Desde que falleció Alfredo Pérez Rubalcaba nunca he citado su nombre, no he apelado a su legado ni a su trayectoria. No he podido. Aún duele en exceso la pérdida de quien fue, además de un referente político, un amigo. 

Compartí con él –cuya trayectoria política fue una de las más influyentes de nuestra democracia reciente— una de las etapas más duras, ya próxima al ocaso. Fueron momentos difíciles para el PSOE en los que Pérez Rubalcaba asumió la responsabilidad de la secretaría general y la candidatura a la presidencia del gobierno sabiendo que tendría que hacer frente a los peores resultados del partido en unas elecciones generales. 

Me repugna la utilización interesada de la memoria de Rubalcaba: cuando lo hace el PSOE y cuando lo hace el PP, como en el debate sobre las listas electorales de Bildu"

En toda esa etapa estuve con él. ¿Y saben qué les digo? Que nunca me he encontrado a nadie más alejado del enlatado discurso de lo políticamente correcto. Era, por encima de todo, inteligente. Pero era además claro, valiente y contundente. Sus opiniones, por lo tanto, las conoce todo el mundo. No necesita, ahora que no está entre nosotros, que sus declaraciones sean interpretadas y mucho menos manoseadas por intereses personales o políticos. Me repugna la utilización interesada de su memoria. Me repugna cuando lo hace el PSOE y cuando lo hace el PP, como en el debate sobre las listas electorales de Bildu y sus candidatos condenados por asesinato.

El papel destacado de Pérez Rubalcaba en el final de la banda terrorista ETA, derrotada por el Estado de Derecho –y no por un partido-- es nítido; su posición sobre cómo actuar con sus herederos políticos también lo era. 

La legalización como partido de ese entramado político y social construido en torno a la banda criminal (primero HB, luego Sortu y finalmente Bildu) era lo obligado en un sistema democrático. Pero que Bildu sea legal no exige a nadie aliarse o pactar con él. La legalidad pertenece al ámbito jurídico; los acuerdos entre partidos, al político. Es más, son su esencia. 

De lo que yo sí puedo hablar es de lo que viví en el PSOE dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. La posición de ese PSOE era muy clara a este respecto: ningún pacto con Bildu. Ni tan siquiera cuando redactábamos un recurso de inconstitucionalidad y se abría a la firma de otros partidos aceptábamos la suya. 

En muchas ocasiones los representantes de Bildu me recriminaban –como portavoz del PSOE-- que ejerciéramos sobre ellos un cordón sanitario, que les discrimináramos. Mi respuesta era siempre la misma: esto es política. El PSOE es libre de establecer pactos y alianzas y de decidir junto a quién pone su firma. Y nuestra decisión es clara: con vosotros, no. La legalización es un primer paso de un camino que tenéis que recorrer de condena sin matices de la violencia, que exige colaboración plena con la justicia para poder aclarar la autoría de cientos de asesinatos sin resolver, que exige el reconocimiento de tanto daño y dolor y la reprobación pública de aquellos que lo causaron.

Esto es lo que defendía el PSOE de Rubalcaba al que tanto se cita. Era un partido consciente de que la derrota política de un partido que pretende preservar la memoria de la banda criminal también era una obligación de los demócratas, precisamente para mantener la democracia a salvo de esta amenaza: para que la memoria de lo que sucedió no se vea desvirtuada por su narrativa. No disparaban porque no había democracia: disparaban contra la democracia, asesinaron a los demócratas e intentaron amordazar a toda una sociedad para imponer su proyecto totalitario. 

Muchos socialistas pensaban que esta era una batalla digna de dar y de ganar, y entre ellos también algunos que hoy son diputados y candidatos y que han aceptado sin rechistar a Bildu como socio privilegiado.

Por tanto, es pertinente el debate sobre si es aceptable o no pactar e incluso convertir en socio a Bildu. Si me permiten, es un debate pendiente, porque el PSOE de Pedro Sánchez no ha explicado las razones del giro de 180 grados en relación con esta alianza: de no firmar ni un recurso de inconstitucionalidad a convertirlo en socio de la gobernabilidad. 

La inclusión de estos candidatos no ha sido fruto de un error, como han sostenido algunos. Es una decisión política. Cuando Bildu sitúa a los que tanto hicieron por mantener activa la maquinaria del terror de ETA en sus listas electorales está sin duda reconociendo y celebrando su aportación al proyecto que hoy representa. 

Por desgracia, la racionalidad brilla por su ausencia en buena parte de los últimos debates: salió Ayuso y mandó parar. 

Afirmar que ETA existe es negar a la democracia y a los españoles el logro de haber acabado con la banda criminal y el triunfo del Estado de Derecho. Su delirante discurso alimenta y legitima el de Pedro Sánchez cuando acusa al PP de meter a ETA en la campaña sin acusar a Bildu de meter en sus listas a terroristas condenados por asesinato y eludir así el verdadero debate sobre sus pactos presentes y futuros con esta formación.

Bien haría Núñez Feijóo en desautorizar esta incontinencia sobreactuada y centrar el debate: ETA no existe. Bildu sí. Las batallas políticas en democracia se dan con argumentos políticos, no pidiendo eliminar e ilegalizar a los oponentes. 

Imaginen que Bildu incluyera a los mismos asesinos en las listas a las generales. ¿Seguirá siendo Bildu un socio aceptable para el PSOE?"

Sanchez no puede eludir la responsabilidad de haber convertido a Bildu en un socio privilegiado. Ni puede soslayar, como está haciendo, un pronunciamiento claro sobre si seguirá haciéndolo en el futuro. Porque imaginen por un momento que Bildu, dentro de seis meses, incluyera a los mismos asesinos en las candidaturas a las elecciones generales. Imaginen que nos encontremos con que los condenados por asesinato que no recogieron sus actas de concejales sí van a recoger sus actas de diputados. ¿Seguirá siendo Bildu un socio aceptable para el PSOE? 

Esa es la altura de debate democrático que exige la situación. Ese es el debate que ninguna frivolidad mimetizada en los extremos debe contribuir a disipar. Esa es la explicación que Sánchez debe a todos los españoles.

Soraya Rodríguez, eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos, fue portavoz del Grupo Socialista en el Congreso (20212-2014)