En un mundo que vive de las apariencias, las formas cobran especial relevancia. De ahí la incoherencia de que una ley como la de Vivienda, calificada como "histórica" por el Gobierno, haya sido presentada en el Congreso por los representantes de dos partidos (ERC y Bildu) que persiguen abiertamente la separación de España de las comunidades donde operan, Cataluña y el País Vasco.

Ni Oskar Matute (EHBildu), ni Pilar Vallugera (ERC) se han visto en otra. Los dos, a dúo, presentaron una ley con la que el PSOE y Unidas Podemos piensan hacer campaña en las elecciones del 28-M. Toda una impostura, un premio a los 18 escaños de ambos partidos, que permitirán que la iniciativa salga adelante en el Congreso tras una tramitación urgente. Para el españolito medio es casi un insulto que sean un defensor de la historia de ETA y la representante de un partido ("a mi la gobernabilidad de España me importa un comino", dijo la republicana Montse Bassa en la sesión de investidura de Pedro Sánchez) que trató de dar un golpe contra la Constitución en el otoño de 2017 los que se presenten como garantes y protagonistas de una norma que se pretende aplicar en todo el territorio nacional.

El teatrillo de la presentación está a la altura del texto que aterrizará en el Congreso. Lo que Matute calificó como la norma que "establecerá un control real de los alquileres" va a suponer, en la práctica, el encogimiento de su ya de por sí raquítico mercado. La ley de Vivienda, producto alumbrado por mentes totalitarias, pretende que la prohibición, el tope, termine por domesticar al mercado, pero lo que logrará finalmente será la desaparición del mercado. En definitiva, lo que se les ofrece a lo propietarios (grandes o pequeños) es que sus rentas, en las zonas tensionadas, van a crecer en el futuro por debajo de la inflación. Además, se les obligará a pagar los gastos de la asesoría inmobiliaria y se dificultará aún más el desahucio por impago de los alquileres. ¡Como para animarse a alquilar!

Lo peor de esta norma regresiva es que ya existe una experiencia de la limitación del precio de los alquileres: la implantada por Ada Colau. En estos momentos, en el área metropolitana de Barcelona, sólo hay 7.300 viviendas para alquilar (para una población que supera los 4 millones). Además, la reducción de la oferta llevó a que los precios ¡subieran un 25%! en 2022.

La norma es un jarro de agua fría para los propietarios. Con ella, el Gobierno achicará aún más el mercado del alquiler y los precios no bajarán, sino todo lo contrario

Para hacer que bajen los precios la única fórmula conocida es que aumente la oferta. Sin embargo, la ley no dice nada sobre el aumento del parque de vivienda en alquiler. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de sentido común. En época de Rodríguez Zapatero (con Carme Chacón como ministra del ramo) se aprobó el llamado desahucio exprés y se permitió a los propietarios desgravarse una parte de la renta. Y, en efecto, se creo un parque de alquiler que bajó los precios. Si, en lugar de eso, condenamos a los propietarios a perder poder adquisitivo de por vida y les dificultamos todavía más desalojar a los inquilinos morosos, mal vamos a animarles a sacar sus viviendas al mercado.

Si el pequeño propietario duda, hoy mucho más que ayer, si alquilar o no su segunda vivienda, imagínense lo que estarán pensando los grandes fondos de inversión inmobiliaria. Esos 'buitres' a los que persigue el Gobierno como si fueran los causantes de la miseria de los jóvenes que se ven condenados a vivir con sus padres pasados los 30. Si los llamados "grandes tenedores" desaparecen, o se marchan, no sé cómo va el Gobierno a ensanchar el mercado del alquiler.

Eso ahora no se ve. Lo que sí es ya de facto es una herramienta de la izquierda: ¡Ya hemos limitado los precios de los alquileres! Un banderín de enganche para que los desmovilizados jóvenes acudan a las urnas el próximo 28 de mayo. Pero esta, digámoslo sin rodeos, no es una ley a favor de la gente, es una ley contra la gente.

El daño, sin embargo, será limitado. Las competencias en esta materia corresponden a las comunidades autónomas, así que en las que gobierne la derecha, la ley no tendrá efectos prácticos. Ya veremos si la propaganda ayuda al PSOE y a sus socios a mantener las autonomías que ahora están en riesgo de perder, o bien si, como ha ocurrido en el caso de Ferrovial, el abuso de la propaganda es la puntilla para que se produzca un vuelco electoral.

Al final podría ocurrir que Cataluña y el País Vasco fueran las dos principales autonomías donde pueda aplicarse la ley de Vivienda. Tendría sentido, entonces, que Matutes y Vallugera hayan sido los heraldos de la norma. ¡Que se preparen los que no sean hijos de rico en esas autonomías para lo que se les viene encima!