La intervención de Félix Bolaños ayer en la sesión de control al Gobierno evidenció hasta qué punto el PSOE tiene interés en empujar al PP a los brazos de Vox en el tema del aborto.
Cuando iba a ser interpelado él, por una diputada sobre la ley de Memoria Histórica introdujo sin venir a cuento en ese momento una batería de preguntas dirigidas al PP a propósito de si el aborto era un derecho de las mujeres o no lo era.
Una situación insólita que viene a demostrar el enorme interés del Partido Socialista en empujar a las posiciones de antaño al PP, de cuando planteó el recurso al Constitucional. Desde entonces han pasado trece años y el PP ya no es el mismo, ni sus votantes lo son.
El debate sobre el aborto está cuajado de aristas si se considera desde un punto de vista moral o religioso. Pero el PP de Núñez Feijóo lo que tiene que hacer es un cálculo meramente electoral mirando a la sociedad a la que aspira a gobernar.
Y esa sociedad ha cambiado mucho en los últimos años de tal manera que si en 2010, fecha en la que se planteó el recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del PP de entonces, los votantes del PP de ahora han admitido ya la ley de plazos, con la salvedad de que una niña-mujer de 16 o 17 años pueda contar con la ayuda y el apoyo de sus padres.
Tiene razón Feijóo cuando dice que los muy creyentes y los muy contrarios a la ley del aborto en cualquiera de sus modalidades hace tiempo que se han ido a Vox. No debe por lo tanto contar con ellos porque sería un error.
Debe contar con una sociedad que admite una ley del aborto como necesidad para los casos en los que no sirven medidas como las de fomento de la natalidad, protección a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres, que fue la argumentación con que se lanzó el recurso de inconstitucionalidad en el año 2010.
E incluso en el congreso del PP de 2017. "Estas medidas de ayuda se extienden a todos los ámbitos relacionados con la prevención, ayudas durante el embarazo, ayudas postparto, atención psicológica, seguimiento durante la maternidad, políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral, medidas de conciliación familiar, una mejor y mayor educación sexual y afectiva y ayudas económicas”.
Son medidas que ignoran que hay circunstancias que no encajan en esa parafernalia de ayuda a la maternidad porque, sencillamente la persona embarazada no quiere ser madre, o no lo quiere ser en ese momento o en ese tramo de su vida. Lo que quiere es abortar, sencillamente, cosa que no deja de ser un trago en cualquier circunstancia.
Y no es un fracaso de la sociedad sino un derecho que asiste a toda mujer. Un derecho limitado por unos plazos que son los que determinan la viabilidad del feto: son 14 semanas salvo que exista riesgo para la madre o graves anomalías para el feto, en cuyo caso son 22 semanas, tiempo en que no existe aún viabilidad para el nasciturus.
Con eso tiene que lidiar Feijóo, con una ley de plazos que es correcta en su formulación
Con eso tiene que lidiar Núñez Feijóo, con una ley de plazos que es correcta en su formulación. El propósito de Santiago Abascal es el de acusar al PP de haberse entregado al Partido Socialista y el de Pedro Sánchez es el de acusarle de negar a las mujeres ese derecho y, por lo tanto, de estar más cerca de Vox que de la sociedad que pretende gobernar.
Él tiene que pasar por esa cuerda floja y llegar a término sin que se le caigan los papeles por el camino. Por eso, cuando esta mañana yo le he escuchado decir que era un derecho pero no fundamental, me ha parecido que se estaba metiendo en una tela de araña de salida complicada.
Luego lo he entendido: si el derecho a abortar fuera un derecho absoluto, intrínseco a la persona, no tendría ningún sentido que se le impusieran plazos, como se le imponen con la actual legislación. Otra cosa es que se permita que las niñas-mujeres de 16 o 17 años puedan abortar sin el apoyo de sus padres.
No hay padres que se nieguen a que su hija aborte por razones religiosas porque, en ese caso, el rechazo al aborto les habría sido transmitido en los mismos términos a sus hijas, que habrían sido educadas así, y serían ellas mismas las que se opondrían a abortar.
Esta sociedad es una sociedad laica en su mayor parte, o al menos no practicante, y que está mayoritariamente de acuerdo con la ley de plazos. A esa sociedad es a la que debe dirigirse Núñez Feijóo.
Por lo tanto, fuera de la salvedad de la necesidad de que una niña, porque a esa edad todavía se es una niña, y en los tiempos que corren todavía más, cuente con el apoyo de sus padres, la ley de plazos es correcta.
Y el derecho al aborto es un derecho pero no es un derecho fundamental en el sentido de la Declaración de los Derechos Humanos.
Con ese equipaje Núñez Feijóo tiene que recorrer la cuerda floja que le han tendido Pedro Sánchez por un lado y Santiago Abascal por otro. Cada uno con propósitos opuestos.
Lo lógico es que se abstengan aunque podrían perfectamente votar a favor si no fuera por la cuestión del desconocimiento de los padres en los casos en que una niña tenga 16 o 17 años.
Pero tenga la seguridad de que la sociedad a la que se dirige suscribe esa ley.
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