El pasado lunes el titular del juzgado central cuatro de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, hizo público un auto en el que acuerda el "archivo provisional" de la causa que investiga la denuncia por espionaje, a través del software Pegasus, al presidente del Gobierno y a tres de sus ministros (Defensa, Interior y Agricultura).

La denuncia fue presentada por la Abogacía del Estado el 2 de mayo de 2022, justo el mismo día en el que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, protagonizaron una insólita rueda de prensa en la que informaron de que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles (en su comparecencia no mencionaron ni a Grande Marlaska ni a Planas) habían sido pinchados "de forma ilícita" y "desde el exterior".

Ningún gobierno europeo (tanto el presidente francés, Enmanuel Macron, como la canciller alemana, Angela Merkel, fueron víctimas con anterioridad de ataques similares en sus teléfonos móviles) había cometido antes la temeridad de reconocer públicamente un agujero de tal calibre en la seguridad de sus comunicaciones como lo hicieron los dos ministros antes mencionados. El propio Bolaños anunció en su comparecencia que los hechos eran tan graves que el asunto sería puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional. Y así se hizo.

La causa del archivo provisional de la investigación, según explica el juez en su auto, es la "frustración de la investigación derivada del incumplimiento de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel", y que tenían como fin, entre otras cosas, saber a quién había vendido la empresa NSO Group (con sede en Herzliya, cerca de Tel Aviv) el software Pagasus, con el que se espió al presidente y a sus tres ministros.

A pesar de existir un acuerdo de cooperación en materia de delincuencia con el Gobierno de Israel, nadie ha movido un dedo para ayudar a la investigación en España. A la pasividad israelí hay que sumar otra aún mas sospechosa. Porque tampoco el Gobierno de España ha hecho nada para que las autoridades israelíes ayuden a la Justicia española. De hecho, el juez Calama se permite en su auto recordar lo siguiente: "Sólo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo objetivo corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de la investigación".

La conexión entre el espionaje con Pegasus a políticos y periodistas en Francia con el hackeo a dos ministros españoles permite reabrir el caso. Dado que el Gobierno quiere echar tierra sobre un asunto que puso en jaque la seguridad del Estado, el juez debería apoyarse en esa conexión para reabrir la causa

En efecto, llama la atención que el Gobierno, que debería ser el más interesado en conocer quién le espió, no haya hecho nada para auxiliar a la Justicia por la vía diplomática. Otra prueba que demuestra que el Gobierno español en lo que de verdad está interesado es en echar tierra sobre el asunto es que la Abogacía del Estado ha dejado pasar el plazo para el recurso de reforma con el fin de evitar el archivo de la causa y está a punto de hacer lo propio en el caso del recurso de apelación (el plazo vence el próximo lunes).

Los partidos políticos, enfrascados en la campaña electoral, no han prestado atención a esta decisión judicial. Ni siquiera ERC, que puso el grito en el cielo cuando The New Yorker publicó el 18 de abril de 2022 que 60 dirigentes independentistas -entre ellos Pere Aragonés- habían sido espiados por el CNI utilizando el software Pegasus, ha levantado la voz.

Pero la pasividad del Gobierno ante el cierre de la investigación no aminora la gravedad de unos hechos, que, según afirmación del juez Calama, pusieron "en jaque la seguridad del Estado".

A día de hoy no sabemos qué documentos, datos, conversaciones, fotografías, etc. fueron robados del teléfono del presidente del Gobierno (cuyo móvil fue atacado en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021), ni tampoco qué información fue sustraída de los móviles de sus ministros.

Con el tiempo se ha podido comprobar con nitidez que la rueda de prensa y la denuncia ante la Audiencia Nacional no fueron más que una cortina de humo para recomponer las relaciones con ERC, rotas a partir de la publicación del espionaje del CNI a sus dirigentes.

Los líderes independentistas pidieron que rodaran cabezas por esos pinchazos, que el propio CNI redujo a 18 casos que fueron autorizados expresamente por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, cuyo visto bueno es preceptivo para que los servicios secretos intervengan las comunicaciones telefónicas.

