La foto de esta semana de la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, con los prófugos de la justicia Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento Europeo es como mínimo una imagen impactante. Y para muchos indignante y vergonzosa. 

En el mismo Parlamento en el que los eurodiputados españoles hemos trabajado para eliminar la inmunidad de los prófugos, una posición respaldada por la mayoría de la Cámara (también por los eurodiputados socialistas españoles); en las mismas instituciones de la UE en las que la justicia y la diplomacia españolas han tenido que defender nuestra democracia y el Estado de derecho de las mentiras y propaganda del independentismo, negando la doble mentira que atribuía a España el papel de estado opresor con presos políticos y pidiendo la colaboración de los socios europeos para conseguir que los fugados de la justicia fueran puestos a disposición de los tribunales, la vicepresidenta del gobierno de España se sentó a negociar. 

A negociar impunidad a cambio de votos. Todos nuestros esfuerzos pisoteados, con desfachatez y risas ante las cámaras. 

Impunidad para él, sus cómplices y colaboradores es lo que realmente exige Puigdemont cuando habla de amnistía. Algo que es imposible en nuestra Constitución, como saben todos los que miran para otro lado o se pierden en respuestas obscenamente vagas; imposible, porque España no es un Estado opresor, ni sus jueces y fuerzas de orden público son colaboradores de la represión. 

Lo que se exige, y parece que el gobierno de España está dispuesto a dar, es sencillamente la legalización encubierta de graves delitos penados y perseguidos en todas las democracias europeas para que, rompiendo el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, determinados individuos sean exculpados de esos delitos a cambio de lo que aporten –siete votos-- para que algunos sigan en el poder. 

No hace falta que nos coloquen ante retorcidos debates jurídicos constitucionales al respecto, como a los que ahora apelan todos los ministros socialistas, incluidos, asombrosamente, los de formación jurídica y los que –empezando por el presidente del Gobierno en funciones—negaban no hace mucho la viabilidad de lo que ahora buscan perpetrar. 

La pretendida amnistía no es posible porque situaría a nuestras instituciones democráticas como represoras y autocráticas"

Lo que necesitamos es una respuesta política clara a la extorsión de Puigdemont y los suyos. La pretendida amnistía no es posible porque situaría a nuestras instituciones democráticas como represoras y autocráticas, y a los golpistas evadidos de la justicia como demócratas y víctimas de la opresión. Ese es el tamaño del dislate.  Por todo ello, estamos ante un momento crítico en nuestra democracia reciente.

Podemos reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto. Pero lo cierto es que en los últimos quince años la polarización no ha hecho más que aumentar, lo que ha alimentado la aparición de partidos populistas y extremistas que no han necesitado ganar elecciones para transformar la realidad política. Acoplándose conforme a sus intereses a los partidos constitucionalistas --como el PP y el PSOE-- han conseguido su objetivo. El frentismo que hoy vivimos responde perfectamente a esta política de bloques. 

En buena parte por ello, en las últimas elecciones el objetivo de los constitucionalistas era acabar con el contrario. Ambos bloques se definen como modelos incompatibles, y por tanto no se persigue tanto ganar como extinguir al adversario. No se ven como contendientes, sino como amenazas mutuas para sus proyectos políticos. La creciente intolerancia recíproca nos ha llevado a esto.

El gobierno y sus socios consideran que cualquier pacto con el PP es abrir la puerta al fascismo: el no pasarán que coreaban sus fieles la noche electoral. Y el PP ha hecho suyo el modelo excluyente de la extrema derecha con su idea de derogación del sanchismo, que solo se comprende como una derogación de régimen, incompatible con un sistema democrático. 

Pues bien, el resultado de las urnas no ha dado suficientes votos a ninguno de los bloques para derrotarse mutuamente. Esta es la realidad y a ella deben hacer frente el PSOE y el PP, abandonando la política de bloques y excluyendo a los extremos que los conforman. 

Es inaceptable que el PP pretenda hacer depender la gobernabilidad de la ultraderecha, y es inaceptable que el PSOE busque un 'posible gobierno imposible' con quien quiere transformar el procés catalán en el procés español"

La democracia liberal se basa en que las normas fundamentales que la sustentan se mantienen por encima de las diferencias ideológicas de los partidos políticos en contienda. Por ello, es inaceptable que el PP pretenda hacer depender la gobernabilidad de la ultraderecha de Vox, y es inaceptable que el PSOE busque un posible gobierno imposible con quien quiere utilizar esta legislatura para transformar el procés catalán en el procés español, con el único objetivo de terminar con España como Nación. Es el momento del entendimiento, del diálogo y los pactos del constitucionalismo político y la coherencia democrática. Si el PSOE y el PP (que suman millones de votos) no encuentran una vía para gobernar, Pedro Sánchez debe convocar elecciones de nuevo. Cualquier otro camino solo nos llevará al deterioro y la deslegitimación de las instituciones que sustentan nuestro Estado democrático y de derecho. 

Puigdemont se fugó de España en el maletero de un coche. Su objetivo era entonces el mismo que ahora: hostigar, sabotear la democracia española. Si sus planes salen adelante por irresponsabilidad y falta de escrúpulos de partidos constitucionalistas, si la disolución que persiguen él y los que son como él da pasos hacia la ruptura y el enfrentamiento, será nuestra democracia jibarizada y deslegitimada la que cabrá en el mismo maletero en el que huyó Puigdemont.  

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos