El 1 de enero de 2023, cuando Lula da Silva jure el cargo de presidente de la República de Brasil, el país entrará en una de las etapas más interesantes de su historia reciente. El presidente será de una tendencia, la mayoría de los gobernadores federales de otra y las cámaras legislativas de otra. Este esquema de poderes dibujará una serie de equilibrios constitucionales, que debido a la polarización existente, pondrán a prueba su sistema político. Lula no solamente contará con tener las cámaras legislativas, Senado y Cámara de Diputados en contra, sino que también la mayoría de los gobernadores pertenecen a la oposición. 

Normalmente en escenarios así, y más en un país con el modelo judicial de Brasil, es muy posible que volvamos a tener a jueces como protagonistas del día a día. La estructura judicial actual tiene como resultado que el Tribunal Supremo Federal (STF) tenga competencias como último recurso al ejercer de Corte Suprema, como también de custodiar la Constitución al ejercer de Tribunal Constitucional.

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) se encarga de interpretar la legislación federal brasileña. Todos aquellos asuntos, salvo los laborales, electorales y militares, recaen en el Tribunal Superior, y los de carácter constitucional en el Supremo. Así pues, cualquier litigio que pueda existir entre los estados federativos y el Estado puede desembocar en uno u otro tribunal. 

Una de las tareas pendientes en este nuevo periodo es volver a restituir la confianza en los tribunales de justicia, así como su legitimidad"

Esto puede tener como consecuencia de la alta polarización que los tribunales y sus decisiones sean utilizadas políticamente, pues con el precedente de Sergio Moro tan reciente, quien pasó de encerrar a Lula por corrupción, aunque después se desmontó el caso y fue acusado de haber sido parcial, a ser ministro de Justicia de Bolsonaro, la neutralidad institucional de las cortes de justicia queda en entredicho. Así pues, una de las tareas pendientes en este nuevo período es volver a restituir la confianza con los tribunales de justicia, así como su legitimidad.

También se ha hablado, y Lula da Silva lo hizo en su primer discurso, de gobernar para todos. A diferencia de otros países, Brasil como sistema presidencialista el presidente dirige el poder ejecutivo y también el gobierno federal. Esto significa que puede iniciar procesos legislativos, sancionar y promulgar leyes, vetar proyectos de ley total o parcialmente, nombrar jueces, intervenir federalmente en los estados federativos, entre otras cosas. 

De esta manera, existe un equilibrio de contrapesos entre el poder ejecutivo y el legislativo, como también entre el poder federal y el de los gobernadores de los estados. Y es en este punto donde será imprescindible el consenso como tal.

Como consecuencia de los resultados electorales, ciertas leyes podrían ser vetadas por Lula como presidente, de la misma manera que procesos legislativos que se iniciarán desde el gabinete ministerial puedan acabar siendo rechazados en las cámaras legislativas. Por este motivo cualquier ley deberá contar con el respaldo de izquierda y derecha, sea por decisión de veto, de recurrir a instancias judiciales, o por rechazar las misma en el Congreso de Diputados. O realmente se gobierna "para todos" o habrá cinco años de bloqueo mutuo.

Más allá del poder judicial, del poder ejecutivo y el poder legislativo, en Brasil existe un cuarto poder que no es la prensa, son las fuerzas armadas. Durante el período de Bolsonaro como presidente la imagen de las Fuerzas Armadas se Brasil se ha deteriorado porque se han vinculado con sus principios políticos. Y lo mismo ha sucedido con las fuerzas policiales.

Este tercer mandato tendrá que ser profundamente constitucionalista, pues solo así podrá acabar con hiperpresidencialismo que ha caracterizado el mandato de Bolsonaro"

Existe pues un sesgo que Lula da Silva, en estos cinco años, tendrá que reformar. El hecho que se sospechara de un golpe de Estado, o de una impugnación militar y policial de los resultados, reflejan la percepción de una parte del país. Dada su relevancia social, es imprescindible que vuelvan a ser percibidos como de todos y para todos. En conclusión, la tarea de Lula da Silva a partir de enero no solamente consistirá en gobernar y despolarizar el país, sino que también será la de vertebrar de nuevo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Este tercer mandato tendrá que ser profundamente constitucionalista, pues solo así podrá acabar con este hiperpresidencialismo que ha caracterizado el mandato de Bolsonaro. Esta deriva que deformaba el sistema político brasileño, y lo ponía contra las cuerdas de la legitimación.

Tendremos que estar atentos que sucede de aquí a que jure el cargo, pues existe un período de transición de dos meses. Y una vez empiece, se tendrá que seguir si cumple con lo prometido en el discurso de victoria, gobernar para todos, y volver a hacer grande Brasil. 

Guillem Pursals es politólogo, máster en Seguridad, especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.