"Europa siempre será Europa, y lo será siempre y cuando estemos juntos". Son palabras del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ante el pleno del Parlamento Europeo, en su visita del pasado jueves, y en un contexto muy concreto: recién celebrada la primera Cumbre Unión Europea-Ucrania después del inicio de la invasión de Vladimir Putin y desde que el Consejo concediese a Ucrania el estatuto de país candidato el pasado mes de junio.
Son palabras que muestran hasta qué punto la guerra criminal de Rusia está transformando el tablero geopolítico europeo en un nuevo escenario que requiere un impulso en la construcción europea de unidad frente a la amenaza del régimen de Putin.
La ampliación y nuestra política de vecindad oriental se ha convertido en uno de los mayores retos geopolíticos para la paz y la estabilidad política de la UE.
La reactivación del proceso de la política de ampliación es evidente. La UE otorgó a Ucrania y Moldavia el estatus de país candidato de forma más o menos acelerada en el contexto de la guerra, a la vez que abrió la puerta para una futura concesión a Georgia. También, después de un largo periodo de bloqueo por parte de algunos estados miembros (Bulgaria y Francia), el 22 de julio se establecieron negociaciones con Albania y Macedonia del Norte. Y aunque los avances en la integración europea de la península balcánica continúan estancados de manera general, hemos otorgado la condición de candidato a Bosnia y Herzegovina.
Pero debemos ser conscientes de los enormes riesgos a los que nos enfrentamos si anteponemos el interés geopolítico a la calidad democrática, la idoneidad económica y la propia capacidad de integración de las instituciones europeas. En definitiva, si anteponemos ese interés al cumplimiento estricto de los criterios de Copenhague de 1993 que exigen instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho y el respeto y la protección de los derechos humanos y las minorías.
Y es oportuno recordarlo porque la deriva de autoritarismo que vemos en Estados miembros como Hungría y Polonia puede sabotear desde dentro nuestro proyecto, ante una incapacidad manifiesta de las instituciones europeas para hacer cumplir criterios tan básicos como la separación de poderes, la protección de las minorías y la libertad de expresión.
De la complejidad del proceso de adhesión da cuenta la negociación con los seis países de los Balcanes Occidentales, iniciada en 2003, cuando recibieron el compromiso de la UE de apoyar sus esfuerzos hacia la integración europea. Desde entonces, han pasado veinte años. Veinte años que pueden no ser nada en un camino de adhesión estancada marcado por una especie de fatiga de ampliación que ha desembocado en pocos avances concretos más allá de la adhesión de Croacia, que ha experimentado importantes avances con la entrada en Schengen y en el euro en este inicio de año.
A comienzos de diciembre tuvo lugar en Albania la primera Cumbre UE-Balcanes Occidentales, un intento de reavivar la llama de la ampliación frente al potencial avance de otros actores como China y Rusia. En ella, los líderes europeos expresaron su “pleno e incuestionable compromiso con la perspectiva de adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales”.
La cumbre sirvió también para reiterar la necesidad de que estos países prosigan con las reformas necesarias en el ámbito del Estado de Derecho, repetida conditio sine qua non para la aceleración del proceso de adhesión. Sin embargo, la mayoría de ellos han experimentado pocos avances en este tipo de indicadores. Por ejemplo, la corrupción o la libertad de expresión es el área en la que menos se ha avanzado en los seis países que se encontraban hasta el 2022 en el paraguas del llamado Instrumento Europeo de Pre-adhesión.
Existe el convencimiento de que los fondos, de forma general, se han destinado en mayor medida a resolver preocupaciones inmediatas de la UE -como el control migratorio- y no tanto a apoyar reformas estructurales del estado de derecho dando un papel mas relevante a la sociedad civil. Cuando ha habido un respaldo importante a la sociedad con ese objetivo, indican los análisis, los resultados han sido positivos. Sin embargo, la marginalización de estos sectores también ha hecho caer la popularidad de la perspectiva de la adhesión.
Europa necesita una ingeniería institucional que permita avanzar en un proceso de adhesión con garantías a la vez que se consolide la integración política sólida en nuestra vecindad oriental
Europa está cambiando, y mucho. Necesitamos una ingeniería institucional que nos permita avanzar en un proceso de adhesión con garantías que evite el riesgo de colapso de las instituciones europeas a la vez que consolidemos una integración política sólida con nuestra vecindad oriental. La reciente propuesta de Emmanuel Macron de la Comunidad Política Europea puede constituir un espacio alternativo que genere y alimente un sentimiento de unión y destino político común. Un instrumento de integración política más ágil y flexible que, sin sustituir al proceso de ampliación, nos permita avanzar en acuerdos y genere una comunidad de la que formen parte países que aspiran a ser Estados miembros en un futuro y los que renunciaron a serlo, como Reino Unido, así como aquellos cuya integración apenas se atisba en el horizonte como Turquía. Una Comunidad política para un proyecto político europeo que debe ser más que una coalición antiPutin; debe compartir valores y una visión comunes de la construcción de un nuevo orden internacional multilateral basado en normas.
2023 será un año clave para ver en qué desembocan estos impulsos declarativos. España, con la presidencia del Consejo en el segundo semestre, acogerá la tercera cumbre de esta comunidad política incipiente en Granada el 6 de octubre tras la primera celebrada en Praga, en octubre de 2022, y la que se celebrará en Moldavia en abril. Tenemos una oportunidad única de asumir un papel más protagonista, contribuir con nuevos instrumentos y liderar la búsqueda de la unidad europea.
Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos
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