Con los derechos de los animales no se juega

No todo son malas noticias para Pedro Sánchez en los últimos días. Encarrilada la polémica en torno a la reforma de la, tristemente ya célebre, 'Ley del Sí es Sí', el presidente se enfrentaba a otro toro, nunca mejor dicho, en forma de Ley contra el Maltrato Animal, en la que recibía una doble presión, no sólo la de sus socios de Unidas Podemos, sino también la de barones socialistas, como Fernández-Vara o García-Page, que se enfrentan en mayo a una dura reválida electoral en sus respectivos territorios; unas comunidades autónomas en las que la ganadería, la caza o el negocio que supone el mundo de la tauromaquia y del toro de lidia son determinantes. Estos, y otros muchos sectores, están completamente involucrados en el ámbito de este proyecto legislativo. 

La realidad de las grandes urbes como Madrid o Barcelona es muy diferente a la que se percibe desde otras zonas con una población más rural o menos urbanita, en las que el trato con los animales no se reduce sólo a la tenencia y convivencia con las habituales mascotas sino que incide, directamente, en la vida cotidiana y por supuesto en la económica de algunas comunidades autónomas como Extremadura o Castilla La Mancha. 

Los barones socialistas muy pendientes... y con la espada afilada

El hecho de que la inclusión o no de los perros de caza en el texto legal fuera el principal caballo de batalla entre el grupo socialista y sus socios de Podemos había hecho saltar todas las alarmas entre algunos barones socialistas como Emiliano García Page. El presidente castellanomanchego llegó a anunciar nada menos que un recurso ante el mismísimo Tribunal Constitucional si la ley salía adelante incluyendo a los citados animales, es decir, en los términos en los que quería Podemos, grupo que había incluido recientemente, junto con otros grupos que dan soporte parlamentario al gobierno, una enmienda en ese sentido.

El jueves, la ministra Ione Belarra protagonizó una encendida intervención parlamentaria en la que lamentaba la cesión que su grupo tuvo que hacer y que evitaba la citada posible rebelión de parte del PSOE contra su gobierno y pedía perdón a quienes "sufren estos abandonos", es decir, a cuidadores u otros sectores involucrados en la defensa de los perros de caza. Me consta que en el seno del grupo socialista no sentaron bien estas palabras porque se habían esforzado -todas las partes lo han hecho en la dura negociación parlamentaria- en que esta ley saliera adelante respetando todas las sensibilidades. Dar un trato diferente no es, en opinión de los socialistas, una forma de maltrato. 

Inadmisible 'politiqueo'

En el Código Penal ya estaba penado, de forma más o menos contundente, el maltrato animal. Así lo reconocía en último término el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. Existe, además de esta regulación, una Ley de Caza y Cinegética y distintas regulaciones autonómicas que ya protegían también los derechos de los animales. Para entendernos: una acción tan repugnante y execrable como ahorcar a un galgo de caza o a un podenco ya era un delito. No había un área de impunidad ni un vacío legal en torno a esta materia. Esto, el respeto a las criaturas, es en realidad lo único que a mí, como ciudadano y persona sensible, me importa. Lo demás, el politiqueo en torno a una cuestión como esta u otras que se van utilizando sucesivamente por las distintas marcas políticas para arrimar el ascua a la sardina de sus propios intereses, confieso que me preocupa más bien poco. 

¿Por qué hablo en este punto de politiqueo, término que reconozco que suena bastante mal? Porque el PSOE había establecido esa línea roja, la de los perros de caza, como algo en lo que no iban a transigir, agobiados como están sus responsables por la presión de algunos de sus barones autonómicos de la que acabo de hablar en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Argumentaba este grupo parlamentario que 'a cambio' ellos habían cedido ante Podemos en la famosa enmienda que trataba de impedir la autodeterminación de sexo de los menores en la Ley Trans, que lleva en su mochila también una tormentosa tramitación parlamentaria. La comparación me parece, sencillamente, intolerable. 

Mucho dinero y puestos de trabajo involucrados 

En Valencia existía preocupación porque recientemente el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, había alcanzado un acuerdo con algunos sectores económicos involucrados en la explotación turística de los famosos acuíferos valencianos. En Canarias, con su famoso Loro Parque. ¡Qué decir de cazadores o ganaderos! En toda España, los dueños de tiendas de mascotas, que ocupan muchísimos puestos de trabajo, contenían el aliento ante el resultado final de este texto legal. ¡Hasta los cocheros sevillanos que viven de pasear a turistas en sus coches de caballos estaban en vilo! Todos parecen haber quedado más o menos tranquilos con este acuerdo final. 

Indeseada e indeseable desconfianza mutua

En el trasfondo real de esta polémica, ha latido la creciente desconfianza mutua entre ambos socios de gobierno. Los socialistas cada vez recelan más de Unidas Podemos en lo que se refiere a 'pericia técnica', es decir, jurídica, de los borradores de algunos proyectos de ley que llegan para su tramitación parlamentaria desde los departamentos que dependen de la formación que lidera Ione Belarra. Desde Unidas Podemos, la desconfianza tiene que ver más con cuestiones políticas, o si se me permite, de 'pureza ideológica’ de cada paso que dan, últimamente, los socialistas, a cuyos sectores más tradicionales consideran excesivamente influidos por una cierta derecha de este país, no sólo política -el PP- sino también económica y mediática.

¡Señores políticos, responsables del gobierno de coalición, menos ombliguismo mutuo y menos trifulcas y más velar por los intereses de los españoles! Las reformas que necesita España son urgentes y de gran calado y la situación no está para estériles peleas entre unos y otros, menos aún a pocos meses de dos citas electorales trascendentales para el futuro de los ciudadanos.