En relación con el Acuerdo de Pesca anulado por el Tribunal General de la Unión Europea, que vuelve a ser noticia, quizá convenga recordar cómo se llegó a ese acuerdo, cómo se engañó al Parlamento Europeo para llevarle a votar una indecencia.

Tras la derrota judicial de la Unión Europea por la que no se podía incluir al Sáhara Occidental en sus acuerdos con Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui, la UE, en vez de acatar la decisión de su propio tribunal, se empeñó en buscar otras fórmulas. Tampoco se entiende muy bien ese empecinamiento puesto que había estado manteniendo que el Sáhara Occidental no formaba parte del acuerdo anterior. 

Para ello, la UE envió una comisión del Servicio Europeo de Acción Exterior a los territorios ocupados a cargo de la europarlamentaria francesa Patricia Lalonde para hacer constar las ventajas que el expolio de sus riquezas aportaría supuestamente a los saharauis -gran ironía-, cuando esta no era la cuestión. La cuestión es el consentimiento del Frente Polisario. El equipo se entrevistó con las instituciones marroquíes que operan allí, ignorando y alejando a los saharauis. 

Lalonde presentó un informe muy discutible por el enfoque y las falsedades que contenía, y propuso para su votación en el Parlamento Europeo los nuevos acuerdos de comercio y de pesca, en los que, ahora sí, se incluía expresamente al Sahara Occidental.

El Consejo había llevado a engaño a los parlamentarios avalando el acuerdo contra la jurisprudencia de la UE

En esos días, se descubrió que Lalonde era consejera de un lobby pro-marroquí, por lo que tuvo que dimitir de su cargo de ponente (no del de parlamentaria). A pesar del escándalo, el informe no se retiró, la votación se produjo sin informe previo del Tribunal de Justicia y sin siquiera poder debatirse el tema en el Parlamento porque el grupo ALDE se opuso. Varias delegaciones pidieron un informe del Consejo que evaluara la compatibilidad del nuevo Acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Consejo presentó su informe el 7.11.2018, y nunca se hizo público: “podría comprometer la capacidad de llegar a un acuerdo”. 

Cuando WSRW filtró el informe en 2020, se vio que el Consejo había llevado a engaño a los parlamentarios avalando el acuerdo, que de hecho iba contra la jurisprudencia de la UE que recoge lo establecido por el Convenio de Viena sobre los efectos de los tratados respecto de terceros y que se puede leer así: la UE y Marruecos no deben perjudicar ni beneficiar al Sahara Occidental en un acuerdo sin su consentimiento. El dictamen pretendía que la mera inclusión explícita del Sahara Occidental en el acuerdo lo convertía en un acuerdo legal. 

El dictamen alegó que se obtendrían beneficios para la población (población consistente en fuerzas de ocupación y colonos, en su mayoría; y beneficios irrelevantes desde una perspectiva legal) y tergiversó el término “consulta” -consulta a los marroquíes- como señuelo para desviar la atención de lo que realmente requería el acuerdo: el “consentimiento de los saharauis”, que no se buscó. 94 organizaciones del Sáhara Occidental y el propio Frente Polisario manifestaron por vías distintas su oposición al acuerdo.

Mala fe por parte de la Unión Europea desde el principio. En una primera etapa, porque sabía y aceptaba -aunque negó- que el Sahara Occidental entrara en el acuerdo. Después, porque a pesar del aviso de su propio tribunal, siguió burlando la ley para mantener el expolio.

No hubo castigo a semejante engaño. Todavía no se quería reconocer que hay corrupción en la Unión Europea. Ahora, empieza a admitirse con los ejemplos que todos conocemos. Habrá que inventar mecanismos o utilizar los ya existentes para evitarla. 

Cristina Martínez Benítez de Lugo es presidenta del Western Sahara Resource Watch España (WSRWE).