Cuando en julio de 2010 el PP (71 diputados) presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto (ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), Vox no existía. Hubo un debate interno en el partido, ya liderado por Mariano Rajoy, en el que acabaron imponiéndose los sectores más conservadores, con un fuerte protagonismo del Opus Dei.

Rajoy actuó como solía hacer. Él no era muy partidario de recurrir la ley de plazos de Zapatero (que establecía el derecho a interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas), pero, al mismo tiempo, quería quitarse de encima la presión de esos poderosos sectores, ligados a la Iglesia, y de sus no menos potentes terminales mediáticas. Así que dio luz verde al recurso.

Cuando en 2011 el PP ganó por mayoría absoluta, Rajoy tuvo la oportunidad de derogar la ley recurrida, pero no lo hizo. Le encargó la reforma al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en línea con el recurso al Constitucional, pero después frenó en seco el proyecto, provocando la dimisión de Ruiz Gallardón (septiembre de 2014). Posteriormente, en 2015, Rajoy se limitó a introducir una pequeña reforma en la ley de Zapatero que obligaba a que las embarazadas menores de 18 años necesitaran de autorización de sus padres para abortar.

En esa fecha, el bloque conservador era ya mayoritario en el Tribunal Constitucional, y el ponente de la sentencia sobre el recurso del PP era nada más y nada menos que Andrés Ollero, que había sido previamente diputado del PP durante 16 años y que es un destacado miembro del Opus.

Si Rajoy hubiera querido, seguramente el recurso hubiera salido adelante, lo que hubiera supuesto la derogación de la ley de plazos. Pero, no lo hizo. Sabiamente, Francisco Pérez de los Cobos -por entonces presidente del TC- decidió aparcar el tema. En alguna ocasión llegó a decir que el PP, si quería, podía modificar o derogar la ley con su mayoría absoluta y que, si no lo hacía, sus razones tendría. "No conviene echar más leña a ese fuego", solía decir Pérez de los Cobos cuando se le preguntaba por un recurso que, poco a poco, iba acumulando años de antigüedad.

La sentencia del TC sobre el recurso del PP a la ley de 2010 devolverá el debate sobre el aborto al primer plano. Núñez Feijóo tiene que decidir la posición de su partido: competir con Vox por la hegemonía en el sector más conservador del electorado; o bien convertir al PP en un partido netamente laico

¿Por qué Rajoy no llevó a cabo la abolición de la ley del aborto de 2010 en lógica con el recurso presentado con su respaldo por una parte del Grupo Parlamentario del PP? Muy sencillo. Por esas fechas ya había una mayoría social en España que había aceptado la ley de plazos. Por tanto, en un PP que había recibido más de 11 millones de votos en 2011, había ya un bloque muy numeroso de votantes que hubieran visto como un retroceso la abolición de la ley del aborto.

Ahora, a diferencia de lo que ocurría entonces, Vox si existe, y le ha 'robado' al PP más de tres millones de votos. La derecha más conservadora y ligada a la Iglesia hoy milita en Vox y para ese sector el aborto es un tema fundamental, que tiene que ver con el derecho a la vida, un don divino.

Vox, por tanto, sabe que ese es un asunto en el que no le puede fallar a sus votantes. Hará bandera de ello y, como se ha puesto de manifiesto en Castilla y León, pondrá al PP contra las cuerdas siempre que pueda para que se defina claramente.

Aunque la polémica en torno a la propuesta fantasma de García-Gallardo ha bajado de tono, el debate sobre el aborto volverá al primer plano de la actualidad en próximas fechas. Cándido Conde Pumpido ha fijado un Pleno del Constitucional para el próximo 7 de febrero en el que se debatirá sobre el recurso del PP. El nuevo presidente quiere "poner al día" los asuntos pendientes y ha colocado la resolución sobre el recurso a la ley del aborto como el primero de la parrilla.

El ponente en este tema es Enrique Arnaldo (conservador). Según fuentes jurídicas, su idea es rechazar parcialmente el recurso del PP, declarando constitucionales los principales aspectos de la ley de plazos de 2010. Sin embargo, según las mismas fuentes, Arnaldo cree que hay que mantener la objeción de conciencia para que los médicos que no quieran llevar a cabo interrupciones del embarazo puedan hacerlo, y, al mismo tiempo, que para las mujeres que se vayan a someter a dicha intervención sea preceptivo suministrarles una información básica por parte de los médicos.

En el Tribunal en estos momentos no sólo hay una mayoría "progresista", sino que cuatro de sus miembros, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano, Laura Díez e Inmaculada Montalbán, tienen un marcado perfil feminista y consideran el aborto como un derecho de la mujer que no se puede limitar en forma alguna.

El debate, por tanto, está servido y volverá a centrar la disputa política justo cuando la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28-M comienza a calentar motores.

El problema lo tiene ahora Núñez Feijóo. Y va más allá de la decisión que adopte sobre la alianza con Vox en Castilla y León.

El líder del PP tiene que decidir si su partido mantiene sus lazos con la Iglesia católica, disputándole a Vox esa franja de votantes y, por tanto, dando la batalla contra la izquierda en la cuestión del aborto, o bien si da un paso en la consolidación del PP como un partido laico.

La cuestión no es fácil. Pero abordarla es inaplazable. El aborto es, ante todo, una cuestión moral y representa siempre un decisión traumática para las mujeres que deciden practicarlo. Penalizarlo no es la solución. La mejor política contra el aborto es facilitar la maternidad con ayudas sociales tanto para las madres como para sus hijos.

Núñez Feijóo tendrá que enfrentarse a la cuestión más pronto que tarde. Y no podrá recurrir al escapismo, como hizo durante años su paisano Rajoy.