Rusia es un Estado agresor que día tras día sigue cometiendo crímenes atroces contra la población ucraniana. Esta es una evidencia consolidada a través de las imágenes que desde febrero han ido ocupando nuestras pantallas y nuestras conciencias, y que ha constatado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de su Comisión de Investigación sobre Ucrania.

Mientras tanto, se sigue dando vueltas a cómo llamar lo que ocurre en Ucrania. ¿Estamos ante un genocidio? ¿Existe la intencionalidad, la expresa voluntad de aniquilación de un grupo social que esta designación requiere según el Estatuto de Roma? 

Quizá las preguntas que hay que hacerse son otras. ¿Qué aportan uno u otro apelativo a la realidad del pueblo ucraniano? ¿Hay acaso una jerarquía de gravedad entre unos y otros crímenes? 

Durante las últimas semanas, y tras la petición del presidente Zelenksy en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el debate se ha centrado en la discusión sobre la designación o no de Rusia como Estado terrorista. En el Parlamento Europeo debatimos esta cuestión en el último pleno de Estrasburgo.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (de la que Rusia formaba parte hasta su expulsión el pasado mes de marzo) fue la primera instancia en la que se dio este paso hacia el reconocimiento de Rusia como Estado promotor del terrorismo de manera oficial el pasado 13 de octubre. Diferentes países se han movido en la misma dirección: Lituania, Letonia, Estonia y, recientemente, el senado de Polonia. ¿Podría esto tener consecuencias sobre la situación?  

La designación de Rusia como Estado patrocinador del terrorismo es difícilmente reversible, lo que tendría implicaciones en el caso de un potencial acuerdo o negociación futura"

Desde luego que la designación es un símbolo, pero es mucho más que eso; podría tener resultados negativos o contraproducentes a medio y largo plazo. La denominación de Rusia como Estado patrocinador del terrorismo es difícilmente reversible, lo que tendría implicaciones en el caso de un potencial acuerdo o negociación futura. Además, esto no tiene ningún efecto real si no se hace de manera coordinada por distintos estados, y la Administración estadounidense ya ha manifestado sus recelos en torno a la posibilidad de designar a Rusia como tal. 

Ni para el terrorismo, ni de forma particular para el terrorismo de estado, hay una definición clara a nivel internacional. No se define ni se abarca en el marco del Estatuto de Roma, columna vertebral de la Corte Penal Internacional. No existe en el Derecho Humanitario. Extender por tanto oficialmente esta definición a un Estado tiene consecuencias, pero lo cierto es que, en la práctica, en la Unión Europea estamos lejos de poder asegurar a Ucrania que dar este paso pueda llevar a una mejora sustancial de la situación. Además, la UE carece por ahora de un marco legal en el que esta designación pueda caber, tal y como señaló el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad durante el último debate de pleno. 

La UE ha tomado y sigue tomando acciones contra la guerra de Vladimir Putin a través, primordialmente, de los ocho paquetes de sanciones que se han ido imponiendo de manera gradual, la más reciente a principios de octubre. 

Mientras, la investigación contra la impunidad sigue su curso, también de la mano del apoyo que la comunidad y la justicia internacionales están dando al coraje y al empeño que Ucrania pone en la búsqueda de la justicia, tanto desde el Estado como desde la sociedad. El Centro de Libertades Civiles (CCL) de Ucrania ha sido galardonado recientemente con el Nobel de la paz. Fundado en 2007 y dirigido por la abogada Oleksandra Matviichuk, desde el principio de la guerra se ha centrado en la investigación de los crímenes en curso. 

Apoyar a las organizaciones que están documentando sobre el terreno lo sucedido sigue siendo la principal prioridad que puede dar un horizonte de esperanza a las víctimas. El CCL y otras muchas organizaciones continúan insistiendo en la necesidad de establecer un tribunal especial para Ucrania.

Como ya señalaba hace unos meses, más allá del proceso abierto contra los responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, necesitamos encontrar acceso a una jurisdicción que condene a Putin y a los altos cargos del Kremlin por el crimen de agresión que cometen contra Ucrania. Ya existe un consenso en la denominación de Rusia como estado agresor. Existe una tipificación de este delito, y su proceso probatorio es más accesible que el del resto de crímenes internacionales tipificados. Por tanto, ¿por qué no dar pasos donde ya existe un camino?

La UE debe promover el establecimiento de un tribunal especial en su territorio. Debe encontrar un banquillo para Putin. Para ello se necesitaría una decisión unánime por parte de los Estados Miembros y la incorporación al ordenamiento jurídico de todos ellos del delito de agresión. 

Por eso, más allá de las designaciones que pueden convertirse en papel mojado, hay pasos concretos que sí pueden darse para acercarnos a la justicia. Seguir apoyando a la sociedad ucraniana, seguir trabajando con su fiscalía para recabar pruebas e investigar los delitos. Pero también impedir que Putin, culpable de decenas de miles de muertes, de torturas y violaciones y del éxodo de millones de refugiados, pueda pasearse en el futuro por las alfombras de los foros internacionales. Lograrlo es una necesidad para el pueblo ucraniano y para la lucha contra la impunidad. 

El caso de Ucrania puede sentar un precedente. Introducir el delito de agresión en los ordenamientos jurídicos de los Estados es un avance concreto que sigue pendiente, también para España. La inclusión de una modificación en el título XXIV de la Ley orgánica 10/1995 de nuestro Código Penal sobre delitos contra la Comunidad Internacional para añadir un nuevo capítulo que tipifique el delito de agresión debe ser el primer paso que demos. 

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos