No es casualidad que en 2023 los más de nueve millones de pensionistas que hay en España vayan a tener una subida del 8,5% en la paga que reciben todos los meses. El año que viene hay elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales en diciembre. Y Pedro Sánchez hará todo lo que esté en su mano para ganar.

Los pensionistas mayoritariamente votan y por ello la mejor campaña que se puede hacer para atraerse su voto es asegurarles que no van a perder poder adquisitivo. Dicho y hecho.

Lo peor de esta maniobra es que se ha llevado a cabo bajo el mantra falso de que el actual sistema es sostenible y que, por tanto, puede aguantar el fuerte aumento del gasto que supone ligar las pensiones al IPC con tan sólo unos ligeros retoques.

Esta semana se ha conocido la segunda parte de la reforma que propone el Ministerio de Seguridad Social, que incorpora desagradables sorpresas para muchos pensionistas (sobre todo los que han tenido salarios altos) y para los empresarios, que tendrán que asumir un importante aumento de costes.

En resumen, esta segunda parte de la reforma impulsada por el ministro Escrivá, consiste en dos cambios sobre el actual sistema:

-Primero, una fuerte elevación de la base máxima de cotización del 34,76%, que se aplicará gradualmente entre 2025 y 2050; mientras eso sucede, la subida de la pensión máxima será sólo del 3,03%. En euros se entiende mejor: la cotización máxima a la Seguridad Social pasará de 54.000 euros a 75.000 euros al año, mientras que la pensión máxima pasará de 42.000 euros a 45.000 euros al año.

-Segundo, aumento del periodo de cálculo para fijar la pensión de los 25 años en la actualidad a 30 años. Aunque el Ministerio afirma que el efecto sobre las pensiones será "neutro", eso contradice lo afirmado por el Banco de España, que estima un recorte del 5% en el coste de las pensiones por la ampliación de 15 a 25 años que se llevó a cabo entre 2013 y 2022. Además, si no tuviera efecto, ¿por qué hacerlo a sabiendas de la oposición que genera la medida? ¿Por qué el ministro le dijo hace un año a Carlos Alsina que ese tema "no ha existido ni va a existir"?

Las medidas que propone el ministro de Seguridad Social castigan sobre todo a trabajadores con sueldos altos y a empresarios. Pero el presidente Sánchez podrá esgrimir en las elecciones de 2023 que ha subido las pensiones un 8,5%

Es evidente que estos cambios tienen como fin, por un lado, aumentar los ingresos de la Seguridad Social, subiendo notablemente la contribución de los trabajadores más cualificados (los que cobran la pensión más alta) y de los empresarios. Y, por otro, reducir el coste de las pensiones alargando el periodo de cómputo.

Pero esos efectos perniciosos no se empezarán a notar hasta 2025, cuando ya esté despejado el horizonte electoral para el Gobierno.

En todo caso, lo que ha hecho Escrivá es dar una patada hacia adelante para que sean los próximos gobiernos los que afronten la sostenibilidad de las pensiones.

Según los propios datos del Ministerio de Seguridad Social, con la indexación de las pensiones al IPC el gasto supondrá un 16,6% del PIB en 2050, mientras que con todas las medidas destinadas a aumentar los ingresos (incluida la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional) estos alcanzarán en esa misma fecha el 13,8% sobre el PIB. Es decir, que el déficit de la Seguridad Social se elevará dentro de 23 años a 40.000 millones de euros.

Como recordaba Carlos Sánchez en El Confidencial esta misma semana, la Seguridad Social debía al Estado 18.000 millones al comenzar este siglo y ahora roza ya los 100.000 millones de euros. Eso, además de haberse comido la conocida como hucha de las pensiones.

La reforma Escrivá se ha hecho al margen del Pacto de Toledo, un mecanismo que obliga a pactos entre los interlocutores sociales y que ha servido hasta ahora para que los cambios en el sistema se hayan hecho por consenso. La pelota está ahora en el tejado de empresarios y sindicatos, y la posibilidad de un acuerdo parece ciencia ficción.

¿Qué pasará en los próximos meses? No lo sabemos. Pero lo que sí va a suceder es que el presidente podrá lucir entre sus logros una subida histórica de las pensiones, aunque sea a costa de poner el sistema en mayor riesgo del que ahora se encuentra. Y todo ello con el aval de un ministro que pasa por ser uno de los más serios del Gobierno.