Habrá que preguntarse si Pedro Sánchez entiende como "regeneración democrática" nombrar a uno de sus ministros y a una alto cargo de Moncloa como magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Es eso, presidente? ¿Es esa la receta para curar el escepticismo de la sociedad sobre la Justicia?

Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia del Gobierno de coalición hasta que Sánchez lo sacrificó en la crisis de Gobierno de julio de 2021. Nada se explicó sobre su destitución, aunque fuentes cercanas al exministro la justifican por su oposición a dar luz verde a la 'Ley del sí es sí' tal y como ha sido finalmente aprobada, con las consecuencias que todos conocemos.

Laura Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales en el equipo de Félix Bolaños y entre 2002 y 2004 asesoró a la Generalitat en la reforma del Estatut.

Campo es hombre de prestigio en la carrera judicial, aunque siempre ha estado muy vinculado al PSOE y ello le ha hecho ocupar cargos en la Junta de Andalucía y en el CGPJ. Destacados jueces conservadores no dudan de su "patriotismo constitucional". "Es un hombre que cree en el Estado de Derecho", afirmaba en la mañana del martes un magistrado que ahora es miembro del CGPJ.

Pero lo que está en cuestión no es la personalidad de Campo. Si es o no una persona de prestigio, o si no es sectario. No. Es algo más profundo: la imparcialidad que debe primar en la administración de justicia. La Constitución, en su artículo 24, habla de la "tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Hablamos del juez imparcial.

Nombrar magistrado del Constitucional a un ministro es todo lo contrario de lo que hay que hacer para despolitizar la Justicia. Campo, además, no pertenece al círculo íntimo del aspirante a presidir el TC, Conde-Pumpido

La imparcialidad, condición sine qua non para que se aplique la ley por parte del juez, puede ser objetiva (el juez debe abordar los asuntos sin haber tomado postura previa), o subjetiva (el juez no puede tener relaciones indebidas con las partes). Pues bien, Campo no cumple ni una, ni la otra. Como ministro ha adoptado decisiones que han alumbrado leyes, algunas de las cuales están recurridas ante el Tribunal del que ahora va a formar parte. Por tanto, Campo tendrá que abstenerse a la hora de votar sobre los recursos que afecten a leyes en las que él intervino directa e indirectamente.

Ni Campo, ni Laura Díez cumplen el requisito de "apariencia de neutralidad" al haber formado parte del Gobierno. No es un tema menor, ya que es esa apariencia la que determina la confianza de la sociedad en los tribunales. La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo.

Sánchez vulnera una vez más con esta decisión el principio de despolitización de la Justicia, sin el que no es creíble la separación de poderes, esencia del Estado de Derecho.

Probablemente Díez, aparte de su militancia socialista y el apoyo de Bolaños, tenga a su favor la simpatía de ERC. Puede ser.

En el caso de Campo hay que recordar que fue el ministro de los indultos a los independentistas del procés, una decisión adoptada contra el criterio del Tribunal Supremo. ¿Se trata de la devolución de un favor? ¿Es el pago por aquel sapo que tuvo que tragarse e incluso apadrinar como si fuera hijo suyo?Puede ser.

El Gobierno ha dado el paso de nombrar a los dos magistrados que le corresponden en la renovación del Constitucional. Ahora le toca al CGPJ nombrar a los suyos. El día 22 de diciembre hay un Pleno en el que se votará, aunque no es probable que haya mayoría suficiente para nombrar a los dos que le corresponden. Los conservadores se inclinan por un candidato, César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Aunque, en la reserva, cuentan también con Julián Sánchez Melgar, ex Fiscal General del Estado. Los progresistas insisten en José Manuel Bandrés, juez de Sala de lo Contencioso del Supremo, pero que provoca el rechazo de la mayoría conservadora del CGPJ. Tolosa contaría con 12 votos, Bandrés sólo con seis, insuficientes como para ser designado.

La solución podría darse en un Pleno extraordinario después de la festividad de Reyes. Si los progresistas se inclinaran por Pablo Lucas, magistrado de Sala de lo Contencioso del Supremo y encargado de autorizar las escuchas del CNI, y que cuenta con simpatías en el sector conservador, podría obtener la mayoría suficiente como para desatascar el asunto en el CGPJ. Si eso se produjera, los nuevos miembros del TC serían Juan Carlos Campo, Laura Díez, César Tolosa y Pablo Lucas.

Les cuento todo esto porque la composición final del Tribunal de Garantías determinará lógicamente quién lo va a presidir, ya que uno de los miembros que cesa en su cargo es su actual presidente, Pedro González-Trevijano.

El candidato in pectore del sector progresista, que tendrá mayoría en el renovado TC, es Cándido Conde-Pumpido, ex magistrado del Supremo y ex Fiscal General del Estado. Campo, sin embargo, no es persona que goce de su simpatía. No es de los suyos. Por tanto, el nombramiento de Campo no es sólo una mala noticia para la regeneración democrática, sino también una mala noticia para Conde-Pumpido. A la que se sumaría un eventual nombramiento de Lucas, otro hombre que no es de su cuerda. En fin, que la magistrada María Luisa Balaguer debería ir corriendo la banda por si acaso.