De la sesión de constitución de las Cortes del jueves saco varias conclusiones. Unas son breves y otras más complejas, pero como en cualquier sistema, todo depende de cuántas variables y cuántas ecuaciones.

Vayamos por orden y analicemos, primero, las ecuaciones de primer grado. Ayer Vox decidió votar a un candidato propio, Ignacio Gil Lázaro, en vez de seguir lo comprometido y votar a Cuca Gamarra.

Digo lo comprometido porque, a tenor de lo expresado por distintas voces de Vox, iban a ceder su apoyo al Partido Popular sin pedir nada a cambio. Luego salió Santiago Abascal a hablar de oposición a un gobierno de “destrucción nacional” pero, entiendo, que toda resistencia se acabó reduciendo a esa formulación, de igual manera que el bloque de la izquierda se blindó el mismo 23J detrás de “coalición de progreso”.

Lo de ayer me recordó, por tanto, a aquella frase del político laborista israelí Abba Eban que, en las conversaciones de paz de Ginebra de 1973, afirmó que “los árabes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad.”

A ver, que por lo demás, no es que ayer sintiera una epifanía brutal al descubrir el acuerdo al que había llegado el PSOE con Junts o, en otra formulación, Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Lo que sí fue una sorpresa, es lo barato que salió el acuerdo.

Observar las lenguas oficiales, algo lógico y que ya se da en el Senado. La ironía yace en que, por ejemplo, Gabriel Rufián, seguirá hablando en castellano, especialmente si quiere que su mensaje salga rápido y tenga tanto impacto como el actual.

Luego está lo de llevar las lenguas cooficiales a Europa, que no sé si el Ministro Albares se ha excedido de sus funciones al tramitarlo ayer mismo, porque está en funciones y mientras esto dure, no se pueden tomar decisiones legislativas.

Luego están las comisiones de investigación en el Congreso: de Pegasus y de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. Pero ya sabemos lo mucho de comisión y lo poco de investigación que tienen estas cosas. Así que, entiendo, que lo que se ha acordado es facilitar un altavoz y atención mediática, especialmente cuando el independentismo, en ambas, anda detrás de castigar al CNI.

Lo que se ha acordado es facilitar un altavoz y atención mediática, especialmente cuando el independentismo, en ambas, anda detrás de castigar al CNI

Por tanto, lo que se negoció ayer es lo barato y, en consecuencia, debemos esperar a que llegue lo caro Aquí es donde el argumento se retuerce, porque ERC y Junts pedirán para la investidura lo que han venido pidiendo hasta ahora: amnistía y consulta.

El PNV también, pero lo que el PNV logre (o haya ya logrado), irá agarrado a los faldones de una posible consulta de autodeterminación que cierre el independentismo catalán, porque la amnistía no les aplica a los vascos, al menos no la referida a un conato de secesión.

¿Qué consulta y amnistía son ilegales? Bueno, voy a arriesgar un poco y afirmaré aquí que cualquier ley es arbitraria: cómo se define un delito y la pena que le va asociada no es ciencia y, por tanto, una cuestión evaluada y decidida.

Un ejemplo de esta arbitrariedad puede ser cualquier impuesto, que son leyes y que muchos aprovechan cualquier consumo o actividad garantizada de empresas y particulares para recaudar. ¿El límite? Lo que se decida qué es y qué no es “afán recaudatorio”.

¿Que quieres ser empresario? Impuesto. ¿Que hay consumo de electricidad? Impuesto. ¿Gas? Impuesto. ¿Gasolina? Impuesto y, si hay impuesto por la gasolina, habrá impuesto por comprar un coche y por circular con él.

Así que las vueltas a buscar a la Constitución para que haya una amnistía o una consulta serían, simplemente, una cuestión de tiempo, pero pueden acabar siendo legales, porque en alguna de las vueltas encontrarán una forma de justificar que tiene encaje en la Constitución, aunque luego se recurra y se gane el recurso.

Pero lo que me llama la atención es el otro lado de esta moneda: hay ciertas cosas que deberían hacerse (o evitarse) sin necesidad de ser ley, especialmente si están en manos de un gobierno. Se deben hacer o evitar por, simplemente, honrar y proteger a la institución: así no debería estar regulado el Debate sobre el Estado de la Nación, pero hacerse al menos una vez al año.

Igual que impedir que los Presupuestos se prorroguen: cada nuevo año requiere un plan de gasto adecuado y garantizarlo debe estar entre las 5 primeras de cualquier Gobierno.

Luego está negociar con nadie que haya amenazado al Estado, estando fugado y pendiente de juicio y, menos, negociar cuestiones de gobernabilidad.

Que haya que hacer leyes para, por ejemplo, estas tres cosas, no reforzaría nada una democracia. Ahora, no cumplirlas la debilita.