La locura de la violencia sexual entre menores

Cada vez con mayor frecuencia, los agresores sexuales, acosadores y violadores, aprovechan internet para comunicarse entre ellos y utilizan las redes sociales para mostrar sus 'hazañas', lo que añade, tanto social como penalmente, un plus de humillación hacia las víctimas, aparte de crear una alarma social completamente indeseable. Lo sucedido a finales del pasado año en un centro comercial de Badalona es sólo la punta del 'iceberg' de una brutal realidad que se nos va de las manos. 

Las violaciones crecieron en un 53 por ciento al cierre del pasado año 2022, según el balance de criminalidad que el Ministerio del Interior presentaba el viernes 17 de marzo. La 'cibercriminalidad', objeto hoy de mi análisis, aumentaba en ese período nada menos que en un 72 por ciento.

A pesar de ello, y siempre según el Ministerio del Interior, España no es de los peores países en este siniestro ránking. En el Reino Unido la tasa roza el 80 por ciento. Por no arrancar esta pieza mareando al lector con excesivos datos, añadiré, únicamente, que a la hora de cerrar este artículo, acaba de ser detenido un individuo, otro más, de 23 años por captar, con fines presuntamente sexuales, a un menor de 14 a través de videojuegos online. 

Una escalada brutal

Este disparatado incremento de las agresiones sexuales contra menores, cuando aún no se han apagado los ecos de aquella salvaje violación de una niña de once años, supone un peligro brutal. Los hechos ocurridos en aquel centro comercial de Badalona no son más que la sucesión de una cadena de disparates y de negligencias entre las que pueden citarse que un vigilante la ignoró por completo, que nadie alertó del vídeo de la salvajada o que el propio centro escolar no tuvo conocimiento del caso... ¡hasta cuatro meses después! Todos los protocolos han fracasado de una forma estrepitosa. El mismo alcalde de Badalona se ha mostrado indignado por el fracaso de todas las instituciones en este lamentable suceso.

¡Ningún adulto de cuantos vieron el vídeo lo denunció! Decenas de alumnos del colegio de la niña también lo vieron y se lo pasaron entre ellos... y callaron. Hay más: el hermano de la víctima, que supo del hecho cuando comenzó a escuchar las burlas de 'hemos reventado a tu hermanita' y lo denunció en la comisaría ha sido amenazado de muerte, y la policía no lo debe considerar baladí porque le ha puesto escolta. ¿Nos hemos vuelto locos todos? La sociedad sólo ha reaccionado tras la repercusión mediática del caso. Dos adolescentes de 14 años están internados pero otros tres menores no son imputables por su edad, es decir, circulan impunemente y sin control por nuestras calles, vete tú  a saber en búsqueda de qué otra asquerosa hazaña. El sexto agresor no está claramente identificado.

La amenaza tecnológica frente a la lentitud de las reformas legislativas

Teléfonos móviles, webcams, plataformas en línea y otras herramientas tecnológicas, cada vez más abstrusas para muchos padres y cada vez más al alcance de la creciente pericia técnica de muchos críos y crías, se convierten en auténticas armas de destrucción masiva. No estamos hablando únicamente de la comisión de las agresiones sexuales, sino también del chantaje y la coacción a las víctimas, que se sienten cada vez más acorraladas y solas frente a jaurías que en muchos casos, cuando los hechos llegan al conocimiento público, cosa que no siempre ocurre, y tienen recorrido legal, son inimputables por su edad. 

Una de las grandes cuestiones es el hecho de que las leyes vayan siempre a remolque de los delitos, más cuando están trufados por una componente tecnológica que evoluciona y se desarrolla continuamente. No hablamos de avances que sean mensurables de año en año, sino de una evolución que nos sorprende mes a mes, semana a semana. Esto no hay Código Penal ni legislador que lo resista. 

Imágenes, fotos y vídeos de menores son compartidas a una enorme velocidad y a escala global sin que, aparentemente, nadie pueda poner coto a ello. Como muestra, sólo un dato escalofriante: en 2021 las propias empresas de internet denunciaron 85 millones de contenidos de este tipo. Da pánico imaginar que la realidad, los millones de casos no detectados o que no llegan a viralizarse pueden hacer que la cifra real sea apabullante.

Salvajadas públicas... y privadas

Un gran porcentaje de casos sólo ven la luz cuando son detectados en línea. Pero pensemos en los que se producen indoor, incluso en el ámbito familiar. ¿Quieren más datos? ¡Ahí van!: el 75 por ciento de los agresores pertenecen al entorno de la víctima. Esta era una de las principales conclusiones de un estudio acerca de la respuesta judicial a la violencia sexual ejercida contra niños y niñas, encargado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y presentado por la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, que lidera Victoria Rosell, y por la Asociación de Mujeres Juristas, THEMIS. El trabajo corresponde al mes de noviembre del año 2020 pero mucho me temo que, desgraciadamente, porcentajes como este no hayan variado substancialmente. Por ello me permito traerlo a colación. 

