A principios de junio la comisaria de Interior de la Unión Europea, la sueca Ylva Johansson, durante una rueda de prensa en la que presentó su Plan de acción para las rutas del Mediterráneo occidental y el Atlántico; alabó la gestión de Marruecos en lo relativo a la inmigración, calificándole de “socio clave” con un “compromiso constructivo” y asegurando que “es un socio muy importante para gestionar juntos la inmigración”.
Escuchándola referirse a Marruecos en estos términos, la primera impresión que uno tiene es que Johansson ha sufrido un súbito acceso de amnesia, o ha sido objeto de un hechizo que la ha transportado a una realidad paralela.
Sra. Johansson, el socio al que usted califica de “clave” y “con un compromiso constructivo”, es el mismo que ha propiciado –y permitido– la entrada ilegal, en condiciones suicidas, de más de 9000 personas (niños, mujeres, jóvenes e incluso familias enteras con bebés) en plena madrugada, hace dos años, por la frontera meridional (Ceuta y Melilla) de Europa.
Es el mismo “socio” que, hace ahora justo un año, estuvo detrás de la masacre de subsaharianos ocurrida en la frontera sur (Melilla) de Europa, que se saldó con 37 fallecidos y más de 70 desaparecidos (siempre según estimaciones de terceros, ya que Marruecos no facilita ninguna información y para el Majzen el término transparencia es una palabra prohibida).
Este socio que Vd. considera destacado en la ribera mediterránea, es el mismo que obstaculiza diariamente –cuando no rechaza directamente– el retorno de sus propios ciudadanos, después de ser rescatados (de una muerte segura) en las costas españolas –ser atendidos a pie de playa por los servicios correspondientes– y de formalizarse su repatriación en condiciones dignas; colaborando de forma indirecta con las mafias que trafican con la vida de las personas.
El “socio clave” al que alude, fue condenado el 19 de enero de este año, por el Parlamento Europeo por la violación de derechos humanos y sancionado, además, por fomentar una trama de corrupción (Marocgate) en el seno de las instituciones europeas.
El socio comprometido del que habla, Sra. Johansson, es el mismo al que la comisión de investigación europea sobre el caso Pegasus, apuntó el pasado 8 de mayo, como “posible” responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del gobierno Pedro Sánchez y a los de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
La línea que separa la cortesía política de la incoherencia política es muy delgada
Podemos entender que un alto representante de la UE como Vd, debe hacer gala de la cortesía política; pero, como Vd. sabe (damos por hecho que es así), la línea que separa la cortesía política de la incoherencia política es muy delgada; y un político que se respete a sí mismo, no debe incurrir en esto último, ya que corre el riesgo de caer en el descrédito, no solo él, sino también la institución a la que representa.
Pero si le consuela, Sra. Johansson, debo decirle que Vd. no es la primera que incurre en esto. Muchos de sus colegas europeos –especialmente los socialista españoles– cuando se trata de las relaciones con el Majzen, han pasado por ello.
Es más, ocurre tan a menudo que, prácticamente, ya no es noticia. Es un secreto a voces, desde hace mucho, que Marruecos tiene en jaque –primeramente a España y por extensión– a toda la UE.
¿Cómo es posible que un país (gobernado por una anacrónica monarquía feudal) empantanado en severas crisis sociales, políticas y económicas (que se remontan al período de los años de plomo, allá por los años sesenta) que le ha sido imposible superar; tenga en vilo a toda la UE? Máxime, cuando dichas crisis, actualmente, van aparejadas a un vacío de poder, ya que el dictador M6 (la M es de mezquino, dado que es un verdadero sacrilegio llamar Mohamed a semejante sujeto) se ha desentendido por completo de los asuntos de Palacio, y se ha tomado unas vacaciones eternas, en las que su único pasatiempo es derrochar, con opulencia y a manos llenas, la inmensa fortuna que amasó a costa de su sufrido pueblo (que vive, sin ilusión ni esperanza, en extremos de pobreza que rozan la indigencia generalizada).
La respuesta que se suele dar a esta pregunta, o más bien el pretexto que se suele alegar en España –y en Europa en general– para justificar esta subyugación (la llamo así porque eso es lo que es) al régimen alauí, es que “es un vecino con el que hay que llevarse bien para poder controlar la inmigración, el narcotráfico y el terrorismo”.
Dicen que es un vecino con el que hay que llevarse bien para poder controlar la inmigración, el narcotráfico y el terrorismo
Los que así responden, saben perfectamente que esto es únicamente un pretexto para solapar su incompetencia y su falta de resolución para afrontar una situación que se ha tornado insostenible; destinado a desinformar y a desviar la atención de la opinión pública de la realidad. Además, tienen la mala fortuna de que el Majzén es tan torpe y fanfarrón, que él mismo –henchido de soberbia y vanidad– los delata, retándoles y provocándoles abiertamente, un día sí y otro también.
