Crueldad sistemática, generalizada, deliberada. Supresión de la disidencia. Crímenes de lesa humanidad. Estas son algunas de las palabras clave del primer informe del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua establecido el pasado año por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un informe demoledor, que constata la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. 

Son crímenes que la sociedad civil llevaba señalando desde hace más de cinco años, y que la investigación de los expertos independientes ahora refrenda con el objetivo, entre otros, de abrir un camino para la necesaria rendición de cuentas desde al menos el inicio de las protestas, en abril de 2018. 

El modelo de actuación se agudizó desde 2018, pero el surrealismo continúa en el gobierno de Nicaragua para mayor escarnio de sus víctimas. "A esta hora, los deportados ya están en Estados Unidos de América. Así damos por cumplida la sentencia de Deportación". Así concluía el comunicado de la sala penal uno del tribunal de apelaciones de Managua del pasado 8 de febrero, cuando la dictadura de los Ortega y Murillo daba un nuevo golpe de timón. 

En medio de la incertidumbre en torno a los anuncios de la inhabilitación de por vida de los derechos de participación política a disidentes y presos políticos, Ortega ordenó, o más bien, negoció, el destierro a EEUU de 222 de estos presos, que se acompañó posteriormente de una serie de decisiones para privarles de la nacionalidad y para darles, en definitiva, una muerte civil que ha comenzado a ejecutarse en la práctica.

Unos días después, cuando aún las familias estaban lidiando con el desconcierto de estas medidas arbitrarias y no amparadas bajo ningún marco legal, interno o internacional, la lista de personas privadas de la nacionalidad se extendía a otros 95 disidentes. Se incluía la retirada de nacionalidad, la confiscación de bienes, su inhabilitación y su persecución.

Alrededor de un tercio de ellos se encontraban todavía en Nicaragua o siguen en el país, como la histórica defensora de los derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, doña Vilma Núñez. Paralelamente, al menos 37 presos políticos siguen en cárceles nicaragüenses, incluido el obispo Rolando Álvarez, que se negó a subir al avión y ser deportado y se enfrenta ahora a una sentencia adicional de 26 años de cárcel.

El destierro y la condena a la desaparición civil masiva es una medida prácticamente sin precedentes. Una persecución explícita de cualquier tipo de disidencia política que comenzó de forma más dirigida en abril de 2018, y que se agravó paulatinamente desde mayo de 2021 en la estrategia y los medios utilizados contra la disidencia. 

Hoy podemos reiterar que Ortega y Murillo han implantado una de las dictaduras más inhumanas. Que en Nicaragua hay una estrategia para ejercer la crueldad de forma sistemática como herramienta política para reprimir la disidencia. 

En la huida hacia adelante de Ortega, cualquiera puede ser disidente, cualquiera puede ser enemigo. Como señala el informe de expertos, ya no sólo hablamos de opositores, sino de éstos y aquellos que son "percibidos como tales".

La neurosis del régimen por el control absoluto ha llevado a que cualquier núcleo de personas reunidas con un interés común pueda ser una amenaza

El nivel de control de la dictadura se ejemplifica también a través de la suspensión de miles de grupos de la sociedad civil. El veto se ha extendido ya a más de 3.000 organizaciones desde el pasado año. La cancelación de todas ellas es también un reflejo del aumento del control por parte de la dictadura, y señala el patrón que han utilizado en el incremento de la represión. Mientras que inicialmente se centraba en los grupos relacionados con los derechos humanos o la cooperación internacional, la neurosis del régimen por el control absoluto ha llevado a que cualquier núcleo de personas reunidas con un interés común pueda ser una amenaza. 

Ortega tiene miedo de Nicaragua. Hace esto porque sabe que, por más que quiera retirar o no nacionalidades, la patria está fuera de las ventanas tintadas del FSLN, su partido; fuera del perímetro de seguridad de El Carmen, la fortaleza de los Ortega Murillo.

Un elemento esencial del informe del grupo de expertos es la comprobación de que todo lo que se ha hecho en Nicaragua ha sido grave, sistemático y deliberado. Ha habido una estrategia específica que ha ordenado que las cosas fueran así. Que hay responsables políticos del hecho de que no se diera atención a los lesionados y heridos en las protestas; de que se disparara a matar tanto por la policía como por grupos paramilitares afines al gobierno; de que hubiese y siga habiendo torturas en los centros penitenciarios, no para tener información, sino para castigar a las víctimas; de la persecución y vejación a las familias; del especial ensañamiento con los presos políticos del Chipote. 

Nada de lo que ocurre, nada de lo que ocurrió, es casualidad. 

Esta minuciosa organización de la crueldad exige la respuesta correspondiente. El informe constata una realidad de extrema gravedad. Y, por tanto, necesitamos adaptar una reacción internacional a la altura de la gravedad de los hechos. 

Si esta investigación abre una ventana, debemos seguir apoyando la ampliación del mandato del grupo de expertos para que continúen con la revisión de casos y la determinación de aquellos responsables de violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, tenemos que explorar todas las vías que, en países particularmente como España, puede ofrecer la jurisdicción internacional para llevar a los responsables ante la justicia. 

Y por último, es hora de dejarnos, definitivamente, de medias tintas. Es hora de cortar toda vía que directa o indirectamente alimente la sociedad anónima en la que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua, a golpe de corrupción.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos