En el pasado plenario de Estrasburgo se produjo un debate excepcional, a petición de la mayoría de los grupos del Parlamento Europeo, sobre el deterioro de la democracia israelí y la consecuencia para los territorios ocupados palestinos. Después de diez semanas de manifestaciones en Israel contra la reforma judicial del nuevo gobierno, las voces de la protesta llegaban a las instituciones europeas. 

No es para menos. La reforma propuesta por el gobierno de Benjamín Netanyahu pone en manos del ejecutivo el nombramiento de jueces, le permite anular sentencias y prohíbe al tribunal superior de justicia vetar leyes ordinarias aprobadas por la Knesset, el Parlamento. La Corte suprema quedaría como un tribunal amordazado, con lo que supone de peligro para la democracia en el país. Son asuntos que se debaten desde hace tiempo, pero el actual procedimiento ha sido calificado por el foro de expertos de Derecho de Israel para la Democracia como un verdadero cambio de régimen. 

Los líderes del nuevo gobierno surgido de las últimas elecciones, en coalición con la extrema derecha y una amalgama de partidos ultra nacionalistas y ultra religiosos, ya anticipaban una agenda política antiliberal, proanexión, racista y homófoba. Hoy están simplemente cumpliendo lo prometido. 

Las horas previas al debate en el seno del Parlamento Europeo generaron una actividad frenética por parte del gobierno israelí, primero para ver si había forma de evitarlo y, en caso de no ser posible, de desvirtuarlo. La presión se ejerció al más alto nivel, incluyendo los contactos de Eli Cohen, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, con el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. Cohen defendía que la reforma es un asunto interno de Israel en el que la UE no tiene derecho a entrometerse. Algo paradójico, en el caso de un país con el que mantenemos una fluida cooperación y un Acuerdo de Asociación que incluye cláusulas de derechos humanos y estado de derecho que deben cumplirse. 

No es un asunto interno. Es una medida proanexión que afecta al derecho internacional, ámbito en el que la UE quiere ser un líder normativo"

Sin embargo, el debate se celebró y la conclusión de la gran mayoría de los eurodiputados de todos los colores políticos fue unánime: se trata de una regresión iliberal. Y no, no es un asunto interno. Restringir el poder judicial e instaurar la cláusula de anulación de las sentencias de la Corte es una medida íntimamente ligada a la política proanexión que afecta al derecho internacional, ámbito en el que la UE quiere ser un líder normativo, especialmente en el contexto de la invasión criminal de Putin a Ucrania. 

La política de anexión de territorios ocupados y la discriminación y vulneración de los derechos de los palestinos llevan años produciéndose, mientras asistimos a la expansión de asentamientos ilegales por parte de los colonos y a una oleada de desposesión, traslados forzosos, violencia e incumplimiento de las responsabilidades de Israel como potencia ocupante según la IV Convención de Ginebra.

Frente a ello, hasta ahora no hemos sido capaces de desarrollar ninguna medida concreta, más allá de declaraciones vacuas en las que reiteramos nuestro apoyo genérico a una solución de dos estados, cuando sabemos que esta opción es ya, política y territorialmente, imposible. Las fronteras del 67 son irreconocibles hoy en día, y los asentamientos han convertido a Cisjordania en una especie de piel de leopardo cuyas manchas dan idea de la enorme fragmentación de las comunidades, sin que haya capacidad de control por parte de la Autoridad Palestina de su propio territorio en Cisjordania.

Sin continuidad territorial, un Estado no puede ser viable. Sabemos bien, aunque miremos para otro lado, que el proceso de paz se encuentra en estado de hibernación desde hace demasiado tiempo. Y hoy más que nunca, ya que ningún partido de la coalición gubernamental respalda la solución de los dos estados, y la mayoría de ellos niegan la propia existencia de Palestina y promueven públicamente la anexión de Cisjordania, ya no solo de facto sino también de iure. Buena muestra de ello son las declaraciones del pasado domingo en París del ultraderechista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, negando la existencia, lengua, identidad e historia palestinas.

La reforma judicial es una herramienta clave para que la Corte Suprema no declare ilegales los asentamientos que el gobierno promueve y no pueda revisar el cambio de dirección y la transferencia de la administración militar a la autoridad civil de los territorios ocupados, prohibido por el derecho internacional.

La reducción de garantías judiciales facilitará también la criminalización de la sociedad civil y la solidaridad tanto palestina como israelí, por ejemplo con la nueva propuesta de impuestos a las donaciones de organizaciones israelíes, muy similar a las leyes de agentes extranjeros aprobadas por otros regímenes autoritarios que hemos condenado en la UE.

Más allá de los efectos sobre los territorios ocupados, la reforma también tiene graves consecuencias para la impunidad en Israel: la Knesset aprobó el jueves una ley que en la práctica impediría la inhabilitación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, pese al conflicto de intereses que surge de los cargos relacionados con fraude, cohecho y abuso de confianza por los cuales está imputado.

El llamamiento de la sociedad civil contra los golpes iliberales y por el Estado de derecho no puede desvincularse de la defensa del derecho internacional y los derechos humanos"

Cientos de miles de israelíes están las calles, y el llamamiento de la sociedad civil contra los golpes iliberales y por el Estado de derecho no puede desvincularse de la defensa del derecho internacional y los derechos humanos. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad nacional de Israel criticado por enaltecer la violencia y el terror, ordenó a la policía la represión de los manifestantes. Él mismo es también quien ampara y promueve la actuación violenta de los colonos en los asentamientos. Los retos, por tanto, son compartidos.

Como ha señalado el escritor israelí Yuval Noah Harari, no es una reforma judicial, sino "un golpe de Estado antidemocrático". "Debemos levantar la cabeza ahora, o mantenerla agachada el resto de nuestras vidas", señalaba, dirigiéndose a sus conciudadanos. Ésta es una máxima también aplicable a los europeos y al resto de la comunidad internacional. Hasta ahora, nuestro silencio, nuestra ausencia de acción, y nuestro beneplácito sobre la impunidad han alimentado igualmente la crisis democrática que sufren los israelíes y que siguen sufriendo los palestinos. 

Hoy más que nunca tenemos que estar con los que defienden el Estado de derecho y los derechos humanos. El silencio y la inacción suponen abandonar a los miles de israelíes que siguen manifestándose en las calles. Es abandonar también a la población palestina que vive bajo la ocupación. El momento es ahora. 

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos