampaña electoral que se anuncia ‘a cara de perro’. Tiene sentido. El papel del responsable de Hacienda de cualquier gobierno es siempre endiablado: es el que tiene que dar o quitar dinero a sus propios compañeros de gabinete, lo que unos obtienen se merma en otros departamentos… y también organizar el de los ciudadanos, entendido en forma de recursos públicos. No le envidio la responsabilidad a la señora Montero. 

La oposición, en este caso como en otros, lo tiene más sencillo; le basta con decir que el mejor dinero es el que está en los bolsillos de los ciudadanos, olvidando que en una terrible situación de crisis, como a la que se enfrentaron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro en 2012, la propaganda electoral deja de tener sentido porque cuando se gobierna es cuando se ve el dinero que queda en la caja del Estado, que mengua a velocidad del rayo… y el ciudadano también quiere ver que los servicios públicos no sufren ni se recortan: con la educación o la sanidad públicas no se juega. Sería exigible por tanto un ejercicio de responsabilidad de todos los actores políticos -también de los medios- y saber conjugar ponderadamente los intereses de los votantes a la hora de que no sufran recortes con el hecho de que pierdan el menor poder adquisitivo posible. ¿Quién dijo que gobernar fuera fácil?

Gobernar es elegir; y asumir en ocasiones medidas impopulares que, pasado el tiempo, con perspectiva, se entienden mejor como inevitables, pero que en caliente tienen una ‘venta’ complicada. Espero que los responsables públicos sepan estar, en este momento que es especialmente difícil, a la altura de las circunstancias, anteponiendo los intereses generales por encima de los suyos propios de partido. ¿Estaré pidiendo un imposible?