Lo sucedido con Vinicius anteayer en el estadio del Mestalla no es la primera vez que se produce pero sí es la primera vez que se origina un escándalo diplomático y deportivo en todos los niveles.

Los insultos a Vinicius en muchos estadios de España son una constante, del mismo modo que lo son a otros jugadores negros, pero en el caso del jugador del Real Madrid es de una insistencia que ha desbordado ya todos los límites de lo tolerable.

Y la solución está en la mano de los árbitros: en cuanto alguien grite mono, mono o haga el gesto de rascarse como lo hacen los simios, hay que parar el partido y suspenderlo si la ofensa ha sido obra de un colectivo, como anteayer sucedió. 

Porque un árbitro no tiene competencias fuera del campo, pero sí las tiene en cuanto el balón empieza a rodar. Viene esto a cuento de que ya en la llegada del autobús que traía al campo al equipo del Real Madrid, muchos aficionados, o  bastantes, en cualquier caso demasiados, insultaron al jugador llamándole mono. Esa es una cuestión de la policía municipal o nacional si es el caso. 

Pero dentro del campo la máxima autoridad, la que está dirigiendo las jugadas y procurando la limpieza de los jugadores en sus regates, es el árbitro. Y  es en él en quien se debería depositar la decisión de suspender el partido si se produce este tipo de altercados.

No es de recibo que, no solamente no hubiera hecho absolutamente nada con cientos de gargantas repitiendo el insulto, sino que la propia víctima fuera expulsada del campo al final de todo ello por haber dado un manotazo a otro jugador. Esto fue ya el colmo de la discriminación.

Pero los delitos de odio, que se generan por miles en nuestro país, son difíciles de  determinar porque chocan con la libertad de expresión

Pero los delitos de odio, que se generan por miles en nuestro país, son difíciles de  determinar porque chocan con la libertad de expresión o, en todo caso, con la existencia de una maquinaria de odio hacia colectivos vulnerables. De hecho, como explica Irene Dorta aquí al lado, de los 1.824 procedimientos penales tramitados en 2022, sólo 91 tuvieron sentencias condenatorias, lo cual prueba la dificultad de demostrar este tipo de delitos.

Por eso es mejor tomar decisiones drásticas en el momento  en que se produce el hecho porque multar al equipo x con 6,000 euros es tanto como hacerle cosquillas en el pie.

Pero si se suspende el partido en el preciso instante en que los aficionados de tal o cual equipo se dedican a insultar a un jugador por razón de su color, de su orientación sexual o de sus orígenes, no por supuesto de su comportamiento en el juego, ya veríamos cómo se acababan los insultos por dos razones: porque los aficionados habrán pagado por disfrutar de un espectáculo del que se les priva, y porque el buen nombre de la afición de ese equipo quedará en entredicho durante mucho tiempo.

La agresión a Vinicius -un jugador espléndido en cualquier caso- y a otros muchos jugadores negros ha salido esta vez del ámbito puramente deportivo para pasar al ámbito político.

Con este cambio de nivel, es el nombre de España el que está en entredicho ahora mismo, como si fuéramos un país racista. Pero eso tiene una ventaja, y es la de que todos los políticos se sumarán a la condena de unas masas de tipos cerriles, que los hay en abundancia en los estadios de fútbol, y el asunto pasará a estar presente en todos los programas políticos de los partidos que se presentan a las elecciones.

Insisto: más que por la vía judicial, que no siempre da el resultado apetecido, la vía de los hechos en cuanto se produzcan los insultos. 

Y a continuación, que la FIFA tome las medidas que considere convenientes, pero nada de sancionar con 6.000 euros al equipo,que es responsable de sus aficionados cuando están en el campo.

La suspensión de x partidos sería una buena sanción. Y veremos así cómo se reduce el nivel de los insultos.