La nueva Ley por la que se crea la Autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes regula -bajo este extensísimo título- una entidad cuya función principal es la mencionada en su denominación, teniendo sus resoluciones carácter vinculante, siempre que la cuantía sea inferior a 20.000€. Con ello, se descarga a la Justicia de infinidad de casos, con un consumo importante de tiempo y dinero para los litigantes y podrán llegar a éste organismo otros casos que hoy no se plantean precisamente por ello.

Será por lo tanto una especie de tribunal de arbitraje de carácter obligatorio. Ahora bien, como va a revisar y evaluar conductas de las entidades financieras será también otro órgano supervisor, aunque sin capacidad sancionadora.

La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo encaja la nueva entidad en el esquema supervisor existente. En la actualidad hay tres supervisores de carácter sectorial, el Banco de España (BdeE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones (DGS). Todos ellos vigilan tanto la solvencia de las entidades bajo su supervisión, como su conducta. Es decir, son tanto supervisores “prudenciales” (solvencia) como de conducta, aunque en este último caso lo son por ramas de actividad. Por ejemplo, la comercialización de fondos de inversión por un banco entra bajo la supervisión de la CNMV, aunque su supervisor de solvencia sea el BdeE.

La nueva autoridad es de carácter transversal, al tener competencias en todas las ramas de la actividad financiera. Como una medida de economía administrativa, la nueva autoridad absorberá los actuales servicios de reclamaciones de las tres entidades supervisoras existentes, cuyas resoluciones no son vinculantes. Puede pensarse que sigue la tendencia actual llamada de “twin peaks”, que afirma que lo mejor es que haya dos supervisores de carácter transversal, uno de solvencia y otro de conducta, con independencia del tipo de entidad y de la rama de actividad. Se considera más eficaz y con menos conflictos de intereses.

El problema es que la nueva entidad va a tener que convivir con los tres supervisores existentes, que mantendrán sus competencias tanto de solvencia como de conducta

Pongamos el ejemplo del tremendo caso de las participaciones preferentes de las antiguas cajas de ahorro. Con la entrada en vigor de las normas de solvencia Basilea II en el otoño de 2007, de la noche a la mañana casi todas las entidades de crédito se encontraron faltas de recursos propios. Como las cajas de ahorro no podían ir al mercado con ampliaciones de capital, acudieron al recurso de las participaciones preferentes, vendiéndolas entre sus clientes minoristas, en su mayor parte sin experiencia financiera y con una información muy deficiente del producto. La prioridad del supervisor de solvencia era que se cubriese cuanto antes el déficit de capital. La buena o mala comercialización de un producto era secundario.

El problema es que la nueva entidad va a tener que convivir con los tres supervisores existentes, que mantendrán sus competencias tanto de solvencia como de conducta, pero perdiendo sus servicios de reclamaciones, que deberían ser una guía importante en la supervisión de conducta. Efectivamente, del análisis de las reclamaciones de los clientes se pueden detectar indicios de malas prácticas que provoquen una actuación supervisora que acabe en sanción, lo que no ocurre con la nueva autoridad, que resuelve conflictos pero no sanciona.

Las entidades financieras se van a encontrar con dos supervisores de conducta, con el coste que ello supone y con posibles disparidades en lo que consideren malas prácticas. Si lo que se pretende es contar con un mecanismo rápido y eficaz de solución de conflictos, bastaría con reforzar los servicios de reclamaciones existentes, dotando a sus resoluciones de carácter vinculante. Entonces, ¿por qué se crea esta nueva Autoridad, que es un verdadero pegote en nuestro esquema supervisor? La respuesta puede estar en el mal recuerdo de las preferentes y de la salida a Bolsa de Bankia y la búsqueda de culpables.

Juan Manuel Santos-Suárez, ex presidente de la CNMV.