En el trabajo, en el que fueron analizadas 455 resoluciones judiciales dictadas entre los años 2010 y 2019 en distintas Audiencias Provinciales, se incluían recomendaciones a jueces, a magistrados y magistradas, para tratar estos delitos con perspectiva de género. Debo aclarar, y es importante, que en mi opinión no debemos circunscribir sólo este tipo de delitos al acoso sexual o a la violencia de género porque tiene que ver con hombres, con mujeres, con adolescentes, con menores e incluso, por supuesto, con niños. Hablamos de sexo entre menores, de sexo no consentido entre adultos y menores... Existe una cantidad de supuestos que hace este drama casi oceánico. 

Buceando entre una miríada de informes judiciales, documentación policial y estudios elaborados, tanto por los poderes públicos como por distintas organizaciones privadas, he encontrado, por ejemplo, una interesantísima campaña de la Junta de Extremadura para la prevención de estos delitos. Acongoja la mera lectura del primer párrafo: al menos un 23 por ciento de las mujeres y un 15 por ciento de los hombres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en España durante algún momento del segmento temporal que llega hasta su mayoría de edad. Una de las partes más interesantes tiene que ver con la variedad de modalidades delictivas a las que acabo de referirme; ahí van algunas:

- 'Porno vengativo': la difusión de material tras la ruptura de una relación. Todos recordamos casos, tanto en el ámbito público como en el privado. 

- 'Sugar daddy': hombres mayores que ofrecen regalos, viajes, dinero o alguna oportunidad laboral a una menor a cambio de sexo.

- 'Sexting': intercambio de material online de contenido sexual que puede limitarse a vejaciones, en cuyo caso su tratamiento jurídico como violencia sexual es más complejo, aunque socialmente sea demoledor. 

- 'Sharenting': especialmente aberrante por ser los propios padres o madres los que publican o comparten en redes imágenes de sus hijos o de sus hijas para que todos puedan verlas. 

- 'Sextorsión': el chantaje ejercido sobre menores -también sobre adultos- para no difundir determinado material a cambio de dinero, sexo u otras prebendas.

Las grandes tecnológicas: actores clave

La vertiente tecnológica de estos delitos, de estos millones de dramas humanos, coloca a las grandes multinacionales proveedoras de servicios como agentes que deben jugar un papel completamente decisivo, tanto en la detección como en la denuncia. Se trata de una responsabilidad que compete a todas ellas porque sólo unas pocas, una en concreto (Meta), es la portadora de un noventa y cinco por ciento de las denuncias. Me he permitido extraer el dato de la página WEB oficial de la Unión Europea. Debemos apuntar con firmeza y con total exigencia, como sociedad, a las grandes corporaciones tecnológicas para que se impliquen en esta lacra en mayor medida. Nos va mucho en ello.

Tan es así que la nueva legislación que pretenden impulsar las instituciones supranacionales obliga a los proveedores de servicios a denunciar los hechos detectados, a fin de que sus responsables puedan ser detenidos con la mayor rapidez y puestos a disposición de la justicia. 

Caso especial, por su especificidad, pero tremendamente preocupante, es el de la captación de menores por parte de depredadores sexuales, tanto individuales como pertenecientes a sectas u otros grupos organizados. Buscan y obtienen la confianza de sus jóvenes víctimas, consiguen apoderarse de su voluntad estableciendo vínculos emocionales con ellos y posteriormente los explotan e incluso llegan a esclavizarlos, siempre con la amenaza y el chantaje permanentes de que no hablen, no digan, no comenten, en su entorno familiar o escolar. 

La UE en punta de lanza en la persecución de los 'cibercrímenes'

Todo ello está muy bien, claro, y es necesario que, tanto los parlamentos de cada estado como el propio parlamento europeo, si nos referimos sólo al ámbito de la UE, aunque el problema es global, aborden con audacia esas reformas legislativas necesarias para detectar, prevenir, sancionar y castigar a los responsables, además de proteger a las víctimas. Pero la sociedad en su conjunto, y todos y cada uno de nosotros, tenemos una grave responsabilidad.  No podemos mirar hacia otro lado. 

Organizaciones en defensa de los derechos de la infancia como Missing Children Europe, Eurochild, Thorn, ECPAT International y otras, hasta casi un centenar, han firmado una misiva en la que se respaldan las modificaciones legislativas impulsadas por la UE para proteger a niños y niñas contra estos execrables abusos. El trabajo de la UE pivota sobre tres grandes ejes: detectar y denunciar los abusos cometidos sobre menores en línea, prevenir esos abusos, y proteger y apoyar a quienes son víctimas de los mismos. No hay un sólo minuto que perder puesto que el plazo para que prescriba la actual regulación legal sobre estos delitos expira en agosto de 2024. Hasta ahora, las denuncias de las tecnológicas eran voluntarias; se trata de que, a partir del 3 de agosto del próximo año, estén ya, por ley, obligadas a ello. 

¡Ojalá podamos verlo y ojalá la sociedad se conciencie, pero de forma seria, no de boquilla!

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