Guerra de relatos en torno a la reforma del delito de sedición

Acaba de declararse otro ‘tsunami’ político. El enésimo de esta legislatura, aunque ya sé que cada vez parece que esté a punto de acabarse el mundo. Soy consciente de que a los políticos les interesa mantener la tensión, aunque no estoy seguro de que la gran mayoría de los ciudadanos opine lo mismo, pero lo cierto es que, en los próximos días, lo que vamos a tener por delante es el debate que ya estaba abierto y que en la noche del jueves remachó en La Sexta el presidente del Gobierno. Tal y como se venía anunciando, el parlamento va a reformar el delito de sedición en el vigente Código Penal para acomodarlo a un tratamiento similar al que este tipo de figura legal tienen en el resto de los países europeos. No me propongo hoy abordar este asunto desde el punto de vista ideológico, sino más bien como un choque de relatos, en los que juegan un papel destacado los liderazgos políticos.  

Gobernar es una tarea complicada. Lo es en una organización social o empresarial y aún más lo es cuando la responsabilidad alcanza un país entero o una institución supranacional. Pedro Sánchez, que podrá ser acusado de otras muchas cosas, pero no de la de no contar con un modelo de liderazgo muy definido y extraordinariamente personal, lo sabe bien. Una de sus cualidades más destacadas es la percepción de los tiempos, y aunque la oposición y una parte de los medios de comunicación llevaban semanas anunciando el apocalipsis de una presunta impunidad para los secesionistas catalanes a cambio de su apoyo al gobierno de coalición que preside Sánchez para sacar adelante los presupuestos, no ha sido hasta el pasado jueves cuando el jefe del Ejecutivo lo ha anunciado en una entrevista televisiva en La Sexta con Antonio García Ferreras.  

Pedro Sánchez frente a una prueba muy difícil

En Europa, las penas no son suaves, sino que más bien son como mínimo equiparables a las que contempla la legislación española

Consciente del aluvión que iba a caer sobre él de forma instantánea, el también líder del PSOE comenzó a articular un relato bastante didáctico, pero también de un notable contenido jurídico y político, en el que puso toda la carne en el asador a la hora de convencer a la ciudadanía de la necesidad de adecuar una figura legal que data de 1822 a nuestras actuales exigencias y de colocarla en paralelo a otros códigos legislativos de otras naciones de nuestro entorno, como Francia, Italia, Bélgica o Suiza. 

El tratamiento penal en Europa no es más suave que en España, incluso con cadena perpetua

En este punto, hay que precisar que, en Europa, el delito de sedición, así nominado, no existe como tal. Y que las penas no son suaves, sino que más bien son como mínimo equiparables a las que contempla la legislación española o incluso más duras, llegando en algunos casos a la cadena perpetua. Es por tanto una comparación compleja y arriesgada. 

En el actual Código Penal español, el delito de sedición es contemplado como ‘del delito de aquellos reos que no están comprendidos en el delito de rebelión pero que se alzan pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales’. Las penas, oscilan entre los 10 y los 15 años y llevan aparejada la inhabilitación absoluta. La rebelión en cambio se castiga con penas de entre 5 y 10 años de prisión.

Si se transforma el tipo legal en el de ‘desórdenes públicos agravados’, las penas van de seis meses a tres años de cárcel. La merma es brutal. 

En Europa, concretamente en mi querida Italia, los llamados delitos de resistencia contemplan penas de entre 5 y 6 años, pero pueden llegar a los 12 años de prisión si alcanzan ataques violentos contra la unidad del Estado. En Alemania, contemplando igualmente el uso de la fuerza y el objetivo de cambiar el orden constitucional, pueden llegar incluso a la cadena perpetua. En Francia, los ataques a los intereses fundamentales de la nación con carácter insurreccional pueden llegar incluso a la cadena perpetua.  Suiza, Bélgica o Portugal oscilan en sus tratamientos penales a esta figura, pero no contemplan penas más suaves. Difícil papeleta, por tanto, para el ejecutivo de Pedro Sánchez el defender la reforma. En ello se aplican ahora. 

