Ferrovial y la diferencia entre la legalidad, la ética y la estética empresarial

La decisión que acaba de hacer pública la gran constructora española Ferrovial y su presidente de trasladarse, y llevarse su sede social, a los Países bajos, ha supuesto una nueva convulsión, la última de momento, en la ya crispada vida social, política y económica de una España cada vez más hastiada y perpleja ante tantos escándalos. Sobre la mesa lo de siempre; la diferente vara de medir y las facilidades legales que los más privilegiados tienen frente al resto de los mortales, la existencia de los repugnantes 'paraísos fiscales' y el oportunismo electoral de los que buscan sacar tajada de estas polémicas.

Vaya por delante algo evidente: tanto Rafael del Pino como sus accionistas, a los que representa y cuyos intereses defiende, tienen todo el derecho del mundo a llevarse la sede social de su compañía allá donde mejor consideren oportuno. El problema no es tanto la decisión de la cúpula de esta gran constructora como el hecho de que el  del destino elegido, que sustrae, a nivel financiero, nada menos que 22.000 millones a otros países de la Unión Europa por gozar de una fiscalidad más atractiva. Una estructura fiscal, la holandesa, que permite un ahorro sobresaliente a toda cuanta gran multinacional decida instalar allí su sede social. ¿Legal? Seguramente. ¿Ético? Lo dudo mucho. Es pertinente recordar en este punto que no es Holanda el único Estado que se conduce de esta forma; también Irlanda, Suiza o Luxemburgo se gobiernan con prácticas similares. Cada país es libre de establecer sus políticas fiscales y hasta cuando no haya políticas económicas-financieras europeas que regulen este punto, nada más que hablar o discutir al respecto.

Este es para mí el auténtico meollo del debate. Ferrovial respeta escrupulosamente la legalidad vigente, como no podía ser de otra manera. Pero es absolutamente necesario recordar que esta gran empresa, como muchas otras, se ha visto beneficiada durante el período en el que sufrimos la maldita pandemia por exenciones fiscales por obra y gracia de las políticas implementadas por el gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez. Tampoco está de más recordar, aunque soy consciente de que voy a provocar un cierto sarpullido en algunos, que durante los últimos tres cuartos de siglo, incluyendo evidentemente la etapa de la dictadura, Ferrovial disfrutó de la concesión de obras públicas de la mayor envergadura que han ido engordando su cuenta de resultados.

‘Conchabeo’ del 'capitalismo de amiguetes'

Hay algo más; que nadie se engañe pensando que el problema radica sólo en Ferrovial por su polémica decisión. Todas las grandes constructoras de este país se han repartido durante décadas, y esto en mi opinión sí supone una práctica que bordea claramente la legalidad, la gran obra pública en España. Sé que existe una Ley de Contratos del Estado exigente, propia de un país que se mantiene como la cuarta economía de la eurozona, pero tampoco se me oculta, no soy un ingenuo, que también en los palcos de los grandes estadios de fútbol o en cenáculos del 'buen Madrid' o de la Ciudad Condal se han cerrado multimillonarios negocios, en la oscuridad, que escandalizan al más escéptico o despreocupado de los ciudadanos. Gentes de a pie, depauperada clase media o ya lamentablemente baja que, en una abrumadora mayoría, siguen sufriendo las consecuencias de una crisis que les ha empobrecido notablemente.

Como siempre demagogia política y oportunismo electoral

Me aburre profundamente el debate, explotado estos días por la oposición más conservadora, acerca de que el gobierno estaría, presuntamente, machacando a los empresarios. Me da pereza porque, en primer término, algunos ultramontanos buscan la permanente simplificación olvidando que en España gobierna un ejecutivo de coalición en el que coexisten el PSOE y Unidas Podemos, con matices ideológicos claramente diferenciados. Como empresario que soy, me molesta profundamente esta polémica. Dicho esto, me parece pertinente traer a colación las palabras del presidente del gobierno, al que ha sorprendido esta 'tormenta' en plena gira europea. Pedro Sánchez, desde Finlandia, ha dejado claras algunas premisas que me parecen medulares: "Estamos hablando de justicia fiscal. No estamos hablando de garantías jurídicas, que las hay porque en todos los rankings internacionales, tanto de la OCDE como en los más prestigiosos, aparecemos como uno de los lugares más seguros para invertir y de hecho hasta noviembre de 2022 ha aumentado la inversión extranjera directa en más de veinte mil millones. Los datos demuestran por tanto nuestra seguridad jurídica".

"Hablamos de justicia fiscal, -proseguía el presidente- de cómo queremos competir en el mundo y de qué sociedad queremos construir. Yo quiero un Estado del Bienestar fuerte en el que necesitamos recursos públicos y en el que los que más tienen, más contribuyan". Añadía también  que "la patria no es sólo hacer patrimonio sino ser solidario y arrimar el hombro cuando tu país lo necesita'.

Pedro Sánchez remataba sus aseveraciones recordando que Rafael del Pino es 'la tercera o la cuarta fortuna de España, y que en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a España y a la contribución de los españoles". Más claro y diáfano, imposible. Y ello no es incompatible con el disgusto que, me consta, tiene estos días la vicepresidenta Calviño que hace apenas dos días manifestaba en una entrevista en una gran cadena que no entendía la posición de Ferrovial porque hasta hacía pocas semanas los grandes empresarios le habían manifestado, como responsable del gobierno de las finanzas públicas, su anuencia con la política económica del gobierno. ¿Qué capítulo nos hemos perdido los españoles?

¡Malditos paraísos fiscales!

La gran cuestión es la existencia, contra la que me he posicionado toda la vida, de esos territorios 'oscuros' llamados 'paraísos fiscales'. Territorios accesibles sólo a los multimillonarios y en los que se oculta y detrae buena parte de las grandes fortunas que han sido conseguidas a costa del trabajo y el esfuerzo de cientos, de miles de millones de trabajadores en todo el orbe. Hasta que los grandes organismos supranacionales no se posicionen y tomen medidas contra esta lacra, económica y política, mucho me temo que tendremos poco que hacer, salvo denunciarlo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, denunciaba clara y rotundamente en las últimas horas el intolerable 'dumping fiscal' que practican unos Estados frente a otros. ¡Ya está bien de tomarle el pelo a la ciudadanía que sí que cumple con sus obligaciones tributarias! Desde mi punto de vista, a nivel de comunicación, la reacción del gobierno y de algunos de sus ministros ha sido poco acertada y algo histérica. Entiendo el enfado pero seguir dando la impresión en los ciudadanos que el gobierno está en contra de los empresarios, creo, que no beneficia excesivamente a los intereses electorales del PSOE… ¡Solo una opinión!

Mis respetos por Rafael del Pino. No voy a colocarle en la picota y menos aún en tela de juicio porque no ha violado la ley en ningún momento. Del Pino puede, repito, gobernar y dirigir su compañía como mejor considere. Sus decisiones, desde el punto de vista tanto ético como estético, ya son harina de otro costal y sí que afirmo, contundentemente, que no se corresponden con mi vara de medir. Lo digo porque yo también soy empresario y soy consciente de las dificultades que supone, en las actuales circunstancias, desempeñar tal condición.