Para confirmar este razonamiento, vamos a desmontar, uno a uno, los supuestos argumentos que se aducen como pretexto:
1.- Los flujos migratorios son fenómenos sociales naturales inherentes al ser humano. Al igual que no se puede (y no se debe) erradicar ni parar la migración animal, tampoco se puede erradicar ni frenar la migración humana.
Partiendo de esta premisa fundamental, lo que pueden (y deben) hacer los países serios (y Marruecos no lo es) es diseñar una normativa específica, vinculante, para regular los flujos migratorios, que contemple los derechos y las obligaciones de todos.
La normativa (hasta dónde sabemos) existe. Que sea mejorable, puede ser (todo en esta vida es mejorable), pero existir, existe. Y los convenios internacionales para su aplicación, también.
¿Dónde reside el problema? El problema está en que Marruecos, en vez de actuar como un país serio y unirse al esfuerzo común para regular los flujos migratorios; hace caso omiso de la normativa vigente y de los convenios internacionales (vinculantes), y actúa como un matón engreído de los bajos fondos, que exige el pago de un tributo a cambio de proporcionar protección. O sea, sin ningún pudor, utiliza la emigración, para coaccionar a Europa, y enriquecerse. Solo cuando el Majzen recibe cientos de millones de euros, la presión migratoria procedente de sus dominios, disminuye. Y lo más llamativo es que, después de pagar el tributo, los políticos europeos se congratulan y celebran “el descenso de la presión migratoria”, reconociendo, explícitamente, que han sucumbido al chantaje y han tenido que pagar al matón arrogante de los bajos fondos para que les dé un respiro. Para Marruecos, la inmigración es –fría y simplemente– un filón que hay que explotar al máximo, mientras haya oportunidad de hacerlo. Un “negocio” más, que aporta pingües beneficios y en el que, además, el coste de inversión es cero.
Y esto no es todo. Lo peor es que, para llevar a cabo este siniestro “negocio”, el Majzen ha montado todo un entramado –aparentemente rudimentario y caótico– pero eficaz y organizado, en el que participan bandas criminales, delincuentes comunes, miembros de las Fuerzas Auxiliares (los llamados “Mkhaznis”), agentes de policía, gendarmes, e incluso militares.
Una de las prácticas habituales de este perverso entramado criminal, consiste en aglutinar a miles de inmigrantes subsaharianos y hacinarlos (en condiciones inhumanas) en los bosques del norte, y en las playas y calas del Sahara Occidental; para posteriormente lanzarlos al mar, dependiendo la elección de la ruta –mediterránea o atlántica (hacia Canarias)– de los intereses del Majzen y de la coyuntura política del momento.
Pero la pregunta que nadie se hace es ¿Cómo han llegado esos miles de inmigrantes subsaharianos a Marruecos y al Sahara Occidental ocupado?
Los saharauis sí nos hacemos esa pregunta, porque sabemos que el Sahara Occidental está cercado por un muro infranqueable (sembrado de minas de todo tipo y custodiado por soldados armados) que, además, constituye una zona de guerra; y Marruecos no tiene frontera terrestre (ni marítima) con ningún país del África subsahariana.
Se da la singular circunstancia de que LARAM (Líneas Aéreas Reales Marroquíes) opera de forma regular en 16 países del África Occidental (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo); y 8 países del África Central (Angola, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo y República Democrática del Congo).
O sea, LARAM, sin que exista un volumen tal, de actividad turística (ni mercantil) que lo justifique; opera, de forma regular, vuelos a las capitales de 24 países del África Occidental y del África Central. Y, curiosamente, los miles de subsaharianos que se hacinan en los bosques del norte de Marruecos y en las playas y calas del Sahara Occidental ocupado (que, recordemos, nadie sabe cómo llegaron allí, ya que Marruecos no tiene frontera con el África subsahariana); generalmente proceden de los mismos países a los que vuela LARAM.
Es decir, el majzén utiliza la inmigración subsahariana para lucrarse, primeramente, a través de sus Líneas Aéreas Reales; y, posteriormente, para ejercer una presión sobre Europa, que no cejará hasta que ésta desembolse cientos de millones de euros.
Como hemos dicho, esto es lo que significa la inmigración para el régimen alauí: un macabro negocio, diseñado maquiavélicamente, para operar, no solo a nivel nacional (mercadeando con sus propios ciudadanos y poniendo en riesgo su vida); sino también para actuar a nivel transnacional, abarcando países del África Occidental y del África Central. Todo ello con la finalidad de lograr, por una parte, objetivos políticos y cuantiosos beneficios económicos de Europa; y por otra, para lucrarse, obscenamente, a costa del drama y la desesperación de los más necesitados.
