Efectivamente, la Constitución no permite ni la secesión ni la autodeterminación ni nada que se le parezca porque en su artículo 2º dice claramente que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Así que Conde-Pumpido no ha descubierto América al recitar, de alguna manera, ese artículo 2º que forma además parte del “macizo de la raza” de nuestra Constitución. 

Otra cosa es que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, necesite subrayar esa evidencia en vista de que las medidas económicas no le hacen remontar de momento. Todo lo contrario, la opción del PSOE se va hundiendo poco a poco  de acuerdo con todos los sondeos menos uno.

Y ahora creen llegado el momento de subrayar lo obvio dado que, como vaticinábamos la inmensa mayoría, el independentismo es insaciable y no está contento con la supresión del delito de sedición ni tampoco con los retoques al delito de malversación que entran hoy en vigor. 

Ahora piden un referéndum pactado con el Estado -quieren decir con el Gobierno- y masajeado entre la población catalana. Los demás no contamos, como si lo que vaya a ser de España en el futuro no nos incumbiera en absoluto. Y eso con la intención de obtener un Sí a sus pretensiones con una participación superior al 50,1 % y un porcentaje de votos afirmativos del 55%, según declaró Oriol Junqueras recientemente. Es decir, con un 22% de la población total de Cataluña.

Ante ese panorama, que va a mantenerse “vivo” durante estos meses que quedan hasta las elecciones autonómicas y municipales y probablemente hasta las generales, al Gobierno le interesa mucho hacer hincapié en el artículo 2º de nuestra Constitución para poner pie en pared ante las pretensiones de los independentistas. 

Precisamente ahora no le interesa a Sánchez que se le desboquen las autonomías que pretende mantener bajo el poder del PSOE aunque pactando con otras fuerzas a su izquierda. 

Pero las autonomías, quitando a Francina Armengol en Baleares y a Ximo Puig en Valencia, y aun así yo no lo tendría tan claro, no están dispuestas a que sus ciudadanos vean pasar por delante de las narices un referéndum de secesión o de autodeterminación o de como quiera llamarse sin tener arte ni parte en él. 

Solo queda esperar de la talla jurídica indiscutible de Conde-Pumpido que haga honor a la Constitución que ha jurado defender y no nos dé gato por liebre en las sentencias que están por venir

Y ése es probablemente el primer favor que le ha hecho Conde-Pumpido al presidente: apelar al mandato constitucional para que no quepa ninguna duda de lo que dice el texto.

Porque ésa es la estrategia que va a mantener el Gobierno de aquí hasta las elecciones municipales y autonómicas para mantener a la ciudadanía adormecida ante las cesiones más escandalosas que han visto todos los años vividos de nuestra todavía joven democracia. 

Ya que no pueden detener las ansias voraces de los independentistas azuzados por el propio Gobierno con su renuncia a mantener firme la posición de defensa de los delitos cometidos, digamos ahora que la Constitución nos impide celebrar un referéndum de autodeterminación, y de ese modo tiraremos hasta que nos parezca conveniente aflojar.

Por lo demás, el Tribunal Constitucional ya tiene presidente y vicepresidenta. Contraviniendo la costumbre, según la cual cuando un presidente lo era del sector progresista o viceversa, la vicepresidencia recaía siempre en un representante del otro sector. 

Ahora no ha sido así y creo que ha sido la venganza de los progresistas por la maniobra de los conservadores primero de eludir la candidatura de José Manuel Bandrés y sustituirla por la de María Luisa Segoviano y a continuación defender la candidatura de María Luisa Balaguer con el argumento de que ella contaría con la unanimidad de los magistrados.

Ahora se han quedado sin vicepresidencia. Donde las dan las toman. La jugada les ha salido mal y van a pagar un precio por ello.

Pero falta un magistrado del TC que pertenecía al bloque conservador, Alfredo Montoya, que se retiró por problemas de salud, sólo que en estos momentos la mayoría del Senado -que es la sede de donde ha de partir la propuesta- ha cambiado de signo. Ya no es de centroderecha sino de izquierdas. 

Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de acuerdo que cierre la ausencia de un magistrado del tribunal de garantías de corte conservador. Esa baza no se la van a ofrecer al PP desde el otro lado de la barricada. Y mucho menos en tiempo electoral, que es en el que estamos instalados ahora mismo.

Abandonen, pues, toda esperanza los dirigentes del PP porque de las filas del Senado no va a salir ningún nombre de magistrado de talante conservador susceptible de concitar un consenso imposible.

Solo queda esperar de la talla jurídica indiscutible de Cándido Conde-Pumpido que haga honor a la Constitución que ha jurado defender y no nos dé gato por liebre en las sentencias que están por venir.