La situación de la Justicia es dramática y no sólo porque hayan llegado a 100 las vacantes en los puestos de responsabilidad sino porque quedan muchísimos litigios sin cubrir porque no hay jueces que se hagan cargo de ellos.
Solamente en las Audiencias Provinciales hay 25 plazas libres de presidentes de esas audiencias, pero en el Tribunal Supremo hay una merma de asuntos que no pueden ser abordados por falta precisamente de jueces. Un 28% de ausencias por falta de acuerdo de los partidos políticos en esta legislatura llevó a bloquear los nombramientos de los nuevos jueces y magistrados y así seguimos.

Es el caso de la Sala Tercera la de lo Contencioso Administrativo, que está en cuadro y que es donde se dirimen los asuntos que afectan a las decisiones de la Administración. En esa Sala falta ⅓ de sus miembros, lo cual es definitivamente escandaloso.

La idea de bloquear los nombramientos fue de Podemos cuando estaba todavía en pleno ejercicio de sus facultades como vicepresidente Pablo Iglesias pero el Gobierno se llamó a andana y no movió un dedo para deshacer este entuerto que tiene a la administración de Justicia en cuadro, con todo lo que eso supone de miles de millones de euros paralizados en los juzgados. "Sacamos entre 800 y mil sentencias menos al año", dice un togado de la Sala Tercera.

No podemos prolongar la situación sine die porque no hay país en el mundo que tenga los juzgados paralizados por decisión del Gobierno

La ley dice que los vocales en funciones sí conservarán “aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante” pero da la casualidad de que la principal función de CGPJ es precisamente la de efectuar los nombramientos de los que se ha visto privado con la reforma de septiembre de 2021. 

Una cosa que no estaba prevista era que se llegara al punto de renovar el Tribunal Constitucional y la situación siguiera bloqueada. Lo que hizo el Gobierno, apoyado por sus socios de legislatura, fue modificar la ley de manera que se abriera para el nombramiento de los magistrados del TC, de lo cual salió la presidencia para Cándido Conde Pumpido en lucha desigual con Maria Luisa Balaguer,que finalmente se decantó por apoyar a Conde Pumpido como presidente, para chasco de los próximos al PP, si es que se puede hablar en esos términos.

Esto se tiene que acabar, no podemos prolongar la situación sine die porque no hay país en el mundo que tenga los juzgados paralizados por decisión del Gobierno, y eso es lo que está ocurriendo en España ahora mismo.

No sé a qué se debe el optimismo reflejado en la crónica de Irene Dorta, parece que como la situación ya no se puede aguantar más, habrá un contacto, no sabemos cuándo, pero habrá un contacto entre el PSOE y el PP para desbloquear este estado de cosas. 

Eso sin contar con las perspectivas de mejora a la que tienen derecho, como cualquiera en este país, los magistrados que se lo merezcan, perspectivas que llevan frustrándose desde marzo de 2021, cuando el Senado aprobó la medida que había planteado en el Congreso en octubre de 2020. 

Más les vale enderezar la situación de la Justicia de acuerdo con los parámetros de la Comisión Europea y del grupo GRECO porque de otro modo seremos carne de severa sanción por parte de Europa. Como Polonia o como Hungría.