¿Cómo afrontar esta situación? A nuestro humilde entender, simplemente haciendo lo que dicta el sentido común:
a.- Imponer el cumplimiento de la normativa vigente y los convenios internacionales (vinculantes), al Reino de Marruecos, mediante la aplicación de las correspondientes sanciones (principalmente, económicas); en vez de premiarlo cada vez que recurre a la extorsión.
b.- Cuando El Majzén se sitúa al margen de la legalidad internacional (que es lo habitual), condenarlo; en vez de alentarlo a seguir en esa senda.
2.- Con respecto al narcotráfico, uno de los estudios más completos sobre el cannabis como droga global, efectuado por investigadores de la Universidad de Granada –y patrocinado por el Centro Europeo de Monitorización de Drogas y Adicciones– reveló que, en las últimas décadas, Marruecos se ha convertido en el mayor productor y exportador mundial de resina de cáñamo o hachís; proporcionando el 70 por ciento del hachís que se consume en Europa y la mitad de la producción mundial.
Solo en las provincias del Rif, donde la exportación de hachís es el principal sostén de la economía, se calcula que más de 750.000 campesinos viven del cultivo de cáñamo.
Y, por supuesto, los aviones de LARAM que surcan los cielos del África Occidental y del África Central, no van a ir vacíos. Van cargados de hachís. Son las “aeronaves de la muerte” que se llevan a los jóvenes subsaharianos, y envenenan con hachís a los que quedan.
3.- En cuanto al terrorismo, el Majzén se lleva la palma. Esto no es de extrañar, ya que la práctica del terrorismo de Estado en Marruecos, es algo estructural y sistémico que se remonta a su mismo nacimiento como Estado.
Los saharauis –y los españoles también– por desgracia, pudimos experimentarlo en carne propia la noche del 22 de enero de 1975, cuando nos sobresaltamos por la explosión simultánea de tres bombas en diferentes lugares del Aaiún. Este acto terrorista, sería el inicio de una serie de atentados –ejecutados todos ellos por agentes bajo las órdenes directas del coronel Ahmed Dlimi– que se sucederían (en la capital) a lo largo de 1975 y que segaron la vida de numerosos civiles (entre ellos niños de corta edad) y dejaron mutilados a otros tantos.
Al año siguiente, el Majzen asesino, bombardea con napalm y fósforo blanco el campamento de UmDreiga (donde se había concentrado parte de la población civil que huía de la represión hacia la vecina Argelia). Las imágenes de mujeres y niños, diezmados por las bombas y tiznados de fósforo blanco, pudieron verse en las pantallas de los televisores de tubo, del mundo entero.
En la guerra que libra actualmente con el Ejército Popular de Liberación Saharaui, el Majzen no duda en utilizar sofisticados drones contra civiles indefensos. A pesar de que estos artefactos tienen una alta precisión, los teledirige intencionadamente, con alevosía y ensañamiento, contra personas cuyo único delito es poseer algunas cabezas de ganado en medio del desierto o tratar de ganarse la vida, a duras penas, en este medio hostil. El número de civiles (saharauis, argelinos y mauritanos) asesinados en estos ataques (por drones) sobrepasa ya el centenar.
El narcotráfico y el terrorismo son los cañones de Navarone que, desde Marruecos, apuntan a Europa
En conclusión, quien piensa que la inmigración, el narcotráfico y el terrorismo constituyen ámbitos de la cooperación Europa-Marruecos es un completo iluso. Lo que para la UE son ámbitos de cooperación, son para el Majzén misiles (siempre listos y preparados para disparar) que apuntan, permanentemente, a Europa.
El narcotráfico y el terrorismo son los cañones de Navarone que, desde Marruecos, apuntan a Europa y que –a diferencia de los de la isla de Navarone (Leros)– utilizan la inmigración como munición, son mucho más sofisticados y tienen una capacidad de destrucción masiva y global.
Los cañones de Navarone del majzén, se enmarcan dentro de una estudiada y exitosa estrategia de extorsión; que ha conseguido que la Unión Europea en su conjunto, no solo cierre los ojos ante sus crímenes de lesa humanidad y ante su atroz invasión del Sahara Occidental; sino que también ha logrado, arrastrar a las democracias europeas a la comisión de un delito (de receptación) tipificado en sus propios códigos penales; al comercializar y beneficiarse de productos provenientes del expolio de un territorio ocupado militarmente.
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