Como el presidente del Gobierno no quería dejar caer a Margarita Robles (de Defensa cuelga orgánicamente el CNI) como les hubiera gustado a Oriol Junqueras y a Pablo Iglesias, Sánchez se buscó una cabeza de turco: la directora del Centro, Paz Esteban. El propio presidente del Gobierno habló en el Congreso de los Diputados de "fallo" en los sistemas de seguridad al referirse a los pinchazos de su teléfono por parte de una potencia extranjera (SNO Group sólo vende el Pegasus a gobiernos). Así que, diez días después de la sorprendente rueda de prensa de Bolaños y Rodríguez, la directora del CNI fue destituida de su puesto (ya que se negó a dimitir para comerse un marrón que no era suyo). De hecho, el CNI tampoco tenía una responsabilidad directa en ese "fallo", ya que la seguridad de los móviles de los miembros del Gobierno es responsabilidad de la secretaría general de la Presidencia, que, en el momento en el que se produjeron los hackeos, ocupaba Félix Bolaños.

El caso es que catorce meses después de haberse iniciado la investigación en la Audiencia Nacional no se sabe nada sobre la autoría del hackeo y tampoco sobre la cantidad de información que se sustrajo. Otra cosa es lo que haya descubierto el CNI... pero eso está protegido por la ley de Secretos Oficiales, una norma promulgada en tiempos de Carrero Blanco.

El marco en el que se produjeron los hechos apunta a una hipótesis muy sólida. Las fechas de los hackeos coinciden con los momentos más tensos en las relaciones entre España y Marruecos. La anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que fue destituida en la crisis de Gobierno de julio de 2021 (ella fue quien autorizó la entrada en España en secreto del líder del Polisario Brahim Ghali para que fuera atendido de Covid), ha reconocido en privado, que tuvo intervenido su teléfono por un hacker que operaba desde Marruecos en la primavera de 2021.

La destitución de González Laya fue interpretada como una cesión ante las presiones de Marruecos. Meses después de su salida del Gobierno, en marzo de 2022, se hizo pública una carta dirigida por el presidente Sánchez al rey Mohamed VI en la que España reconocía implícitamente la soberanía del reino alauí sobre el Sahara (antigua colonia española). ¿Está relacionada esta cesión ante Marruecos con la información sustraída al presidente del Gobierno y sus ministros? No lo sabemos, pero sería gravísimo que la política exterior de España estuviera al albur del chantaje de un país extranjero.

La cuestión ahora es saber si hay que quedarse de brazos cruzados limitándonos a maldecir la falta de colaboración de Israel en un asunto que afecta a la seguridad del Estado en España. El propio juez Calama deja la puerta abierta a reabrir el procedimiento, ya que no hay cosa juzgada, "cuando desaparezcan los obstáculos" que han llevado a decretar el archivo de las actuaciones.

Pues bien, según publicó El Independiente el pasado el pasado día 11 de julio, la cuenta Pegasus que espió a los ministros Marlaska y Robles ([email protected]) también se utilizó para espiar a la activista prosaharahui Claude Mangin. Es decir, que, con el mismo software Pegasus y en fechas muy cercanas, se hackearon cuentas en España y Francia. De eso se deduce que el autor del espionaje es el mismo en ambos casos. Se da también la circunstancia de que Francia tiene abierta una investigación judicial por unos hechos que afectaron a unos 600 políticos, 180 periodistas (entre ellos el español Ignacio Cembrero), 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios.

Se trata de datos muy relevantes, que puede permitir al juez Calama reabrir la causa y pedir la colaboración de la Justicia francesa. Aunque no lo reclame la Abogacía del Estado -que ya sabemos que lo que quiere es dar carpetazo al asunto- él podría hacerlo de oficio, al conocerse una circunstancia que permite solicitar la colaboración de la Justicia francesa para esclarecer los hechos.

Si el Gobierno español no está interesado en que se sepa lo que ocurrió, los ciudadanos tenemos derecho a saberlo. Y el juez de la Audiencia Nacional, que, hasta ahora, ha actuado con suma diligencia en este caso, no debe darse por vencido.