En 2007 Marruecos presentó ante las Naciones Unidas una propuesta de autonomía del Sáhara Occidental. Dicha propuesta fue amparada por el gobierno de Donald J. Trump afirmando que era la propuesta más “seria, creíble y realista para la solución del diferendo”.  Esta propuesta ha sido respaldada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez el 14 de marzo de 2022.

Analizaremos la misma desde la perspectiva histórica del conflicto que enfrentó a  las colonias de Etiopía y Eritrea. 

Eritrea fue colonizada en 1885 por Italia fundando la colonia de Eritrea tras el tratado de Wichale que firmó con el Reino de Etiopía. Tras la Segunda Guerra Mundial, el territorio de Eritrea pasó a formar parte de la administración del Reino Unido. Durante este período, el Partido Unionista de Eritrea pretendía la unión incondicional de su país con Etiopía. Por su parte, la Liga Musulmana de Eritrea pedía la independencia del país. 

Ante la falta de un acuerdo, la cuestión fue sometida a consideración en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo previsto en el Tratado de Paz con Italia. La Comisión de las Naciones Unidas, establecida para “examinar la cuestión” y eventualmente presentar proposiciones para la solución de la controversia, tomó  en consideración los siguientes factores:

1- Los derechos y las reclamaciones de Etiopía, basados en razones geográficas, históricas, étnicas y económicas;

2- La necesidad de encontrar una solución de transacción, aceptable entre las soluciones propugnadas por la población, que iban desde la independencia hasta la unión con Etiopía.

Con base en dichas consideraciones, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 390 A que recomendó que:

“1. Eritrea constituirá una unidad autónoma federada con Etiopía bajo la soberanía de la Corona Etíope.” 

La Constitución de Etiopía, aprobada en 1952 recogió dicha resolución estableciendo en su artículo 3º que: “Eritrea constituye una unidad autónoma federada con Etiopía bajo la soberanía de la Corona etíope”. 

Es un hecho evidente que los estados autoritarios centralizados rara vez han respetado la autonomía de las jurisdicciones regionales, lo que ha llevado en la mayoría de los casos a conflictos violentos. 

Los estados autoritarios centralizados rara vez han respetado la autonomía de las jurisdicciones regionales

A pesar de todos los esfuerzos realizados, en 1961 el emperador de Etiopía, Haile Selassie,  revocó el estatus de autonomía de Eritrea siendo degradada a una provincia dentro del Imperio de Etiopía.

La resistencia eritrea encabezada por el Frente de Liberación, actuó entonces contra Etiopía, sucediéndose diversos conflictos que dieron lugar a una guerra abierta en 1983. La República Democrática Popular de Etiopía establecida tras el derrocamiento del emperador Haile Selassie con la revolución de 1974, volvió a declarar a Eritrea en 1987 como región autónoma. 

En 1993, tras tres décadas de guerra de liberación nacional y fruto de las conversaciones de paz celebradas en Washington, el nuevo gobierno de transición en Etiopía reconoció el derecho de los eritreos a celebrar un referéndum sobre la independencia que se celebró en abril. El pueblo eritreo votó casi por unanimidad a favor de la independencia; el 99,83% del electorado dio el sí -1,100.260 eritreos de un total de 1,102.410-  reconociéndose la misma y admitiendo el 28 de mayo de 1993 las Naciones Unidas a Eritrea como miembro oficial.

Si algo nos enseña la historia es que está condenada a repetirse. El 11 de abril de 2007 Marruecos presentó en Naciones Unidas una propuesta de solución bajo el lema “Iniciativa marroquí para negociar un estatuto de autonomía para la región del Sáhara”.  Dicha propuesta parte de la premisa, aceptada exclusivamente por Marruecos y en ningún caso por Naciones Unidas, de que el Sáhara Occidental forma parte ya de Marruecos y está sometido a su soberanía. En concreto, en el punto 2 de la “iniciativa” se afirma que “Marruecos se compromete a someter a una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sáhara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional”. 

Esta propuesta  supone el establecimiento de un estatuto de  autonomía para el Sáhara bajo la soberanía de la monarquía marroquí. Hay que dejar claro que dicha propuesta de Marruecos no ha transcendido de ser una mera propuesta teórica, puesto que la misma, ni ha sido aceptada por el Frente Polisario, ni ha sido aceptada por el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Esta propuesta ha sido considerada por los partidarios de la misma como la más “seria, creíble y realista para una solución justa y duradera al diferendo”.  A dicha propuesta se sumó el gobierno norteamericano de Donald J. Trump en su declaración presidencial de 4 de diciembre de 2020 y más recientemente, el gobierno socialista de Pedro Sánchez en la misiva enviada por el presidente al rey de Marruecos, Mohamed VI, el 14 de marzo de 2022, defendida posteriormente en comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Analicemos la solución propuesta por Marruecos teniendo en cuenta que parte de postulados equivocados e incompatibles con el derecho internacional como son la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, algo que no ha sido en ningún momento reconocido internacionalmente.