Objeciones, no sólo jurídicas, sino también electorales

A partir de ahí, cualquier objeción que pueda ponerse es, qué duda cabe, de carácter electoral y subordinada a las distintas estrategias de los partidos de la oposición. Era previsible, por anunciada, que la principal crítica vendría por la ligazón que el PP, Vox y Ciudadanos trazarían entre esta iniciativa y la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. En ese punto se abre una derivada en el relato gubernamental cuya responsabilidad ha recaído, era lógico, en la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero. Explicaba Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes 11 de noviembre, que la crítica es más que discutible, y lo es porque el ejecutivo podría, perfectamente, haber elegido la vía de la prórroga de los actuales Presupuestos. No se olvide que estamos en el último año de la Legislatura. 

La cobertura del otro flanco del ‘subrelato’ gubernamental era responsabilidad del portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Paxti López, que invocaba al hecho cierto de que, en Cataluña, la convivencia ya no está fracturada. No lo está, decía el ex Lehendakari, por el liderazgo de Pedro Sánchez y de sus gobiernos. Esto último puede ser más o menos discutible, o susceptible de ser calibrado, pero lo primero no. 

El relato de ERC: el de la ‘coautoría’

Como es natural, al relato gubernamental, vertebrado en torno al liderazgo de su cabeza visible, Pedro Sánchez y construido en torno a un basamento jurídico y político, se coloca, no necesariamente en confrontación, pero sí con perfiles completamente diferenciados, el de la Generalitat de Cataluña, con su president a la cabeza. Pere Aragonés es un representante de ERC, el partido que lidera ahora mismo el espacio nacionalista en aquella comunidad tras la escisión entre los antiguos convergentes, Junts y PdCat. ERC ocupa, no es un detalle menor, 13 escaños en el Congreso de los Diputados. Aragonés ha recibido, o así al menos lo ‘vende’ él, un balón de oxígeno impresionante frente a sus oponentes del campo nacionalista – que nadie olvide las elecciones a la vista del próximo 28 de mayo, que en Cataluña no son autonómicas, pero sí municipales- puesto que puede apuntarse, como así lo ha hecho, la ‘coautoría’ de esta reforma legal que va a tramitar el Congreso. El gobierno de la nación no puede reconocerlo. Supondría tanto como reconocer que se invade un espacio tan delicado como es el de la separación de poderes, puesto que la modificación se va a abordar a través de una proposición no de ley que han presentado los grupos socialista y de Unidas Podemos, pero es de manual que desde la Generalitat y desde ERC iban a intentarlo.

La oposición, entre las acusaciones de ‘complacencia’ o de ‘traición’.

El relato de la oposición, de centro y de derechas, era previsible, y estaba claro que iba a discurrir por el sendero que abarca, desde las acusaciones de complacencia con quienes se revolvieron contra el Estado el pasado otoño de 2017 hasta las de ‘traición’ por parte de Vox.

La tarea a la que debe aplicarse ahora Alberto Núñez Feijóo, que es a quien tocaría liderar, las fisuras que puede originar en su discurso y en su posición tanto los intentos internos de ‘adelantarle’ por la derecha, hablamos de Isabel Díaz Ayuso, como la crítica de la formación que compite con él por arrebatarle el voto más conservador, Vox, que le acusará de no ser suficientemente duro con el presidente del Gobierno, de limitarse a esperar a que le caiga el poder ‘por desgaste’ del adversario, o a exigirle iniciativas como la presentación de una moción de censura, aunque sea para perderla y que además no podría defender personalmente puesto que no es diputado. 

El poder desgasta… sobre todo a quien no lo tiene

Así las cosas, parece que Sánchez, al menos de momento, ha vuelto a ganar por la mano a sus adversarios, tanto nacionalistas como a la oposición de centro derecha. Calculador de los tiempos políticos, ha sabido anunciarlo en el momento adecuado. Con un PP ‘perdido’ en dilucidar si Feijóo ha sido muy duro en su ruptura de la negociación para renovar el CGPJ y en discutir si con Díaz Ayuso al frente el PP tendría más poder de iniciativa como recambio probable, o no, en unos próximos comicios y un Vox distraído con el recorrido de su exdirigente, Macarena Olona, Sánchez ha golpeado, políticamente, de nuevo el primero. Pero el envite es muy complicado y admite salidas aún insospechadas.