A pesar de lo establecido en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos del año 1991, solo se han celebrado 11 Reuniones de Alto Nivel (RAN). Lo acordado era que se celebrasen de manera anual, pero la voluntad -de Marruecos, que es la determinante- ha sido otra. En reiteradas ocasiones, el motivo de su aplazamiento, inicialmente de unos meses, y más pronto que tarde sine die, ha sido el Sáhara Occidental. 

Es de sobra conocida la política llevada a cabo desde hace décadas por parte del Reino de Marruecos, en la cual la posición de su interlocutor respecto al Sáhara Occidental determina el ritmo y rumbo de las relaciones bilaterales. 

No es osado por tanto afirmar a estas alturas que Marruecos supedita sus relaciones internacionales al posicionamiento político de los gobiernos, muy especialmente los Gobiernos de España en lo que concierne al Sahara Occidental. Ejemplo ilustrativo de lo anterior fue la decisión adoptada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en marzo de 2022. 

En este contexto, estos días tendrá lugar la XII RAN tras ocho años de desencuentros y crisis, gestos y símbolos. Gracias al giro del presidente, su gobierno-más bien, una parte de él- viajará a Rabat. 

Para el Frente Polisario tal posicionamiento supuso (y supone) la alineación de España con la vulneración del Derecho Internacional y la inhabilita -mientras no haya una rectificación- para asumir un rol prominente en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

España no puede por tanto desligarse unilateralmente de sus responsabilidades jurídicas de un territorio del que sigue siendo potencia administradora. El Gobierno tiene únicamente dos alternativas posibles: (I) Volver a la senda marcada por el Derecho Internacional y apoyar sin ambigüedades los procesos llevados a cabo tanto en Naciones Unidas como en la Unión Africana para llegar a una solución política, justa y definitiva. (II) Ignorar la legalidad internacional, continuar supeditando las relaciones de vecindad a la vulneración de los Derechos Humanos del pueblo saharaui y llevar a cabo acciones de dilación encaminadas a socavar la capacidad de resistencia y la identidad del pueblo saharaui. Habiéndose comprobado, sin embargo, el estrepitoso fracaso del último objetivo mencionado, aunque sean infinitos los intentos para conseguirlo. Uno de los más recientes, la apertura de una sede del Instituto Cervantes en El Aaiún, capital del Sahara Occidental. 

Esta inauguración no supone más que otro intento de blanqueamiento de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos; lo cual resulta chocante por cuanto España ya debería haber tomado nota de las ansias expansionistas de su "estratégico" vecino del sur. 

Es incomprensible que una democracia consolidada, como es España, reaccione y actúe de distinta forma ante la vulneración de la legalidad internacional y de los derechos humanos según la zona geográfica en la que se produzcan y al pueblo al que se las infrinjan.

La lucha del pueblo saharaui también es contra la mentira, el engaño y la compra de voluntades por parte del régimen marroquí de personas sin escrúpulos que, entre otras acciones, modifican decisiones y acuerdos que afectan a los derechos del pueblo saharaui.

El pueblo saharaui lleva advirtiendo desde hace décadas a la comunidad internacional de la corrupción generalizada e institucionalizada desplegada por Marruecos, sin ningún viso de discreción. 

Todo un sistema perfectamente articulado con un objetivo: conseguir posicionamientos políticos en favor de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Fuese en el ámbito que fuera del país del mundo que fuese. Comercio, acuerdos internacionales, pesca, turismo, energías renovables… Todo valía -y vale, según Marruecos- para seguir contrariando el Derecho. Todo valía si servía para posicionarse en favor del reconocimiento de su ilegal ocupación del territorio del Sáhara Occidental, de sus violaciones de Derechos Humanos y su expolio de recursos naturales.  

Sin embargo, ahora parece ser el momento en el que las instituciones europeas replantean su relación con Marruecos, y algunas eurodiputadas y eurodiputados piensan en los acuerdos UE-Marruecos, en los que a través de mecanismos de cuestionable legalidad-según las sentencias del TGUE de 29 de septiembre de 2021, ahora recurridas en segunda instancia-, se continúa expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. 

Tras décadas de presunta corrupción, verificadas campañas mediáticas encaminadas a desprestigiar la justa causa del pueblo saharaui y a sus dirigentes; todavía hay quienes siguen acusando al Frente Polisario de oponerse a una buena relación entre España y Marruecos; demostrando así su nula comprensión de las legítimas aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental. 

Considero que el pueblo saharaui ha demostrado sobradamente su voluntad de diálogo. Sin embargo, siempre se opondrá a que estas relaciones de supuesta "confianza mutua" se produzcan en detrimento del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.

En este sentido, podemos afirmar que no habrá ningún atisbo de estabilidad, paz y seguridad en el norte de África mientras no se resuelva la descolonización del Sáhara Occidental. Mientras, seguimos trabajando por un Sáhara Occidental libre e independiente acompañados y arropados por el movimiento solidario, a quienes, si me permiten, aprovecho estas líneas para renovar nuestro profundo agradecimiento.

Abdulah Arabi es representante del Frente Polisario para España.