Cabe plantearse si dicha solución al conflicto es, en primer lugar, jurídicamente aceptable determinando si contraviene o no el derecho internacional.

Si observamos la Resolución 390 A adoptada por la ONU para resolver el conflicto de Etiopía-Eritrea, la Comisión consideró como presupuesto fáctico necesario para recomendar la autonomía de Eritrea bajo la soberanía de la Corona etíope, la existencia de previos “derechos y reclamaciones de Etiopía sobre la base de razones geográficas, históricas, étnicas y económicas respecto al territorio de Eritrea”. La existencia de esas razones, que sí existían entre Etiopía y Eritrea, motivó que Naciones Unidas recomendara ese estatuto de autonomía. 

Trasladando estos criterios al conflicto que nos interesa, este presupuesto fáctico no existe en la situación del Sáhara occidental respecto a las pretensiones de Marruecos, y no existe porque ya el 16 de octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  de La Haya emitió un dictamen manifestando que el territorio del Sáhara no era terra nullius cuando llegaron los españoles y, por lo tanto, la población autóctona era el sujeto a tener en cuenta,  y que las reclamaciones  históricas de Marruecos y de Mauritania, no eran base para reclamar la soberanía del territorio y no podían sustituir  el derecho a la autodeterminación  de la población autóctona del territorio.

La inexistencia de esos vínculos históricos, de esa base fáctica necesaria, conlleva que la solución de autonomía recomendada para resolver el conflicto de Etiopía y Eritrea, no pueda ser asumida por la ONU en el contexto del conflicto saharaui sin contravenir con ello el derecho internacional. 

Y es que la carencia de ese presupuesto fáctico determina que la propuesta marroquí no sólo no sea válida, sino injusta desde el punto de vista del derecho internacional por ser contraria a su ordenamiento, deslegitimándose totalmente, en consecuencia, la ocupación marroquí efectuada de los territorios saharauis que en síntesis se trata de una invasión de un territorio no autónomo en proceso de descolonización.

La propuesta marroquí no sólo es injusta por contravenir el derecho internacional, y estéril en cuanto no logrará los fines pretendidos, es ilógica desde un punto de vista racional

La propuesta además contraviene más de treinta resoluciones de Naciones Unidas dictadas desde 1965 que reafirman el derecho inalienable del pueblo del Sáhara a la libre determinación y en las que se exige desde 1979 la retirada de la ocupación marroquí.

Pero además de ser una propuesta contraria al derecho internacional, y por tanto, injusta, tampoco obedece a los fines pretendidos de solución “justa y duradera” del diferendo, y no lo hace, ni lo hará, porque la historia misma de Eritrea nos demuestra que el establecimiento de un régimen de autonomía bajo la soberanía de otro estado, centralista y autoritario, está condenado al fracaso. Después del régimen de autonomía constituido y tras más de treinta años de conflicto bélico, al final la solución viable fue la celebración de un referéndum de autodeterminación que otorgó al pueblo eritreo la justicia histórica que merecía.

Pero, a su vez, la propuesta marroquí no sólo es injusta por contravenir el derecho internacional, y estéril en cuanto no logrará los fines pretendidos, es ilógica desde un punto de vista racional puesto que no resuelve ni resolverá el conflicto por un razonamiento obvio y evidente, por el simple hecho de que ningún pueblo que haya sido sometido a abusos, torturas, violaciones de derechos e incluso genocidio, va a aceptar someterse a la soberanía de sus propios opresores.  

Efectuado este análisis, cabe también plantearse seriamente si, ¿puede realmente mantenerse la autonomía del Sáhara bajo la soberanía de Marruecos tras las violaciones de derechos humanos sufridas por Sultana Khaya, Brahim Dahane y Aminatou Haidar, entre muchos otros?  Y, ¿hasta qué punto será dicha propuesta aceptada por los presos saharauis condenados en las cárceles marroquíes a cadena perpetua? Nos hemos planteado seriamente si podrían seguir viviendo en paz sabiendo que estarían sometidos a la soberanía de sus opresores.  ¿Hasta qué punto aceptará el Frente Polisario otra solución que no sea el referéndum de autodeterminación o la misma voluntad de su pueblo soberano? ¿Podremos también contravenir su voluntad?

Con todo ello, la única solución “seria, creíble y realista” y que garantice una solución “justa y duradera” al conflicto no puede ser otra que la vía de la autodeterminación, la celebración de un referéndum para el que los saharauis llevan más de cincuenta años preparándose y sería la única solución que haría definitivamente justicia histórica con su pueblo. 

Cualquier otra solución que no respete el derecho internacional no sólo contraviene el mismo, es internacionalmente condenable, históricamente injusta, racionalmente incomprensible e ilógica y priva a un pueblo entero de su voluntad soberana.  

Óscar Presa González (Madrid, 1977) es fiscal decano de Torrevieja (Alicante). Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Está especializado en cooperación penal internacional y en criminalidad organizada.