La agenda del presidente es vertiginosa. Vuelve de su viaje a Rabat y se enfunda la camiseta con el número 49 para jugar un partido de baloncesto en silla de ruedas. No para. ¡Y aún quedan 112 días para las elecciones municipales!
Lo que nadie le puede negar a Pedro Sánchez es su optimismo, sus ganas de ganar. Hasta el punto de que, escuchándole, se diría que vivimos en el mejor de los mundos posibles... gracias a él.
Esta semana se enfrentó al líder de la oposición en un desigual debate en el Senado. Lo de desigual lo digo por el reparto de tiempos, que da al presidente una ventaja sobre el adversario que sería ilegal en cualquier deporte. Pero las normas son así.
Sánchez arremetió en su intervención contra los "catastrofistas", los que auguraban el comienzo de la recesión en España y lució como un éxito personal el dato del crecimiento del PIB en 2023 (5,5%), la creación de empleo (los afiliados a la Seguridad Social superan los 20 millones) e incluso la inflación (un 5,8% en enero). "Cada vez que habla usted", le dijo con sorna a Núñez Feijóo, "sube el pan".
Aprovechó su discurso para anunciar la subida del SMI del 8% (hasta 1.080 euros) y para darles caña a empresarios y banqueros, "que aumentan sus beneficios, se pagan bonos millonarios y no aumentan los salarios a lo trabajadores". Sánchez, todo un adalid contra las "desigualdades".
Ya el pasado domingo, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, transmitió el mismo mensaje acrítico y autocomplaciente, según el cual los resultados del Gobierno -sobre todo en el mercado de trabajo- hay que calificarlos de "extraordinarios". Ya al final de la conversación, Calviño confiesa: "Sánchez es el líder y este es el Gobierno que España necesita".
Pero el jueves salieron los datos del paro registrado, que ofrecían un panorama menos risueño. El paro aumentó en más de 70.000 personas y se destruyeron más de 200.000 empleos. Aunque el aparato de propaganda puso el acento en el dato desestacionalizado o en que la cifra era inferior a la media durante ese mismo mes, quedó en el ambiente la sensación de que no todo va tan bien como lo pinta el Gobierno.
Es verdad que la recesión que anunciaban algunos servicios de estudios no se ha producido, pero es un hecho que durante los dos últimos trimestres de 2022 la economía española sólo creció a un modesto 0,2%, lo que se notó a final de año en una desaceleración del empleo. En cuando a la inflación, hay que decir que está dopada (tope del gas, bajadas de IVA y ayudas al transporte público) y que esconde una amenaza real para la competitividad de nuestra economía en forma de inflación subyacente, con un nivel (7,5%) que no se alcanzaba desde hace 30 años.
No hay que ser catastrofista, ni apocalíptico. Vale. Pero hay que abrir los ojos ante una realidad bastante más dura de la que dibuja el presidente.
Esta semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho públicas sus previsiones para este año. El crecimiento que prevé para España es del 1,1%. Algunos medios, siempre dispuestos a ver el lado bueno de las cosas, se fijaron en que el nuestro es uno de los países que más va a crecer de la eurozona. Alemania queda con un preocupante o,1% y Francia con un ramplón 0,7%. O sea, que España sería el tuerto en el país de los ciegos. Sin embargo, esa visión edulcorada esconde una realidad mucho más cruda. El nivel de paro en España sigue siendo mucho más alto que en esos países, al igual que la renta es bastante más baja.
Los datos apuntan a una mayor desaceleración económica y al crecimiento del paro. En ese contexto, Sánchez y Yolanda Díaz lanzan soflamas contra empresarios y banqueros
Veamos lo que ha sucedido en 2022 en el mercado laboral. La economía creció al 5,5% y el empleo lo hizo en un 2,7%. Eso quiere decir que este año, con un crecimiento ligeramente superior al 1%, lo normal es que aumente el paro y se destruya empleo. Aunque la actualización estadística que ha llevado a cabo el ministro Escrivá (basada en la desestacionalización) mejorará los datos del primer semestre del año, lo lógico es que los datos sigan siendo malos, al menos hasta el verano.
En cuanto a la renta, el presidente admitió que aún no hemos logrado igualar el dato de PIB anterior a la pandemia, "aunque a lo largo de este año lo lograremos", añadió. Se llegará al mismo nivel, sí, pero con una inflación que ha hecho perder poder adquisitivo. Lo cual quiere decir que las familias viven peor que antes de la pandemia.
Otra mala noticia. El jueves, el BCE subió tipos en 0,5 puntos, hasta el 3%. Christine Lagarde anunció otra nueva subida en marzo... y no descartó nuevas subidas a lo largo del año. Las hipotecas a plazo variable sufrirán subidas significativas (en el entorno de los 2.000 euros), lo que reducirá la capacidad de consumo y, en algunos casos, elevará la morosidad bancaria. Por no hablar del efecto que tendrá la elevación del precio del dinero en el coste de la deuda pública. Las letras del Tesoro ya se han convertido en el activo estrella para los ahorradores modestos.
El entorno internacional tampoco ayuda. Un recrudecimiento de la guerra en Ucrania volvería a elevar los precios de la energía, anestesiados ahora gracias a unas semanas lluviosas y con fuertes vientos. La economía mundial (el caso de Alemania es sintomático) va a crecer menos de lo previsto y eso no va ayudar a mejorar nuestras exportaciones, lastradas como decíamos antes por una pérdida de competitividad acelerada.
Con todo, esos nubarrones podrían ser capeados con políticas menos dadas al gasto público y más business friendly. Pero ahí es donde el Gobierno suspende de manera más grosera.
En una situación como la antes descrita, sería básico alcanzar un pacto de rentas. Un acuerdo de sindicatos y empresarios con el Gobierno que evitara tensiones laborales y moderase la inflación subyacente. Pero ese anhelo, que expresó la vicepresidenta Calviño en la entrevista antes mencionada, no es posible. Antonio Garamendi no acudió a la reunión en la que se acordó la subida del SMI. El presidente de los empresarios se quejó de que lo único que pretendía el ministerio de Trabajo era una foto, no un pacto.
En un año como este, con elecciones en mayo y en diciembre, el Gobierno va a echar mano del gasto público, con nuevas ayudas, que ya ha apuntado el presidente, y, sobre todo, va a recurrir a la demagogia. Ya no es sólo Ione Belarra la que clama contra los empresarios (ya hablamos la semana pasada del tema en esta columna), sino que el presidente da alas a ese discurso, al que se apuntó de manera militante Yolanda Díaz pidiendo un límite para las hipotecas y coronando la semana con un vídeo en el que arremete contra los grandes bancos.
En este escenario tan convulso es difícil animar a la inversión o atraer a inversores extranjeros. Con mensajes como el del presidente y el de su ministra de Trabajo lo único que se alimenta es el conflicto social, tensión que Sánchez cree que necesita para mantenerse en el poder.
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