El ministro del Interior salió vivo de su comparecencia en el Congreso. No dio ninguna información nueva sobre los hechos ocurridos en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, a pesar de que las evidencias en forma de documental apuntan a que mintió descaradamente.

Grande Marlaska lo que sí hizo fue envolverse en el uniforme de la Guardia Civil (sólo le faltó acudir al Congreso con tricornio) para ocultar su responsabilidad en los hechos. Además, para que los diputados no pensaran que ya ha perdido toda sensibilidad, reiteró en varias ocasiones su "empatía con las causas subyacentes". Lo que quiere decir que le dan pena los migrantes que intentaron saltar la valla.

Pero sus simpatías con la Benemérita terminan cuando alguien pone el deber por encima de la obediencia (casos de los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos), y la empatía hacía los migrantes se diluye cuando hay otras razones superiores que encajan mejor con sus intereses y su ambición, disfrazados de razones de Estado.

Pese a que la mayoría de los grupos parlamentarios pidió su dimisión, Marlaska se siente fuerte. El presidente Sánchez le apoya, el Grupo Socialista le apoya y hasta el periódico que publicó el demoledor documental, El País, ha sido incapaz de pedir su destitución en el editorial del día siguiente a su lamentable comparecencia, lo que el diario afín al Gobierno deja en manos de la Fiscalía.

El desempeño del ministro del Interior ha sido, como poco, decepcionante. El paso de la judicatura al Consejo de Ministros casi nunca ha salido bien. No hay más que acordarse de Garzón o de Belloch.

Por el momento, Grande Marlaska no ha cometido ningún delito, aunque si el Fiscal General del Estado tuviera un mínimo de independencia, no dudaría en ordenar una investigación. Sin embargo, lo que ya es irrecuperable es su fama de hombre recto, la valentía que demostró en una etapa de su vida, cuando era juez de la Audiencia Nacional. Entonces, sus ambiciones políticas, si existían, permanecían ocultas bajo su toga.

Para comprobar hasta qué punto su "empatía con las causas subyacentes" es una pura pose no hay más que repasar su actuación respecto a la devolución (ilegal) de 55 menores a Marruecos llevada a cabo en agosto de 2021.

Recordemos que el 18 de mayo de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos, 12.000 personas (entre las que había más de 1.000 niños) cruzaron la frontera próxima al espigón de El Tarajal, obligados o engañados por las autoridades marroquíes.

El ministro del Interior sabía que se trasladaron a menores sin cumplir las normas y no hizo nada por impedirlo. La prioridad era llevarse bien con Marruecos

España quería arreglar las relaciones con Mohamed VI y, para ello, el presidente no dudó en defenestrar a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a la que se responsabilizó de la llegada ilegal a España del líder del Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido de Covid en un hospital de Logroño. La crisis de Gobierno se produjo el 10 de julio de 2021.

La instrucción de Sánchez, ya con Albares al frente de Exteriores, era priorizar la relación con Marruecos. Por su parte, Mohamed VI se mostró proclive a solucionar el problema creado en Ceuta, donde había todavía miles de jóvenes marroquíes viviendo a salto de mata.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, también quería rebajar la tensión en la ciudad, así que todos los intereses coadyuvaban en la misma dirección.

El día 28 de julio de 2021 se produjo una reunión en Madrid, en el despacho del ministro del Interior, a la que asistieron, además del propio Marlaska, Vivas y su entonces número dos, María Isabel Deu. En ese encuentro se planteó la operación de devolución, que recibió el visto bueno del ministro, aunque, eso sí, insistió en que se respetaran los derechos de los inmigrantes.

Acogiéndose a un acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007, invalidado por la ley de Extranjería, el 11 de agosto comenzó la operación para repatriar a los primeros 145 menores.

Por fortuna -ya lo hemos contado en estas páginas-, la responsable de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, advirtió tanto a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, como a María Isabel Deu de que ese traslado forzoso incumplía la normativa vigente. No la hicieron ni caso. Palomo también informó al fiscal de la ciudad autónoma, José Luis Puerta, que abrió una investigación que, todo indica, sentará en el banquillo tanto a la delegada del Gobierno como a la ex número dos del gobierno ceutí.

A pesar de que se encendieron las alarmas, un total de 55 menores fueron trasladados, contra su voluntad y de manera ilegal, a Marruecos.

No veo por ningún lado la "empatía con las causas subyacentes" en el caso de la repatriación ilegal de niños. Marlaska no puede decir que desconocía los hechos, ya que tenía noticia de la operación desde la reunión del 28 de julio, y, después, por el escrito remitido a su número dos.

Había que llevarse bien con Marruecos, había que hacer un favor al presidente de Ceuta, y Marlaska echó una mano. ¿Dónde quedan los derechos de los niños devueltos? ¿Se cumplieron los protocolos que establece la ley de Extranjería? La respuesta a esas preguntas es clara: No.

Sin embargo, el ministro continúa en su cargo. Su destino sólo depende de que el presidente considere que ya no le necesita.